Ya no es un asunto de percepción o de investigaciones sólidas pero aisladas de periodistas y de activistas. No. Ya hay denuncias penales y órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos de mediano y primer nivel del gobierno de Mario López Valdez.
Malova, acrónimo con el que se le conoce, es un político y empresario ferretero de origen priista que al no recibir de su partido la candidatura al gobierno de Sinaloa encabezó una alianza opositora junto con el PAN y el PRD bajo la promesa de generar un cambio en el estado. Algo similar sucedió en Puebla, con Rafael Moreno Valle, y en Oaxaca, con Gabino Cué.
La propuesta electoral de Malova fue exitosa: le ganó al priista y empresario de la carne Jesús Vizcarra Calderón. Fue la primera y hasta ahora única ocasión que el PRI ha perdido la gubernatura sinaloense, ya recuperada por el político y empresario hotelero Quirino Ordaz Coppel.
El ex gobernador de Sinaloa es un político carismático. Durante su campaña y su gobierno se le vio bailando en escuelas, conduciendo una motocicleta, regalando pollos o enmascarado sobre un cuadrilátero de lucha libre. Pero mientras su fiesta sucedía, en el gobierno se asentaba un desaseo administrativo sin precedente y generalizado que ahora ha provocado que el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; un subsecretario de Turismo, dos ex directores, un ex secretario técnico y un jefe de departamento tengan órdenes de aprehensión. Además se vino una cascada de amparos, entre los que se encuentran el del ex secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, y el ex secretario de Finanzas, Armando Villarreal, ambos previamente inhabilitados.
Todavía es muy rápido para conocer qué sucederá con estos servidores públicos acusados; por lo pronto, es positivo saber que buena parte de los expedientes se basen en información y denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa –una figura que en México necesita ser fortalecida– y por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa.
Entre las acusaciones destacan desvío de recursos, contabilidad no veraz, pago a proveedores sin el debido soporte documental, opacidad en la aplicación del recurso federalizado, pago a “aviadores”, pago a empresas fachada e indebidos procesos de adjudicación de obras.
Aún hay un par de dudas que se resolverán en unas cuantas semanas. La primera es conocer si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para sostener sus acusaciones contra el primer círculo del ex gobernador Mario López Valdez; la segunda es si encontrarán elementos para acusar a Malova de alguna irregularidad, como sí ha pasado en Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León y Sonora, por mencionar algunos.
Lo verdaderamente importante no es que haya personas tras las rejas sino que se desarticulen los sistemas de corrupción que le han generado hoyos al erario, que se repare el daño causado y que se corrija el proceso para que no se repita.