La violencia no cesa en nuestro país, y aunque la tendencia de hechos violentos es a la baja, la angustia y la desesperanza crecen. El reporte oficial presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 19 de octubre del 2019 dice que en el corte del mes de septiembre del año pasado se habían registrado 142 casos de muertes violentas menos que en los primeros nueve meses del 2018, lo que representa el 4.79 por ciento a la baja. Eso quiere decir que hubo un promedio de casi 95 muertes diarias, nada para alegrarnos.
La Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad que recorrió desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México el domingo antepasado, aunque fue bien vista por muchos mexicanos, sufrió la agresión de quienes al más viejo estilo priísta pensaron en favorecer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero, al revés de su propósito, su acción volvió a poner el tema de la violencia en el centro del debate, cuestionando la eficacia de su estrategia.
Es verdad que los propios dirigentes de esta organización, el poeta Javier Sicilia y el menonita Julián LeBarón, discrepan entre ellos en la interpretación de la realidad, y carecen de un planteamiento claro para contener y resolver la violencia, pero su preocupación es legítima porque expresa el sentimiento de angustia y desesperanza de tantos mexicanos que han sido víctimas directas de ese mal sin ver la justicia.
Muchos ciudadanos que apoyan la estrategia del gobierno, sustentada en la idea de cambiar las condiciones que provocan el ambiente en el que se asienta la actuación de las organizaciones criminales, miran con preocupación que el tiempo pasa y la realidad no cambia y que, al contrario, parece recrudecerse hasta al grado de la desesperación, como lo expresan los líderes de la CRAC-PF de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, en la región Centro del estado de Guerrero, quienes han dado la nota con la presentación de niños nahuas armados que dicen “están siendo preparados para su autodefensa”.
Los dirigentes de esa organización armada, regida bajo los principios de usos y costumbres, aunque no lo dicen, recurrieron a esa medida para llamar la atención de esas autoridades que se mostraron solícitas con los familiares de los menonitas asesinados en el estado de Chihuahua, pero poca atención han dispensado al caso de los músicos emboscados y asesinados de manera sanguinaria en la carretera hacia el poblado de Alcozacán el 17 de enero.
Al respecto ha sido interesante escuchar la opinión de Julián LeBarón, quien secundado por las organizaciones sociales que defienden los derechos infantiles, sostiene que es criminal y hasta traiciona a Dios armar a los niños, porque se evade la responsabilidad de los padres que deben ponerse al frente del problema.
En el programa televisivo de Leo Zuckermann, Es la hora de Opinar, del 28 de enero, los activistas por la Paz, la Justicia y la Verdad, sostienen en contra de la estrategia presidencial que recurrir al Ejército como última instancia para combatir al crimen organizado poniendo un soldado en cada esquina corre el riesgo de llevar al pueblo a perder la libertad, por eso en su lugar proponen lo que llaman una justicia transicional que consiste en ir limpiando y recuperando el territorio con la participación ciudadana en una acción cívica que vaya más allá de la democracia representativa que se termina en el voto, para arribar a la democracia participativa, que no deje solo en manos de las autoridades las decisiones y acciones emprendidas contra la delincuencia.

El Estado capturado por la delincuencia

El poeta Javier Sicilia sostiene que el Estado está capturado por el crimen organizado, que domina y dirige a las instituciones, que sus organizaciones son las que mandan, poniendo como ejemplo de su dicho el caso del ex secretario calderonista, Genaro García Luna quien teniendo el encargo de la seguridad, servía al Cártel de Sinaloa.
Eso mismo sostiene Julián LeBarón sobre el poder de los criminales, quien narró que el mismo director de Seguridad Pública en el ayuntamiento de Janos, Chihuahua, tenía que ver con la muerte de sus familiares, y llamó la atención sobre la impunidad para los asesinos que en México nunca reciben castigo. Por eso sostiene la necesidad de crear una fuerza nueva de los mexicanos capaz de hacer luz para ver lo que sucede con la justicia.
Su compañero de entrevista Lenzo Widmar puso el ejemplo del viejo Oeste donde los asesinos eran colgados por la comunidad como castigo por lo que hacían, y aunque no deseó esa situación para la sociedad mexicana, llamó la atención sobre el caso, proponiendo exigir que las autoridades castiguen verdaderamente a los delincuentes, y dijo en tono de broma que a lo mejor lo que se necesita es privatizar la seguridad, a lo cual Leo Zuckermann le respondió que eso ya sucede, que quienes pueden, pagan por su seguridad en este país.
Lo anterior me recordó el artículo de Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño, ahora convertido en asesor del gobierno colombiano quien escribió en la revista Nexos en agosto pasado un ensayo titulado Los muros del Triángulo Norte, que es el nombre con el que se refiere a los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, dentro de los cuales, como en nuestro país, se han levantado muros para las élites que hacen negocios con la pobreza de sus paisanos gracias a que pueden pagar su propia seguridad, y da unos datos reveladores sobre esa situación. Dice que en Guatemala la seguridad privada es seis veces más grande que la del Estado, en Honduras cinco veces y en El Salvador está en paridad.
También revela que en aquella región donde está el origen de las migraciones masivas que pasan por nuestro país, la desigualdad social se mantiene y el crimen organizado que se ha hecho del control territorial mediante la extorsión y los asesinatos, también es beneficiario de las remesas que llegan de Estados Unidos, las cuales a pesar de ser cuantiosas y de ir a la alza, no impactan en el crecimiento económico porque están en manos de los criminales quienes las trasladan a paraísos fiscales.
Situación que me hace pensar en el caso mexicano donde aparte de las remesas que siguen creciendo, ahora están llegando a los pueblos los recursos públicos que reparte el gobierno federal, lo que hará más apetecible el control territorial que ya ejerce el crimen organizado.
En el noticiero de Denis Maerker conocimos la semana pasada el grado de penetración y complicidad que existe entre los gobiernos municipales de varios partidos con el crimen organizado, y escuchamos cómo en las llamadas telefónicas, los líderes de las células que operan cerca de Salamanca, en Guanajuato, celebran la llegada de las diferentes partidas de recursos municipales que estarán bajo su control, entre ellas la compra de armas.
Por eso es que la delincuencia se fortalece en vez de debilitarse. Un ejemplo fue la fallida detención de Ovidio Guzman en octubre pasado en Cualiacán donde el poder disuasorio del Ejército perdió frente a la salvaje fuerza de los criminales que mediante el terror reafirmaron su control del territorio en perjuicio de la confianza que se tiene de las autoridades.
Lo anterior parece que nos condena a seguir sufriendo con el recuerdo de la terrible angustia de la madre tratando de proteger a su hija de cinco años de los disparos cuando a unos cuantos pasos del kínder, en plena luz del día, asesinaban en Zihuatanejo a un taxista. Entre el susto de los disparos escuchó de la voz asustada de la niña ¿mamá, nos van a matar?