¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

Todo gobierno que se precie de ser buen gobierno debe de cuidar a su pueblo, procurándole seguridad, certidumbre, justicia, libertad, equidad social, prosperidad, sin menoscabo del respeto de todos los derechos humanos para todos; en un ambiente de libertad colectiva lícita y de sana convivencia pacífica. Gobierno que no pueda o no quiera cumplir con tales cometidos, propicia la corrosión de la estabilidad social, requisito indispensable para el sano desenvolvimiento civilizatorio.
Al que gobierna, se le impone la obligatoriedad ética de convencer a su pueblo de que está gobernando realmente bien, apegado a la legalidad establecida, y dando ejemplo público prístino, de un comportamiento moral regido por principios y valores adoptados y consagrados en las principales leyes del país.
También el gobernante tiene el deber de informar honestamente al pueblo de la cosa pública. Para eso echa mano de las artes y tecnologías modernas de los medios de comunicación masiva y de los artificios de la propaganda y publicidad. Todo eso englobado en lo que ahora se denomina mercadotécnica política, o en palabras llanas, un lavado de cerebro colectivo ya sea para bien o para mal de los habitantes. Es el arte de convencer para vencer políticamente, en forma pacífica y persuasiva a un determinado grupo de la población.
El convencimiento duradero no necesariamente se hace con verdades (Goebbels, dixit), se usan frecuente y reiteradamente medias verdades, mentiras y farsas; usadas en y durante el tiempo que sean útiles y oportunas para que la difusión del mensaje conlleve magnificación, minimización, tergiversación o de plano invención de supuestas realidades.
Es un hecho que ahora la libertad de expresión ciudadana y el derecho a la información sobre el qué hacer gubernamental, están en la agenda cotidiana de la ciudadanía y del propio gobierno federal. Son ya parte del ejercicio de gobierno cotidiano impuesto por AMLO, a partir de su particular estilo de gobernar y comunicarse con la población, cuya condensación se da en” La Mañanera”, programa matutino televisivo presidencial de alcance nacional.
Ahora nos damos cuenta de que el derecho a la información y a la expresión vuelve a ser asediado desde los poderes formales e informales, mediante dinámicas censoras y autocensuradas que varían, pero que no se han erradicado, ni mucho menos disminuido; dañando la salud mental pública al distorsionar la realidad factual.
Por más que se intente negar desde el discurso, la realidad está ahí, lacerante y confrontadora, para un derecho a la información que aún maltrecho es piedra angular de la democracia. Lo dije la semana pasada y lo repito: Las palabras, las gesticulaciones, la voz, hieren. A veces profundamente y en forma duradera el tejido social. Debemos desterrar usar un lenguaje peyorativo, calumniador, discriminatorio y/o sexista porque conlleva, a la larga, confrontación y ruptura social. La violencia en México posee particularidades destructivas evidentes e insoslayables y el lenguaje violento que se usa también las posee (Una mentada de madre con enojo, no es cualquier cosa). El discurso o la narrativa mediática contribuyen a crear un ambiente de ira, rencor, resentimiento, de temor o zozobra; con pérdida de libertad individual para razonar y actuar bien.
De tal suerte que el derecho a la libertad de expresión está constreñido por múltiples factores, como la violencia verbal contra el adversario político, la desinformación pública, el control de las narrativas, la opacidad premeditada gubernamental, la mentira contumaz, las falsas noticias, los datos falseados o alterados, difamaciones, invectivas y amenazas a las personas trasmisoras de noticias y hacedores de opinión. Hoy se da como nunca el espionaje político invadiendo ilegalmente la vida privada de las personas. Así como el uso de herramientas cibernéticas por parte de todos contra todos, para el robo o sustracción de información reservada y confidencial, privada o de carácter familiar e íntima, con fines aviesos y perversos. Todos exigimos nuestro derecho a saber de la circunstancia que nos rodea y determina, así como de participar en la arena pública. Se ha consolidado la preocupante tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con todos los derechos humanos, desde el discurso público. Prevalece la consigna de afirmar que sí se respetan; pero los hechos desmienten tal afirmación.
La realidad termina por imponerse. La violencia, la delincuencia, la corrupción e impunidad, males que laceran actualmente a la población, están ahí, gritando a la cara a los del poder que es incompetente porque no los enfrenta del todo en los hechos cotidianos. Al contrario, y lo que es peor, los fomenta o los encubre.
A la contraposición de los datos proporcionados por el jefe del Ejecutivo, la respuesta es la estigmatización y deslegitimación de quien lo contradice. Como parte de la estrategia de comunicación presidencial, está la inyección de desconfianza hacia terceros y la descalificación peyorativa, calumniadora, así como el sentimiento de un supuesto agravio social por los “enemigos de las causas populares”, tales son las actuales formas de atacar voces y escritos de naturaleza crítica. De esta manera, la oratoria oficial de la estigmatización, encabezada por el propio presidente de la República, se ha ampliado para señalar a voces disidentes, aun si éstas han sido siempre críticas a los excesos e ilícitos de gobiernos pasados. ¡Uf!

PD. Artículo elaborado a partir de la lectura del ensayo Artículo 19 (de autores varios). Continuará.