En la actualidad la regulación de plaguicidas de la Unión Europea tiene como objetivo primordial la protección de la salud humana y animal y el medio ambiente. Pero, su problema aún en la ordenada Europa es su aplicación, incluso surgen conflictos de interés entre quienes deben cuidar el debido cumplimiento de dicha regulación. Por ejemplo, existen serias acusaciones de que la industria de plaguicidas realiza sus propias pruebas de evaluación de riesgos y se entromete en el diseño de los métodos de la evaluación de riesgos. En esas acusaciones se ha señalado que la misma Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), incluye en sus evaluaciones de plaguicidas a expertos que tienen vínculos financieros con la industria de agroquímicos. El reto es que la industria se mantenga fuera de la evaluación de las pruebas de seguridad, de la evaluación y gestión de riesgos.
Al no realizarse de manera correcta la aplicación de la regulación de plaguicidas en Europa, se está observando un claro y rápido colapso de la biodiversidad (aves, ranas, mariposas, abejas y otros insectos benéficos) en las zonas agrícolas, así como daños graves para la salud humana. El problema no es sólo ahora, sino de futuro al comprometerse la seguridad alimentaria de las generaciones futuras al perderse por ejemplo insectos polinizadores y contaminar los suelos con agrotóxicos muchos persistentes.
Por ello, el pasado noviembre de 2018 fue presentado un manifiesto por una nueva normativa en materia de pesticidas, titulado Ciencia rigurosa, alimentos seguros, medio ambiente sano. Dicho manifiesto fue suscrito por 118 organizaciones e instituciones europeas, además de decenas de expertos y científicos europeos, agrupados en la coalición Ciudadanos por la Ciencia en la regulación de pesticidas. El manifiesto puede ser conocido a detalle en la página electrónica https://citizens4pesticidereform.eu/
En el manifiesto se señala que: se requiere una reforma completa de la actual evaluación de riesgos de plaguicidas y los sistemas de gestión de riesgos. Para ello proponen tres estrategias, que son:
a. Priorizar la salud pública, el medio ambiente y la agricultura sostenible.
b. Asegurarse de que la toma de decisiones se base en datos completos, científicos y actualizados, públicos y libres del sesgo de la industria.
c. Articular un sistema que permita que organismos y administraciones, sociedad civil y comunidad científica puedan supervisar la integridad y efectividad de la política europea sobre plaguicidas.
Algunas propuestas de acción son interesantes en el ámbito de dichas estrategias, las cito:
La Comisión Europea propondrá la aprobación de una sustancia pesticida sólo cuando todas las pruebas científicas muestren que la sustancia o el producto final no causan efectos adversos en los seres humanos, los animales y el medio ambiente, la EFSA considera que todos los usos propuestos por la industria son seguros, y ninguna alternativa más segura (sustancia o práctica) está disponible.
La Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas debe respetarse: los plaguicidas deben usarse solo como último recurso cuando todas las demás alternativas no químicas se han aplicado y han fallado.
La Comisión Europea, como gestora de riesgos, operará de forma transparente y con responsabilidad. Debe cumplir con su obligación en virtud de la regulación de plaguicidas para priorizar la salud pública y el medio ambiente sobre todas las demás consideraciones, como el beneficio privado. El proceso de toma de decisiones, las discusiones entre la Comisión Europea y los Estados miembros, o cualquier otra entidad, será público.
Para permitir que los agricultores de la UE mejoren sus prácticas sin ser ‘castigados’ por los mercados, la Comisión Europea no los colocará en una posición de competencia desleal y, por lo tanto, prohibirá los productos importados que contengan residuos de pesticidas no aprobados o que contengan residuos de cualquier pesticida que excede los niveles permitidos, sin excepciones.
Los requisitos de datos para evaluar si se debe autorizar un pesticida deben actualizarse con urgencia, ya que los principales efectos en la salud, como la inmunotoxicidad, la alteración endocrina y la neurotoxicidad del desarrollo, no están adecuadamente cubiertos y los impactos en los ecosistemas ambientales están muy subestimados.
Las autoridades nacionales realizarán un seguimiento de rutina independiente posterior a la aprobación de los efectos de los pesticidas en la salud y el medio ambiente. El monitoreo se pagará con un fondo suministrado por la industria de pesticidas pero administrado por un organismo independiente. No debe haber contacto sobre estos asuntos entre las autoridades de monitoreo y la industria.
En fin, creo que se debe seguir a los europeos en sus esfuerzos respecto a usar menos plaguicidas en las actividades agrícolas. En la medida que en México conozcamos sus avances en acciones como las antes citadas, se tendrán más posibilidades de ganar la batalla contra la industria de agrotóxicos e impulsar una agricultura realmente ecológica en el país.