Este año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora (como el FMI); y organismos privados y públicos.
Por ello, desde hace unas semanas se han anunciado estímulos económicos de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno bruto.
Todo ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo, sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala: salida de divisas, devaluaciones y los desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán condonaciones y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles de capitales”. Éste es el panorama internacional. En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:
1) Comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando de manera prioritaria contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.
2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes.
3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.
En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.
Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: la emergencia exige una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.
En el caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:
Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al 2% del PIB. En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el 3.5%. El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su implementación).
En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 1.6% del PIB. Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.
Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:
Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.
Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social.
Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros, trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo un salario mínimo diario por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).
Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas; son alrededor de 5 millones 900 mil microempresas que dan sustento a 13.3 millones de personas.
Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por negocio. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5 mil 760 pesos a cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB
Los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.
Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con estas propuestas.
Puede decirse entonces que el programa del domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.
Esta estrategia no corresponde a la emergencia sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada Fase 3), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).
En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

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