Hace unos días, el 26 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un informe del relator saliente del organismo, Olivier De Schutter, titulado: Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento económico. Se trata de un documento que ofrece un catálogo de medidas concretas “para alejar las economías de la búsqueda de beneficios a cualquier precio y orientarlas hacia el cumplimiento de los derechos humanos”. Busca “ampliar el abanico de opciones políticas disponibles para los Estados miembros de la ONU, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
El documento fue elaborado con la participación de sindicatos, movimientos sociales, agencias de la ONU, académicos y responsables político de todo el mundo. En abril de este año, 2026, esta hoja de ruta fue adoptada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Se trata de un formulario de propuestas muy extenso que se divide en seis pilares: transformación de los sistemas económicos; trabajo, cuidados y democracia económica; servicios básicos universales; justicia ecológica; modificar el orden económico internacional; y, como tema transversal, la planificación y gobernanza democráticas. Se puede consultar el documento completo en español en el sitio de internet: neep-poverty.org.
Dadas las características del documento, en esta entrega sólo ofreceremos a los lectores algunas propuestas. El primer pilar se centra en reformas fiscales, políticas monetarias y financieras, la regulación de las empresas, la política industrial y las instituciones del mercado. La parte fiscal propone establecer una “línea de riqueza extrema” como un indicador que permita a los gobiernos identificar la concentración de la riqueza como un riesgo sistémico para la gobernanza, es decir, para la estabilidad política, la democracia y los derechos humanos. Señala la necesidad de imponer una elevada tributación al patrimonio incluyendo las ganancias o rentas del capital y las herencias y donaciones, de acuerdo con límites justos y aplicables. Asimismo, propone gravar los beneficios extraordinarios derivados de la concentración del mercado que ejercen algunas corporaciones multinacionales en sectores como la alimentación, el transporte marítimo y la industria farmacéutica. El documento contempla, igualmente, la necesidad de gravar a los “gigantes digitales” como Amazon, Google y Meta particularmente en los países en desarrollo ya que estas empresas sólo tributan en los países en los que se encuentra su matriz, aunque sus actividades comerciales se extienden a casi todo el mundo. Finalmente, la hoja de ruta aborda la importancia de los impuestos “verdes”, aplicables al uso de recursos y daños ambientales. Distingue, en especial, el gravamen al “carbono de lujo”, es decir al consumo de este energético para fines no esenciales, y recomienda eximirlo cuando se destina a los bienes y servicios esenciales para el bienestar humano (calefacción doméstica, alimentos básicos, transporte esencial).
El documento aporta también propuestas en materia de política monetaria, industrial y de gasto e inversión públicas. Principalmente, se orienta a tratar de frenar la especulación financiera. En este apartado destaca la necesidad de “nacionalizar los fondos de pensiones” o “establecer el control estatal de estos fondos”. En este apartado, a cargo de dos especialistas de las universidades de Bristol y Londres de la Gran Bretaña, los autores hacen una dura crítica al sistema basado en cuentas y fondos individuales (funded pension sistems), como el que priva en México por medio de las Afores. Afirman, que este esquema ha fracasado en alcanzar los objetivos que se propusieron, entre otros, estimular la inversión productiva, eludir o evitar los costos del cambio demográfico, y reproducir las desigualdades del mercado laboral. Señalan que varios países han llevado a cabo “contra reformas” para tratar de remediar las fallas del sistema de capitalización individual. Proponen un nuevo modelo, basado en una pensión universal con un monto fijo equivalente a al salario medio en beneficio de las personas residentes en cada país. Consideran que, si es necesario mantener el esquema de pensiones contributivas, éste deber ser de beneficio definido y solidario y eliminar el modelo basado en cuentas individuales. Además, se recomienda la nacionalización de los fondos de pensiones como en Argentina y en Polonia, o el control estatal de los fondos privados para dirigirlos a inversiones en bienes sociales. Agregan que la mudanza del sistema tendría que ser apoyado por reformas fiscales como las mencionadas.
El segundo pilar aborda la organización del trabajo, los medios de subsistencia y los cuidados, como ámbitos centrales para erradicar la pobreza. Señalan que este pilar “responde a las transformaciones estructurales que están reconfigurando el mundo del trabajo –incluidas la precarización laboral, la informalidad, la digitalización, la fragmentación de las cadenas de suministro globales, el cambio tecnológico y la erosión de la negociación colectiva–, que han debilitado la protección laboral y contribuido a la persistencia de la pobreza y la inseguridad laboral en diversas regiones”. Al mismo tiempo, “reconoce el papel fundamental del cuidado y la reproducción social, tanto remunerada como no remunerada, como pilares de la vida económica y el bienestar social, a pesar de que siguen estando sistemáticamente infravalorados y distribuidos de forma desigual”.
Algunas propuestas van en el sentido de fortalecer las normas laborales en todas las formas de trabajo, incluido el trabajo informal y el de plataformas digitales. El objetivo consiste en reequilibrar el poder entre trabajadores, empleadores e instituciones públicas mediante el fortalecimiento de la libertad de asociación, la negociación colectiva, la democracia en el lugar de trabajo y los derechos laborales en las cadenas de suministro globales. Lo anterior serviría para potenciar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones económicas y contribuir a que los aumentos de productividad se traduzcan en mejores niveles de vida, en lugar de una mayor precariedad o inequidad.
La hoja de ruta destaca que la mayoría de los trabajadores del mundo se dedican al empleo informal, lo que se traduce en ingresos bajos e inestables, el debilitamiento de los derechos laborales y un acceso limitado a la protección social, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, migrantes y jóvenes trabajadores. Propone un enfoque integral con medidas que incluyen intensificar la inspección laboral, la protección social universal e inclusiva, el fortalecimiento y la garantía de la libertad de asociación y la negociación colectiva, y crear accesos hacia el empleo formal. Destaca los ejemplos de Brasil, Uruguay, Sudáfrica e India, donde la actividad de los sindicatos y el diálogo social lograron ampliar la protección y los derechos laborales a los trabajadores informales.
El documento contiene un formulario que, además de las medidas recomendadas, enumera los pasos a seguir y los obstáculos que pueden presentarse. Aunque cita algunos casos particulares, muchas propuestas no distinguen claramente el nivel de desarrollo de cada país y son recomendaciones generales que tienen que evaluarse y, en su caso, adaptarse de acuerdo con las condiciones locales. No obstante, la riqueza del contenido de la hoja de ruta puede servir como instrumento de las organizaciones sociales, particularmente los sindicatos, para proponer la adopción de reformas a los parlamentos y gobiernos. El mensaje central puede sintetizarse de la siguiente manera: no basta con tratar de acelerar el crecimiento económico, se pueden y se deben definir y acordar nuevas políticas públicas para erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y elevar el nivel de vida de la población.

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