No tengo nada contra el Ejército mexicano como institución pública, con una misión específica relacionada con la defensa de la soberanía nacional, pero creo que está resultando dañado cuando se han generado grandes expectativas en su capacidad para dar seguridad en el contexto de la violencia generada por las múltiples bandas de la delincuencia organizada en México. Su imagen ha salido deteriorada en esta “guerra contra el narcotráfico” ya que no está preparado para realizarla de manera ordinaria. De hecho, ha quedado expuesto a cometer abusos y algunos de sus mandos y efectivos han sido señalados de crímenes y de violaciones a los derechos humanos.
El argumento del gobierno ha sido el mismo: la situación de emergencia, que ya lleva cerca de 10 años lo hace necesario ya que las policías del país no son suficientes ni confiables. Hay que poner en condiciones a las fuerzas policiacas para sacar al ejército de las calles, nos dicen. Y esto va para largo.
Desde octubre de 2011, el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal entraron a Guerrero en la Operación Guerrero Seguro, para atender la crisis que, si bien colapsaba la economía en ese tiempo, continúa hasta ahora. ¿Cuáles son los resultados? Los tenemos a la vista: un estado convulsionado por las bandas criminales en varias de sus regiones, con amplios territorios donde hay ingobernabilidad, con espacios del poder público cooptados por la delincuencia y miles de víctimas. La situación es peor que en 2011.
La decisión de establecer un cuartel militar en Chilapa, anunciada por el secretario de Gobernación, manifiesta que persiste la idea de que la violencia puede ser sometida por medio de las armas. Hacer visibles más armas en un lugar tan convulsionado por la violencia como la región de Chilapa, daría la idea de que hay más seguridad y de que las bandas criminales están bajo control. Los resultados obtenidos en otras regiones como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, donde hay presencia permanente y visible del Ejército, desmienten esta idea. El Estado se ha enfocado a atender algunos efectos de la violencia mediante la vía represiva, mientras abandona las causas que la generan por las vícas de la negligencia y la omisión.
Creo que la presencia y actuación de la fuerza pública, que incluye militares y policías, tiene que ser una parte de la respuesta del Estado. Sólo una parte y ni siquiera la parte central de una estrategia integral contra la violencia y el crimen. Necesitamos a la fuerza pública pero no así. Necesitamos al Estado como tal, a toda la fuerza del Estado que está para coordinar y promover todos los beneficios que la sociedad requiere. Necesitamos al Estado con un sistema de salud adecuado y eficaz que responda a las necesidades de salud que incluya a todos los guerrerenses, pues el que tenemos está colapsado por la corrupción. Necesitamos al Estado con un sistema de educación capaz de empoderar a la gente con conocimientos y habilidades para la gestión económica, política y social. Necesitamos al Estado con instituciones y políticas públicas que protejan el medio ambiente. Necesitamos al Estado con toda su capacidad para promover el empleo, la vivienda y el desarrollo económico con un sentido social. En fin, necesitamos a un Estado enfocado no a reciclar élites políticas corruptas ni a las mafias de la delincuencia, sino enfocado a atender las dolencias de la gente y a estimular el desarrollo integral y sustentable de los pueblos.
En mi particular percepción, el Estado no está haciendo esta tarea preventiva de la violencia ni está atendiendo a los sectores más vulnerables ni a las víctimas. Por eso se ha reducido a mostrar su músculo sacando policías y militares a la calle. En este sentido, creo que el Ejército ha sido utilizado para ocultar todas las omisiones políticas, es decir, lo que no está haciendo el Estado.
De una vez por todas, hay que entender que la seguridad de los ciudadanos no está en las armas ni en quienes las empuñan. Está en las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, puestas para que todos los guerrerenses tengamos mejores condiciones de vida. Policías y militares tienen tareas específicas y los necesitamos, como dije antes, de otra manera. Más en función del bienestar público que de los intereses políticos de facciones y grupos privilegiados.
Es insensato creer que un cuartel militar cambiará la situación en Chilapa. Puede contribuir a ello, si a su vez, se activan políticas públicas que toquen las causas de las violencias en esa región. Y eso le toca a los gobiernos. Ojalá que la actual consulta que el gobierno del estado está llevando a cabo para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo no sea una mera simulación y que abra una oportunidad para atender las causas de la violencia.