En Guerrero hay mujeres que pasaron toda su vida luchando para alcanzar justicia. Muchas de ellas como Tita Radilla se han entregado en cuerpo y alma para encontrar a su padre Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por el ejército en 1974. Más de media vida Tita sigue con la frente en alto encarando a las autoridades civiles y militares para que den cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha emplazado al Estado mexicano a investigar el paradero de su padre. En los años recientes, desde el 26 de septiembre del 2014, 43 madres y padres no han encontrado reposo ante la desaparición de sus 43 hijos, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. No han dejado pasar un minuto en estos 44 meses sin dejar de buscarlos. No han cejado en su lucha para exigir a las autoridades federales que cumplan con las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); que investigue al ejército y a los policías federales, que detengan y procesen a los policías de Huitzuco, que investiguen el trasiego de droga a Estados Unidos y que amplíen la investigación de la telefonía celular de los implicados en el caso Ayotzinapa.
Estas historias densas, sumamente dolorosas, son parte de un movimiento de mujeres y hombres que se vieron obligados a salir de sus comunidades para tomar las calles y entrar a las procuradurías, con el fin de exigir justicia. Son los nuevos sujetos del cambio, que están dispuestos a dar su vida para que el ciudadano común acceda a la justicia y termine la pesadilla de la simulación y la mentira del gobierno.
Este primero de junio fuimos testigos de un caso paradigmático. Después de 16 años, Valentina Rosendo Cantú alcanzó la cima de la justicia. Es una historia escrita con mucho sufrimiento por una menor de edad que fue víctima de tortura sexual, por miembros del ejército. Cuando la niña Valentina Rosendo Cantú se encontraba lavando ropa en un arroyo de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, fue sorprendida por ocho efectivos del ejército que llevaban a una persona amarrada con visibles huellas de tortura. Con la típica actitud prepotente, interrogaron a Valentina, la rodearon y con sus armas largas la amenazaron. Por el simple hecho de no contestar a sus preguntas la golpearon. Valentina no contestó porque no hablaba español y mucho menos lo hizo porque se encontraba atrapada por sus metrallas. “¿Quiénes son los encapuchados?” le preguntaron, al mismo tiempo le presentaron una lista con nombres, para que dijera quiénes eran esas personas. El miedo y el silencio de Valentina fue interpretado como una postura irreverente para los soldados. Como es su costumbre de hacer hablar, por las buenas o las malas a las personas que detienen, con la culata de sus armas la golpearon y la tiraron sobre la corriente de agua. De forma cobarde procedieron a ultrajarla.
¿Qué significó para Valentina padecer esta infamia en condiciones sumamente adversas, al encontrarse totalmente indefensa frente a ocho militares armados? ¿Cómo juzgar las actuaciones de los militares en un contexto donde la vida de las mujeres está sometida y controlada por los hombres? En la Montaña los gobiernos en turno han condenado a las mujeres a dar a luz a sus hijos sobre los pisos de tierra, en viviendas precarias, donde ni siquiera cuentan con un foco de luz eléctrica. Son las mujeres que se levantan en la madrugada para moler maíz en el metate y preparar el nixtamal. Por la indolencia y la corrupción de los gobernantes las familias indígenas tienen que caminar varias horas para acarrear agua limpia. Las mismas mujeres se ven obligadas a lavar la ropa en los arroyos porque el gobierno les ha negado sistemático el derecho de acceder al agua dentro de sus viviendas. Tanto las abuelas, como las madres y las hijas tienen que caminar varias horas para cortar leña y cargarla bajo sus hombros, porque sólo de esa manera pueden preparar sus alimentos. En muchas viviendas la precariedad es extrema, al grado que muchas mujeres tienen sus fogones al ras del suelo.
Valentina, como la mayoría de niñas en la Montaña no tuvo la oportunidad de estudiar ni concluir la primaria, porque no hay escuelas ni maestros. Muchas niñas y niños como Valentina tienen que caminar más de dos horas en las cimas de los cerros con el estómago vacío. Para las autoridades nunca hay dinero que pueda satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de las familias indígenas. No hay presupuesto para construir escuelas ni edificar clínicas. Los gobernantes se lucen diciendo que la norma oficial mexicana reza que las comunidades que no cuentan con más de 2 mil habitantes, no se les puede asignar un médico. Esa es la forma burda de negar a los pobres un derecho constitucional. Las personas que se enferman tienen que resignarse a encontrar en los remedios caseros la única forma de curarse. Cuando la situación se agrava, no tienen otra alternativa que caminar más de 10 horas de sus comunidades a la cabecera municipal de Ayutla. Este pesado viacrucis se torna más cruento por el trato discriminatorio y displicente del personal médico, que no está capacitado para brindar un servicio de salud apropiado a las personas que hablan una lengua originaria. No sólo las maltratan, sino que les niegan los servicios gratuitos y hasta las medicinas del cuadro básico.
El mundo de Valentina y de muchas mujeres de la Montaña es un mundo que tienen que cargar por las carencias que les ha impuesto un régimen racista que busca desaparecer a los portadores de las culturas primigenias. Es una vida sin derechos, predestinada a enfrentar todo tipo de adversidades y a soportar las ofensas y los desprecios. Se les conmina a vivir en el sometimiento y la semiesclavitud. Quedan a merced de quienes ejercen el poder. En el caso de Valentina fue la tropa quien la sometió. Los elementos castrenses usaron sus armas para perpetrar la tortura sexual. Para la Corte Interamericana se trata de una “violencia institucional castrense, en la que por la vía de los hechos, los militares implantan una política de terror, erigiéndose como una fuerza destructora”. Estas atrocidades son encubiertas por las autoridades civiles, quienes se resisten a investigarlas y más bien se supeditan a los mandos castrenses. En lugar de llamarlos a rendir cuentas por violentar los derechos humanos, no pierden la oportunidad para rendirles tributo y cubrirlos de loas. Se tornan en cómplices de quienes son los causantes de esta crisis de gobernabilidad, porque se erigen como autoridades que están por encima de nuestro marco constitucional.
El primero de junio, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra dos militares, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en febrero 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Dicha resolución les impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además a reparar los daños. Es una sentencia histórica que marca un hito en esta larga travesía de Valentina por acceder a la justicia. La juez le dio un valor pleno a sus declaraciones.
Utilizó criterios jurisprudenciales que respaldan el valor central de los testimonios de la víctima por tratarse de hechos que por su naturaleza se realizan sin que medien testigos. Resalta el término de “asimetría de poder” para señalar la vulnerabilidad en que se encontraba Valentina Rosendo frente a sus agresores. Manifiesta que se aprovecharon del entorno de coacción por ser miembros del ejército. La agresión sufrida dentro de este contexto es considerada como tortura. Se redimensionó su pertenencia a un pueblo indígena, se valoró su narrativa en lengua materna y su situación de vulnerabilidad.
A Valentina le costó media vida para que las autoridades mexicanas escucharan su clamor de justicia y para que un tribunal le diera pleno valor probatorio a su palabra de mujer, que demostró ante la Corte Interamericana hablar con la verdad. Este lunes escucharemos de nueva cuenta la voz nítida y profunda de Valentina en la Ciudad de México. En el Club de Periodistas dará una conferencia de prensa, donde estará acompañada por Alda Facio, una gran defensora de los derechos de las mujeres que hoy forma parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y la práctica. Estarán también arropada por Jan Jarab, el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la abogada Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) cuya organización funge como representante legal de Valentina ante la COIDH quien enviará un mensaje desde Costa Rica. Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional hará patente su compromiso mostrado a lo largo de estos 16 años, para acariciar este sueño de justicia de Valentina. Por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que también fue co-peticionario ante el sistema interamericano nos honrará con su presencia el subdirector Santiago Aguirre, así como personal de este Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Media vida le ha significado a Valentina pelear con el corazón por delante en medio de tantos peligros, siempre con sus hijas en sus brazos. Luchando con todo y contra todo para alcanzar la justicia negada que hoy se cristaliza en una justicia materializada en una sentencia. Una justicia que ha conquistado a lo largo de 16 años desde el momento en que ella salió de su comunidad para alzar la voz. Valentina es el rostro radiante de la justicia. Es el emblema de la dignidad de una mujer que ha encarnado en su mismo nombre la historia de su gran osadía. ¡Es Valentina a toda honra!