El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el primero de su tipo que incluía consideraciones ecológicas. Básicas y mínimas, pero marcaron un rumbo y un precedente. El artículo 1114 (Medidas relativas a medio ambiente) considera que “nada de lo dispuesto” ahí “se tomará como un impedimento para que las partes ejecuten medidas apropiadas para asegurar que las inversiones en el territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes ambientales”, y “reconoce como inadecuado alentar inversiones por medio de un relajamiento de las medidas internas de salud o seguridad ambiental”.
Fue una acción preventiva, pensando en un posible desaseo ambiental del país más pobre para atraer inversiones. Se quería evitar que México flexibilizara su marco regulatorio en materia ambiental lo suficiente para hacerse más atractivo ante Canadá o Estados Unidos. Es decir, había más intención de frenar a la competencia que de preocupación ecológica.
Así, los países del norte se inventaron un comodín para impedir la entrada de productos mexicanos que amenazaran gravemente sus intereses. El antecedente había sido el embargo atunero, que resultó muy efectivo para proteger los intereses comerciales de la flota estadunidense, so pretexto de proteger a los delfines. Luego quisieron hacer lo mismo con los jitomateros, ya en la segunda década de este siglo. De seguir como va el déficit comercial de EU no sorprendería que el aguacate tuviera un destino similar.
El cuidado del medio ambiente dentro del TLCAN terminó por establecerse aparte, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), cuya entidad operativa fue la Comisión para la Cooperación Ambiental, la primera de su tipo a nivel mundial que combinaba cooperación e integración ambiental con relaciones comerciales.
La fórmula no funcionó. Las medidas relativas al medio ambiente no fueron efectivas para detener la devastación provocada por las industrias extractivas —minería canadiense, en primer lugar—, pero se logró la cooperación trasnacional para proyectos estratégicos en México, como la conservación de especies emblemáticas —la mariposa monarca, una de ellas—, diagnósticos legislativos y el registro nacional de emisiones.
México llega a la mesa de modernización del TLCAN con una lista de prioridades en la que el medio ambiente debería figurar con una dimensión de primer orden. El presidente de Estados Unidos ha retirado a su país del Acuerdo de París, el más importante en materia de reducción de gases de invernadero alcanzado en 30 años, y ha flexibilizado su regulación interna para atraer inversiones, como lo demostró con el caso de las minas de carbón. Además, ha iniciado la construcción de un muro que separará a México de la región norteamericana, saltándose por decreto las normas ambientales de la frontera compartida concernientes al flujo de especies, la conectividad ecosistémica y las cuencas hidrográficas.
Estos son los elementos que decoran la mesa en la que las partes se han sentado a negociar. Paradójicamente, lo que se temía de México hace 25 años lo vino a hacer hoy Estados Unidos.
La ministra canadiense de asuntos exteriores ha dicho ya que “ningún país miembro del TLCAN puede reducir la protección del medio ambiente para atraer inversiones” y que las partes deben “apoyar plenamente los esfuerzos para detener el cambio climático”. Esto fue un mensaje claro para México, pero sobre todo para Estados Unidos.
Estados Unidos ha amenazado con abandonar el tratado si no alcanza sus objetivos. Los expertos aseguran que esto tiene pocas posibilidades, pues el peso del intercambio comercial traspasa cualquier posición política. Pero ello justamente hace temer lo peor: que en aras de mantener la integración comercial se sacrifiquen las medidas de protección ambiental.
Es un hecho que el acuerdo comercial con otros países detonó la economía de México. Es un hecho, también, que contener la devastación de los recursos naturales producida por el crecimiento de la economía ha sido una tarea mayúscula en México, aún con el marco legal regulatorio y las medidas relativas al medio ambiente previstas en los acuerdos comerciales –ahí tenemos a la minería y la industria manufacturera, así como los confinamientos de residuos peligrosos–. La modernización del TLC nos coloca en la bifurcación de un camino: o se fortalece la integración económica con cooperación ambiental o continuamos con un tratado que acelera el crecimiento sin cuidar el medio ambiente, lo cual sería, más que un retroceso, el umbral de la catástrofe.

La caminera

Siempre nos quedará la alternativa del consumo local. En Estados Unidos y Canadá, los mercados de granjeros (farmers markets) forman redes cada vez más sólidas, mientras que en México estados con mercados tradicionales tan añejos, como Oaxaca y Guerrero, le apuestan a la waltmarización del comercio y la multiplicación de los centros comerciales (malls).
Esta columna, que empieza un ciclo en El Sur de la mano de la Redacción que ha abierto en Ciudad de México, agradece la oportunidad de llegar a nuevos lectores, de quienes espera retroalimentación en forma de preguntas y comentarios. Aquí nos vemos.

* Ingeniero en Aprovechamiento y Sustentabilidad de Recursos Naturales por la Universidad de Chapingo. Ex asesor de organizaciones campesinas y ambientalistas, actualmente es consultor en dependencias federales. Se especializa en efectos de la urbanización en campo y ciudades. Publicará en El Sur cada 14 días. Bienvenido.