Se enseña en la escuela que la división de poderes tiene como su función primordial equilibrar el peso entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, en la práctica las cosas no funcionan así. El partido mayoritario apoya y aprueba en el Congreso lo que decide el gobernante y la judicatura, salvo contadísimas excepciones, suele actuar al gusto del Ejecutivo.
Eso mismo estamos viendo ahora, con un Poder Legislativo sumiso, manso, agachón ante las iniciativas del Ejecutivo, como si estuviéramos en el viejo régimen, el del presidencialismo absoluto, sólo que ya los colores que mandan no son los verde, blanco y rojo del PRI, sino el guinda de Morena.
Por supuesto, bien se sabe que la política arraiga hábitos que difícilmente se destierran. Cuando un partido arriba al poder inevitablemente recibe una herencia en la que hay de todo, aspectos positivos que no siempre son bien aprovechados y factores que lesionan la convivencia y que subsisten porque han arraigado en la vida y la mentalidad de varias generaciones, como son los casos de la corrupción, el autoritarismo y la lambisconería con el de arriba.
Esa subcultura política nos permite explicarnos dichos y hechos aberrantes que inciden en forma determinante en la convivencia social, como son hoy día los despidos masivos e indiscriminados, la creación de la guardia nacional y, como el más reciente botón de muestra, la cárcel preventiva oficiosa, que ya existía, pero que ahora amplía el número de delitos que ameritan esa pena y, lo que resulta inadmisible, que deja en manos del Ministerio Público, y no de un juez, el aplicar esa disposición.
En México no opera aquello de que todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí es al revés, pero hasta ahora eran los jueces quienes determinaban si había elementos para presumir si un acusado era culpable, en cuyo caso lo enviaban a prisión o le fijaban una fianza para garantizar que estuviera presente durante todo su proceso y asumiera el veredicto final.
A partir de ahora será el Ministerio Público quien determine la culpabilidad, lo que es una monstruosidad jurídica, pues el acusador, antes de probar que el indiciado incurrió en conducta punible, sencillamente decidirá que sí, algo que con la proclividad de los cuerpos policiacos a fabricar culpables mediante la tortura y con la complicidad de los fiscales y aun de los jueces, entre los cuales no escasea la indolencia, hará más ancha y generosa la corrupción que campea en todo el sistema de procuración e impartición de justicia.
Por supuesto, oponerse a la prisión preventiva oficiosa no significa defender a los delincuentes; implica, eso sí, que se respeten los derechos de todo ciudadano, algo que importa muy poco a la fracción parlamentaria de Morena, que se solaza en repetir el mayoriteo y los canallescos rituales del peor priismo sin advertir que todo tiene consecuencias.
En México las cárceles están sobresaturadas. De acuerdo con datos proporcionados por Francisco Garduño Yáñez, comisionado de Prevención y Readaptación Social, hay en México 211 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 19 mil se hallan en prisiones federales. La reforma aprobada por “nuestros” diputados agravará un problema que existe desde siempre, pero que se ha recrudecido desde que Felipe Calderón desató la guerra civil con el pretexto del tráfico de drogas.
Para hacer mayor el problema, el pasado lunes firmó López Obrador el decreto que suprime el penal de las islas Marías, que existió durante 113 años. Ese territorio insular será en lo sucesivo “un espacio para las artes, la cultura y el estudio del medio ambiente”. De ese modo se cierra un ominoso capítulo, pues aquella prisión con muros de agua, según la expresión del gran José Revueltas, fue un centro de tortura, castigos e injusticias que se cometían en nombre de la ley.
Muy bien porque se termine con tan oprobiosa historia, pero resulta obvio para cualquiera que es un contrasentido aumentar el número de presos cuando se cierran cárceles y en momentos en que el gobierno pretende hacer toda clase de ahorros. “Muchos de los problemas que tenemos de inseguridad y de violencia –dijo en Tamazula López Obrador– se originaron porque no hay empleo, porque se abandonó a los jóvenes y se quiso resolver el problema sólo con el uso de la fuerza”. Por eso mismo, hubiera sido mejor crear empleos y no generar más prisioneros para menos cárceles. ¿O no?