Diputados y otros voceros oficialistas se han apresurado a desestimar la oposición a la reforma electoral como minoritaria porque, con encuestas mal hechas y preguntas sesgadas aplicadas por encuestadoras de dudoso prestigio y con un nutrido historial de “equivocaciones”, han conseguido decir que el 80 por ciento de los mexicanos apoya la reforma. Mienten. Las encuestas pueden trampearse muy fácilmente desde el planteamiento de las preguntas, por eso es el método favorito del presidente y la cúpula autoritaria de Morena para elegir candidaturas; permite usar una careta de demócrata mientras por debajo de ella lo que hay es arbitrariedad y antidemocracia pura. ¿Qué habría pasado si después de preguntar por la elección popular de consejeros electorales, hubieran preguntado si la gente está de acuerdo en que el poder determine los candidatos por los que se podría votar? El rechazo sería, seguramente, muy similar.
Los principales problemas de la democracia mexicana radican en el poder excesivo de las cúpulas partidistas y la profusión del financiamiento ilegal en las campañas electorales. La iniciativa de reforma no ataca ninguno de esos problemas, sino que, al contrario, los agrava. Con listas cerradas para elegir a los diputados, las cúpulas tendrán la capacidad de definir quién y con cuánta probabilidad podrá ser diputada o diputado. El principio de la arbitrariedad con la que se nombra a los llamados plurinominales se generalizará a cada diputado del país. Eso, sumado a la eliminación de institutos y tribunales locales, centralizará todavía más la vida política. De nada servirá estar bien con la gente y tener apoyo o prestigio social si no se está bien con las dirigencias partidistas que nombrarán candidatos a dedo desde la capital o, si bien nos va, desde las capitales. ¿Estarían dispuestos a medir en una encuesta cuántas personas están de acuerdo con eso?, ¿cuántos quieren que la política mexicana se decida y se procese por completo y exclusivamente en las cúpulas partidistas y en las instituciones de la Ciudad de México?
Igual que en la revocación de mandato, la iniciativa prohíbe la participación de los partidos en las campañas de los consejeros. Igual que en la revocación, los operadores de gobierno y partidistas se quitarán los chalecos y se dirán ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. Si gastan dinero, dirán que es de su bolsa, y éste no se podrá auditar. Grupos de poder con influencia económica tendrán la tentación de acordar con candidatos que aparezcan en las listas, para tener sus propios magistrados o consejeros electorales, o sea que el espacio para la actuación del dinero se ensanchará. Los candidatos a consejeros escribirán deslindes para desconocer toda la propaganda que se pague a su favor, como hoy hacen sistemáticamente Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. La organización, realización y procesamiento de las elecciones estarán en manos de consejeros y magistrados electos por voto popular, sí, pero con la participación de poderes económicos inauditables, y de entre aquellos candidatos que decida el presidente, la bancada del presidente en el poder legislativo, y el poder judicial que ha logrado dominar el presidente. ¿Cuántos estarán de acuerdo en eso?