Cada día aparecen en el país nuevas ejecuciones que siguen agregando a las 974 que se han registrado desde que comenzó el año, y no dejan de brotar nuevos conflictos sindicales. Las campañas negativas, donde los candidatos han inyectado millones de pesos en el último mes para manipular la mente de los electores, siguen en la televisión animando a la polarización y provocando que los partidarios más fanatizados del proceso empiecen a velar armas y a preparar, literalmente hablando, trincheras en algunas ciudades. Viejas rencillas están renaciendo entre partidos, generando una descomposición política en la cual hay grupos que buscan sacar partido.
Quien piense que el país está en calma en vísperas de su elección presidencial, está equivocado, como la Presidencia de la República, que afirmó el pasado lunes que no había “focos rojos” que pudieran empañar la elección del domingo. Es más, precisó el vocero Rubén Aguilar, existen “tres o cuatro conflictos situados en lugares muy específicos”, que no afectan al conjunto del proceso electoral. Sin embargo, un análisis del IFE tiene detectadas 107 “zonas de violencia”, que podrían representar riesgos limitados en las elecciones el 2 de julio. Son secciones electorales en 18 de los 300 distritos uninominales en los que se divide el país, distribuidos en 32 municipios en nueve estados: Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y estado de México.
Aunque como asegura la Presidencia se encuentran ubicadas en lugares específicos y no afectarían el conjunto del proceso electoral –que será disputado en 63 mil 790 secciones electorales-, sí son factores objetivos de descalificación y daño de imagen pues esas zonas son de alta volatilidad y de enormes posibilidades conflictivas, donde prevalecen el narcotráfico, grupos armados, y hay antagonismos religiosos, políticos y comunitarias. El México bronco es una realidad en esas secciones electorales que, de acuerdo con el IFE, sus situaciones de violencia corresponden a problemas generados por el analfabetismo, la migración, los sistemas de usos y costumbres y zonas enteras donde hay situaciones de anarquía e ingobernabilidad.
Los tres estados donde se da el mayor riesgo de violencia son Baja California, Sinaloa y Jalisco, que se han mantenido en los primeros lugares de ejecuciones del narcotráfico, que luchan por los mercados y las rutas de distribución. Para efectos electorales, Sinaloa es el principal punto de preocupación. El IFE identificó nueve secciones en los municipios Salvador Alvarado, Sinaloa, Mocosito, Navolato, Rosario y San Ignacio, semilleros de varios de los más grandes capos del narcotráfico que operan en el país. Además, Rosario, San Ignacio y Sinaloa, que se encuentran en la sierra, no sólo son considerados entre los más violentos, sino que son cuna de importantes bandas de secuestradores y que en la actualidad albergan a más de 100 gavillas de narcotraficantes y asaltacaminos. En Zapopan, donde hay un millón de habitantes, es el municipio de mayor peso electoral en Jalisco y zona de gran conflictividad, hay una sección electoral en la lista negra del IFE por los ajustes de cuentas entre narcotraficantes. De ahí es el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora, al que el PAN acusa de estar vinculado con la delincuencia organizada. Situación similar muestra Baja California, donde el IFE tiene especial preocupación en una sección de Mexicali, la capital del estado, actualmente disputada por los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Michoacán tiene décadas de ser uno de los estados más afectados por el narcotráfico, y en el reporte del IFE una sección de Turicato figura entre las “zonas de violencia”. Turicato, uno de los municipios con mayor índice de delincuencia en el estado, está ubicado en una región de alta producción de droga. Por si fuera poco, desde hace casi 15 años el PRI y el PRD –que actualmente gobierna- han estado trenzados en conflictos postelectorales. En los límites de Michoacán, dentro la región de Tierra Caliente bajo jurisdicción de Guerrero, se encuentra Zirándaro, donde hay una fuerte presencia del EPR, que en 2002 secuestró a un diputado federal. Zirándaro, junto con Copalillo y Heliodoro Castillo, otros dos municipios guerrerenses, son también zonas de operación de la guerrilla, y tienen cultivos de drogas.
Más al sur del país empiezan a notarse las alteraciones que generan los usos y costumbres. En este rubro, según el análisis del IFE, Oaxaca lleva delantera, con 13 secciones en cinco municipios que se rigen bajo las prácticas donde el consejo de sabios decide por quién votan todos, y las mujeres juegan un papel secundario en las decisiones. Por ejemplo, en Eloxochistlán de Flores Magón, en la sierra mazateca, desde hace nueve años sus habitantes no permiten el desarrollo de campañas electorales federales. En otra que también se guía por usos y costumbres, Santiago Amoltepec, donde se encuentra la tercera población más pobres del país, sólo en este año los conflictos postelectorales han dejado cuatro muertos. Varios municipios de Oaxaca se encuentran divididos por falta de autoridad, entre lo que no se cuenta el actual problema magisterial en la capital.
El estado de México tampoco es una entidad en calma. De acuerdo con el IFE, hay 25 secciones en cinco municipios que se encuentran dentro de las “zonas de violencia”. Sobresale San Salvador Atenco, donde hay células del EZLN, pero está lejos de ser una excepción. Las tierras mexiquenses se caracterizan por sus conflictos políticos y postelectorales, entre los que sobresalen Acolman y San José del Rincón, enfrentado a San Felipe del Progreso, al cual pertenecían, porque con su redistritación se les redujo poder político.
Hay zonas del país con características distintas, como en Durango, donde 6 secciones del municipio de Pueblo Nuevo, tienen serios problemas por la marginación y la falta de comunicación. Caso distinto es Chiapas, donde el IFE cuenta 49 secciones en varios municipios como Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, San Juan Chamela, Chenalhó y San Andrés Larráinzar, que están bajo control del EZLN, o en conflicto de poder con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, o hay centenarias pugnas por la tenencia de la tierra, y entre católicos y protestantes, como en el caso de los chamulas, que ya quemaron en vida a una persona acusada de brujería.
Quien asegure que no hay focos rojos miente o es un ignorante. No se necesita que pongan en riesgo toda la elección para dejar de reflejar el gran atraso político que todavía se vive en el país, con problemas añejos, disputas centenarias y, sobretodo, una cultura que cabe bien en la descripción que hizo Alexis de Tocqueville sobre Estados Unidos hace más de 200 años. Aquí, como entonces allá, hay una sociedad que quiere nacer y una que se niega a morir. Dicotomía caprichosa, pero nuestro pasado realmente nos mantiene secuestrados.

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