La elección o selección de los nuevos integrantes del Tribunal Electoral acabó, como era previsible, en un nuevo cochinero preelectoral. No tenía por qué ser de otra manera, pues vivimos en una democracia acotada bajo el predominio del consorcio PRI-PAN y el juego de comparsas en que alegremente participan el PRD, el Partido Verde y otros paleros.
De los siete magistrados que integrarán el TEPJF, tres se los adjudicó el PRI, dos su socio, el PAN, y los dos restantes se los disputan el PRD y otros compadres. No hay garantía de imparcialidad ni de justicia. Lo que existe es un cuerpo que ha nacido enfermo, sordo cuando así le convenga, ciego antes las tropelías de quien manda o estrábico a la hora de señalar culpables.
Tiene una lamentable historia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2006 avaló el sucio proceso comicial y, peor todavía, el canallesco recuento en el que todo se valió para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador y sentar en la Silla –haiga sido como haiga sido, dijo él– a Felipe Calderón, un individuo que dejó a México chapoteando en un océano de sangre.
Por otra parte, a lo largo de varios años, los órganos electorales han consentido las tropelías del PVEM, el ahijado del PRI encargado del trabajo sucio (de una parte de ese trabajo, pues la principal la ejecutan los propios priistas). Por supuesto le han aplicado algunas multas, de las que se carcajea, pues le permiten llegar a donde está el dinero grande y con eso cubre cualquier sanción. Los gerentes del PVEM deberían estar en la cárcel y su partido-negocio proscrito, pero lejos de eso, siguen gozando de las canonjías que brinda el sistema electoral y de otros beneficios que da el poder.
Los magistrados que se retiran deberán llevarse consigo una larguísima cola, pues corren el riesgo de que alguien la pise. Flavio Galván, Carmen Alanís y Alejandro Luna Ramos dejan expedientes que en su momento suscitaron la repulsa social y del periodismo independiente. Los magistrados que terminan deberán contratar cada uno un lazarillo, pues fueron ciegos y sordos ante el dispendio de la campaña priista de 2012, en la cual el PRI gastó de cuatro a seis veces más de lo permitido, con lo cual dispuso, por ejemplo, de una flotilla de aviones y helicópteros que denunció la prensa, pero que nunca vieron los encargados de impartir justicia electoral.
Ahora, al nombrar magistrados a los compadres, amigos y recomendados, el PRIANRD se vacuna contra un eventual triunfo de AMLO, su archienemigo, quien sólo llegará a la Presidencia de la República cuando se le hayan agotado todas sus cartas a la casta política y esté en riesgo su Santa Alianza con los poderes fácticos, cuando el orden general se halle seriamente amenazada por fuerzas emergentes o por la situación económica y social llevada al extremo.
Si llegados a esa última instancia se aceptara el triunfo de AMLO, sería para aprovechar su arrastre popular y la confianza que le han depositado amplios sectores sociales. En ese caso, y sólo en ese caso, el tabasqueño podrá sentarse en la Silla, pero no por mucho tiempo, pues una vez que apacigüe a los sectores más levantiscos, volverá la vieja pandilla, reciclada tal vez, pero que representará los mismos intereses que tienen a México en el tobogán. Y si alguien lo duda, que voltee a ver lo que pasa en Brasil o en Argentina.
Los recientes nombramientos de procurador de la República y de magistrados del TEPJF exhiben la irresponsabilidad de los senadores. En el primer caso, poco le importó a la oposición que el elegido para la PGR fuera el mismo abogado que litigó a favor del PRI en el caso de las tarjetas Monex con las que el PRI compró votos en 2015. Menos interés hubo todavía en los antecedentes del señor Raúl Cervantes Andrade, demandado por violencia intrafamiliar, lo que debiera poner en alerta a nuestras feministas.
Con esos legisladores, nada de extraño tiene que el pleno del Senado apruebe hasta 45 años de cárcel para quien enamore a una mujer que acabe de prostituta. Tal resolución se presta a muchos abusos, pues tiene una carga subjetiva que hace de cada hombre un potencial delincuente. Pero en lugar de intentar una mejor redacción de lo votado, los senadores Fernando Mayans, Luis Humberto Fernández y Luis Sánchez Jiménez se burlaron del acuerdo alegando sus “derechos como usuarios” de las mujeres… Y gente de esa ralea es la que hace las leyes.