Hace unos días, el país más pequeño de América Central, El Salvador, dio un gran paso. Se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para otros pueblos del mundo, según reportó IPS noticias (ipsnoticias.net).
En una decisión de gran trascendencia, pero muy poco conocida en México, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a finales de marzo una ley que prohíbe la extracción minera subterránea o a cielo abierto. Dicho ordenamiento tiene carácter retroactivo por lo que invalida cualquier autorización o permiso de exploración que pudiera estar en trámite ante las autoridades salvadoreñas.
La minería, que tiene cientos de años en nuestra América Latina como una actividad económica a gran escala, se ha distinguido por los daños que causa al medio ambiente, a las comunidades donde se lleva a cabo y a los trabajadores que laboran en tan insalubres tareas.
Otros países han prohibido parcialmente esta actividad. Costa Rica, en 2012, aprobó una legislación restrictiva sobre la minería metálica a cielo abierto, pero aún permite la que se realiza de manera subterránea. En Filipinas, algunas provincias aprobaron una moratoria de 25 años para proyectos mineros a cielo abierto.
La decisión del Congreso salvadoreño fue resultado, en buena medida, de la presión de las comunidades cercanas a los yacimientos y de diversas organizaciones ambientalistas. La protesta se escaló por los trabajos de una mina propiedad de una corporación canadiense-australiana en el departamento central de Cabañas. La empresa demandó al gobierno de El Salvador por un pago de 250 millones de dólares, hace unos ocho años, cuando las autoridades le negaron el permiso de explotación. Sin embargo, en juicio llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ésta resolvió a favor del país centroamericano e incluso obligó a pagar a la empresa 8 millones de dólares por los costos procesales.
Pesó también en la decisión de los legisladores el reconocimiento de que la minería ha dejado graves secuelas por el drenaje ácido en los ríos, y ante el riesgo de que se extendiera a otras regiones del país pues es conocido que esa industria extractiva usa millones de litros de agua para la explotación del oro. Y también porque muchos expertos han señalado que El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental y está en riesgo inminente de padecer una situación de estrés hídrico, según la Comisión Económica par América Latina (Cepal) de la ONU y la Universidad Centroamericana Simón Cañas.
Por su parte, México se ha convertido en un paraíso minero pues las empresas han recibido un trato especial, privilegios fiscales y se manejan a su antojo. Desde luego, las ganancias de la minería son fabulosas. Los millonarios más poderosos de México tienen empresas ligadas a la minería. Carlos Slim compró en 1986 la Minera Frisco una de las más importantes en la producción de oro. Jorge Larrea se ha dedicado a la extracción de cobre y sus empresas, agrupadas en el Grupo México, han sido responsables de graves desastres ambientales y humanos, controla la minera más grande del país y la tercera productora de cobre en el mundo. La familia Bailleres es propietaria de Industrias Peñoles, la mayor explotadora de plata del mundo.
Diversas organizaciones ambientalistas han propuesto reformas a la ley para vetar los tajos a cielo abierto y un esquema de regalías para remediar los daños ambientales. Pero los intereses dominantes encarnados en el PRI y PAN y el gobierno de Enrique Peña Nieto han optado por reformas menores, la última en 2014, más bien para hacerla compatible con la reforma energética pues le dio carácter preferente a la exploración y explotación de petróleo y al servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, por encima de las actividades mineras. La reforma fiscal incluyó un impuesto de 7.5% sobre la extracción (8% si se trata de oro y plata y platino), pero un gravamen similar se aplicaba ya en varios países del mundo desde hace tiempo.
La verdad es que se pretende mantener a México como un lugar privilegiado para la industria extractiva, dice un reportaje de Emilio Godoy publicado en IPS, pues en nuestro suelo operan 285 compañías con 853 proyectos que generan más de 300 mil empleos directos, concentran más de 7 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, y obtuvieron ingresos brutos por más de 22 mil millones de dólares según datos de 2012. México es el primer productor de plata, tercero en bismuto, quinto de molibdeno y noveno en oro, según la Cepal.
Forbes, la revista de negocios, por su parte, señaló con gran júbilo, que “la industria minera en México ha crecido de manera exponencial. Y ocupa el primer lugar como destino de inversión en Latinoamérica en estas actividades”. No precisó, sin embargo que aportaban casi 5% del PIB pero contribuyeron con sus impuestos, durante muchos años, con menos del 1% del PIB, cantidad que con la reforma fiscal aumentó, pero en un monto que, bajo los parámetros internacionales, es todavía insuficiente.
Es sabido que las empresas actúan con toda impunidad. Según diversos reportajes, “a los habitantes de las comunidades nadie les pregunta si están de acuerdo con la concesión de tierras que les otorgan a las empresas mineras”.
Las explotaciones más rentables se ubican en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila. Precisamente, los desastres ecológicos más graves de los últimos cuatro años acontecieron en la Laguna de San José de Basic, Durango; en el río Yaqui en Sonora y en el río Sonora y Bacanuchi en esa misma entidad; en El Oro, Durango; en Altar, Sonora; y en Ocampo, Coahuila.
Además, según diversos informes, en México hay por lo menos 21 graves conflictos socioambientales que afectan a diversas comunidades del país, no sólo en esas entidades sino también en Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y otras.
Como se ha reportado en diversos medios, esas explotaciones han creado conflictos y problemas por deforestación, contaminación de agua y generación de residuos líquidos peligrosos. Han causado desplazamientos masivos de poblaciones rurales. El esquema dominante en México ha consistido en remediar o paliar si acaso los daños ambientales, pero no en prevenirlos o detenerlos como en el caso de El Salvador y otros países. El monitoreo ambiental está muy por debajo de los estándares internacionales según un estudio de la Cámara de Diputados y no se incluyeron medidas en este sentido en la reforma del 2014. Hay también “un régimen de sanciones insuficiente pues no se incluyen aquellas derivadas de la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los hábitat, ecosistemas y recursos naturales”.
A todo ello hay que agregar la situación laboral. Los accidentes han sido desastrosos como en Pasta de Conchos en 2006, del Grupo México, con un alto costo en vidas humanas, en este caso 65 mineros quedaron atrapados por una explosión. Las huelgas son generalmente largas y constantemente hostigadas, y la dirigencia del Sindicato Minero (SNTMMSSRM) sigue siendo perseguida. Un caso reciente: a mediados de febrero estalló una huelga en las secciones 21 y 22 de Tlayoltita, Durango, en una de las principales minas de oro y plata del país, de capital canadiense. A pesar de todo, la huelga se mantenía fuerte hasta el viernes 7 de abril, día en que se realizó una gran manifestación en el Centro Histórico de la Ciudad de Durango.
Son evidentes las diferencias entre El Salvador y México. También lo es que una medida como la que decidió el Congreso de aquel país, prohibiendo de tajo toda actividad minera, tendría repercusiones más complejas en el nuestro. Pero es indudable que las prebendas y privilegios de que gozan las compañía mineras,, nacionales o extranjeras, en nuestro territorio, han sido excesivas. Las mineras en suelo mexicano gozan de un poder casi ilimitado. Por ello el ejemplo de nuestros hermanos centroamericanos debe ser seriamente discutido y evaluado. Mucho podríamos aprender de ellos para actuar en consecuencia.

Twitter @saulescoba