Michoacán se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno federal, en un problema que reta la capacidad política e imaginativa de las autoridades de todo orden y también de los profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En la entidad donde nació el gran Lázaro Cárdenas se debate el futuro del magisterio democrático, pues en las nuevas condiciones del país tendrá que transitar sobre otros supuestos y emplear con más cuidado las tácticas que ha venido empleando obligado por las circunstancias.
Hasta ahora, los maestros de la CNTE se vieron obligados a transitar por vías de hecho, pues para los gobiernos priistas y panistas era vital defender al SNTE, baluarte del sindicalismo charro cuando menguaba el poder de la CTM y otras centrales oficialistas. Pero hoy son otras las fuerzas políticas predominantes, y eso no lo entienden –o hacen como que no lo entienden—algunos líderes de la CNTE, para quienes resulta más rentable la política de choque y el posterior arreglo a medias.
Algo más que deberán considerar los movimientos del sindicalismo disidente es que antes trataban con autoridades de escasa legitimidad. Hoy, en cambio, la República tiene un gobierno elegido por mayoría inobjetable y, de acuerdo con lo prometido, con fuerza y decisión para cambiar las cosas.
Por otra parte, las leyes que rigen en materia laboral siguen ahí y deben recobrar su necesaria vigencia, pues de no hacerlo el país se hundirá en la ingobernabilidad. Si la promoción del caos fue una útil estrategia en otro momento: hoy, puede significar el descarrilamiento de un contingente laboral que, como los profesores, ha mostrado una formidable capacidad de resistencia.
Para millones de trabajadores, “el sindicato” no ha sido la organización necesaria para su defensa, sino que representa una figura ajena, un enemigo de los intereses laborales o, en el mejor de los casos, un intermediario entre empleados y empleadores. La realidad generó esas percepciones, pues los líderes se dedicaron a enriquecerse a costa de firmar contratos que ignoraban el interés de sus representados.
Las autoridades protegieron a las direcciones sindicales corruptas, a condición de que mantuvieran controlados a los trabajadores. Esos líderes necesitaban de la protección gubernamental, pero el gobierno, a su vez, requería del control político e ideológico de la charrería, pues eso le representaba votos y otros beneficios.
Una y otra vez se negó registro a las direcciones democráticas o a los sindicatos minoritarios. Pero cuando el Ejecutivo perdió la capacidad de control, entonces vio con buenos ojos la libre sindicación que estaba en la letra de la ley, pues de ese modo fomentaba la división de los trabajadores y la debilidad de sus organismos de representación.
Así, con la disimulada simpatía de las autoridades, floreció el divisionismo sindical. Hoy, por citar sólo un caso, el INBA tiene ¡Siete sindicatos!, lo que ocasiona problemas administrativos, paros locos y sabotajes, pero sirve de muy poco para mejorar las condiciones laborales.
En el caso del magisterio, el surgimiento de la CNTE fue un grito de rebeldía contra los líderes vendidos. Pronto, sin embargo, aquel movimiento derivó en organizaciones estatales y dentro de ellas en una indigesta ensalada de liderazgos que recurren a medidas de fuerza para legitimarse, cuando lo esperable, en las nuevas condiciones, sería trabajar por la unificación del gremio todo bajo un mando democrático y cercanamente vigilado por las bases.
Pero ocurre exactamente lo contrario, entre otros motivos, porque todavía no se disipa la desconfianza hacia las autoridades y, sobre todo, porque las tendencias hacia la unidad chocan frontalmente con los feudos caciquiles, hijos de la proliferación de liderazgos.
Lo que ocurre en Michoacán y en menor medida en otras entidades puede entenderse en ese contexto. Los dirigentes de la CNTE, poco imaginativos, optan por ir de nuevo al choque. Lo propicia un gobernador inepto, indolente y de discutible honestidad, quien para colmo recibe fondos de la Federación para resolver el problema y es incapaz de hacerle frente al conflicto pese al inmenso daño que se ocasiona a la economía de esa gol-peada entidad. Lo menos que se puede exigir hoy es responsabilidad a todas las partes involucradas. De no ser así, pronto veremos generalizarse la protesta bajo las formas más antisociales. Ése es el riesgo.