Los diputados del PRI y del PAN están seguros del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Tan lo están, que movidos por el miedo se dieron a la tarea de preparar un gran paquete legislativo sin más finalidad que atarle las manos al futuro presidente de la República.

Para protección de políticos ladrones y empresarios poco escrupulosos, el paquete incluye medidas que van de lo ridículo a lo siniestro. Por ejemplo, se pretende dar al actual presidente de la República la facultad de nombrar a las cabezas de organismos financieros del Estado, y de dar a esa designación validez de diez años, una pretención que dejaría sin recursos al futuro mandatario.

Entre los organismos a los que el PRIAN y sus patrones quieren dar autonomía –o “blindar”, como mascullan en su jerga tecnocrática– se cuentan el Servicio de Administración Tributaria o SAT, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hasta la Comisión de Seguros y Fianzas.

Por supuesto, es digna de atención la autonomía de organismos que hasta ahora se han usado para favorecer a los sectores menos necesitados del país. Su funcionamiento al margen del poder político tendrá que discutirse cuando la fuerza de las instituciones nacionales lo permita, no ahora, cuando la política está convertida en un fangal y el país dista de hallarse en un momento de madurez política.

Para empezar, suena a despropósito suicida quitarle al próximo gobierno la maquinaria de recaudación de impuestos. Por supuesto, nadie ignora que arrancándole al futuro presidente el aparato fiscal se le condena a su caída anticipada, que es precisamente lo que pretendían las bancadas del PRI y del PAN en San Lázaro cuando aprobaron la sucia maniobra del desafuero de López Obrador.

Pero el SAT, tan deficiente como resulta, es el principal mecanismo que tiene el país para resolver sus problemas. Para dotarlo de agilidad y eficiencia habría que equiparlo debidamente de computadoras, programas y personal capacitado –hoy pierde el tiempo enviando requerimientos y amenazas de embargo a quienes tienen años de estar al día en el pago de sus impuestos–. El Poder Legislativo, aunque parezca sueño guajiro, tendría que dotarlo de una nueva legislación que simplifique y facilite el pago de impuestos, que permita la detección oportuna de los evasores, el cobro a los morosos y la persecución de los sinvergüenzas. Concederle autonomía a un organismo tan ineficiente sería condenarlo a un permanente fracaso, que probablemente sea lo que buscan los levantadedos del PRIAN.

En otros órganos financieros las cosas no están mejor. Hasta ahora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha servido para solapar el lavado de dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción. En ella tienen su mejor escudo los que se amparan en el secreto bancario para ocultar operaciones fraudulentas, como muchas de las involucradas en el Fobaproa. Esa Comisión es la Celestina que permite pagar tasas ridículas a los ahorradores y la aplicación de intereses escandalosamente altos a quienes usan los servicios bancarios, especialmente las tarjetas de crédito.

Para los clientes de los bancos “mexicanos”, esta Comisión no es más que la alcahueta de quienes los esquilman con recargos, comisiones y otros inventos. Son tantos los abusos contra la clientela y han llegado a tales extremos, que se llegó al colmo de crear una comisión paralela, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), a fin de paliar el inmenso daño a las víctimas de los banqueros.

No es mejor el funcionamiento de la Comisión de Seguros y Fianzas, que autoriza contratos leoninos e incumplimientos de las aseguradoras, siempre en perjuicio de los asegurados. Un buen ejemplo de los timos que deben sufrir los clientes es que quienes pagan durante diez, veinte o cincuenta años un seguro médico, al llegar a la edad de 65, cuando más problemas de salud se experimentan, sencillamente ya no tienen derecho a la renovación, a menos que paguen cantidades exorbitantes a las pocas firmas aseguradoras que aceptan prolongar las pólicas.

Para favorecer al capital financiero se crearon las afores y de esa manera le quitaron al Seguro Social un fondo revolvente que le permitía afrontar sus compromisos. La Consar, órgano que se supone regula el funcionamiento de las afores, hasta ahora no ha sido capaz de impedir el cobro de elevadas comisiones que impiden el crecimiento de los fondos individuales de retiro, lo que para los trabajadores es un augurio sombrío, pues al final de su vida productiva pueden descubrir que sus ahorros se evaporaron.

El próximo presidente de la República, el que sea, tendrá que corregir el funcionamiento del SAT y de esas comisiones. La estabilidad social e incluso la sobrevivencia de un gobierno se juegan en esa decisión. Impedir desde ahora la intervención del futuro Ejecutivo es condenar al país a continuar hundiéndose. A menos, claro, que alguien crea que los gobiernos están para servir al capital financiero, no al pueblo. Y en el PRIAN hay muchos que así lo creen.