El pasado fin de semana en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California y el Estado de México se dio la irrupción de grupos armados que incendiaron varios negocios, bloquearon carreteras y protagonizaron balaceras, demostrando su poder de fuego que ha causado terror entre la población. Esta situación es sumamente preocupante por los visos de ingobernabilidad que se manifiestan con estas acciones armadas donde las autoridades federales y estatales han quedado rebasadas. A pesar de la legitimidad que goza Andrés Manuel López Obrador su política de seguridad orientada a militarizar una institución civil puede ser un síntoma que muestra la mano dura ante el incremento de la violencia y la inseguridad. Es una señal funesta de que el gobierno de la 4T recurra cada año que pasa al uso de las fuerzas militares para atender tareas de seguridad pública y de esta manera asegurar su capacidad para gobernar. Esta decisión que ha tomado el presidente de la República de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se haga cargo por completo de la Guardia Nacional tiene consecuencias negativas para nuestro sistema democrático.
Las instituciones públicas están endebles sobre todo porque no se ha logrado extirpar el cáncer de la corrupción y tampoco se han consolidado los procesos de transparencia y rendición de cuentas. La captura de las instituciones por grupos de las elites políticas y económicas que truncan las luchas históricas de los ciudadanos y ciudadanas para acabar con sus intereses macroeconómicos y los regionalismos políticos que encubren a quienes medran con el poder.
La progresiva militarización aparejada con el deterioro de la situación de seguridad pública en México, incluyendo el incremento de la violencia desde 2006 con Felipe Calderón ha generado posturas contrarias a los procesos de ciudadanización de la seguridad pública en aras de una mayor participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha dejado saldos sangrientos y dolorosos por las graves violaciones a los derechos humanos.
Actualmente las fuerzas armadas están asumiendo roles como actores multifuncionales para realizar muchas tareas que las instituciones civiles son incapaces de realizar debido a las fallas que existen en su funcionamiento y a su fragilidad en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le confirió a la Guardia Nacional 43 atribuciones como salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas; vigilancia de instalaciones estratégicas, tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas, puesta a disposición de autoridades competentes, a personas y bienes; recibir denuncias; realizar detenciones y aseguramiento de bienes; dar atención a víctimas; imponer sanciones; inspeccionar documentos migratorios y resguardo de estaciones migratorias; construcción de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles; sucursales del Banco Bienestar y el Tren Maya, la distribución de vacunas e insumos por la pandemia del Covid-19. El reparto de fertilizante para el programa sembrando vida, entre otras tareas.
Es impresionante el número de transferencias y reclutamientos que se han dado de elementos militares a la Guardia Nacional, en agosto de 2019 contaban con 56 mil 191 elementos de acuerdo a la información oficial, para el mes de abril del 2022 había un registro de 104 mil 839 elementos. Este incremento habla del proceso de militarización que se ha dado en la Guardia Nacional por el alto número militares que han sido transferidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conservando sus plazas en la Sedena y la Semar. Hasta abril de 2022, la Ciudad de México era la entidad con mayor número de elementos de la Guardia Nacional desplegados, con 13 mil 112 elementos, seguido por el Estado de México (9 mil 937), Jalisco (6 mil 745), Guanajuato (6 mil 613) y Michoacán (6 mil 518). Las entidades con menos número de elementos desplegados eran Aguascalientes (341), Tlaxcala (557), Yucatán (865), Campeche (927) y Colima (mil 009).
El presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas asciende a 235 mil millones de pesos. La Guardia Nacional cuenta con un presupuesto de 60 mil millones que es equivalente al aprobado para la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
Contrario a lo que se quiere mostrar de que la Guardia Nacional respeta los derechos humanos el 7 marzo de 2022, la CNDH emitió la primera recomendación  a la Guardia Nacional por “violaciones graves” a los derechos humanos, al acreditar que la institución “utilizó de manera ilegal la fuerza letal, y mintió en sus informes iniciales sobre el caso.
Por otra parte, de diciembre de 2018 a abril de 2022, la CNDH había recibido 2 mil 510 quejas en contra de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varios asuntos pendientes que están por resolver sobre el proceso de militarización de la seguridad pública. Uno de los temas urgentes que sigue sin resolverse es la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la Guardia Nacional de 2019, de la misma forma la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones desde 2019 y cuatro controversias constitucionales desde 2020.
Preocupa la postura del presidente con respecto a la visión que tiene de que la  Guardia Nacional se integre a la Sedena “porque hay disciplina, hay profesionalismo y honestidad, se requiere para defender, para proteger a la gente”. Se asume como el defensor de los militares y se coloca del lado contrario de las víctimas que han padecido graves violaciones a los derechos humanos. La defensa a ultranza de los militares implica una alianza de facto que reedita el pacto de impunidad que ha persistido en los gobiernos represivos. En lugar de asumir una postura más crítica sobre el papel que ha jugado el Ejército desde los años de la guerra sucia como los principales perpetradores de las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, recurre a un discurso polarizante al afirmar que “no quieren que se proteja al pueblo, porque están protegiendo a delincuentes, siempre han protegido a delincuentes tanto de cuello blanco como de la delincuencia organizada, lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa ya sea de la Secretaría de Seguridad o de Gobernación, para que un civil como Genaro García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional”.
El predominio casi total en la Guardia Nacional de los mandos castrenses es una grave amenaza, por las implicaciones que tiene la presencia del Ejército fuera de sus cuarteles. Para la población guerrerense representa nuevamente una gran amenaza para el ejercicio de las libertades y la defensa de los derechos humanos. En los últimos meses se ha constatado que la Guardia Nacional ha sido utilizada para contener las manifestaciones y protestas. Un caso grave fue cuando elementos militares de la Guardia Nacional se apostaron en la caseta de cobro para impedir que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaran una jornada de protesta en la Autopista del Sol. De igual manera en otras acciones que han realizado organizaciones sociales y que se han apostado en esta vía turística, la Guardia Nacional ha estado presente. La ausencia de este cuerpo militar en las acciones emprendidas por grupos de la delincuencia organizada deja entrever que su creación está enfocada a realizar acciones de contención del movimiento social, de sometimiento a las acciones disruptivas y tomar el control de las vías públicas para impedir las protestas sociales. En el estado de Guerrero el gobierno de la 4T se ha valido del Ejército para tomar el control de la seguridad pública nombrando a una almirante de la Secretaría de Marina y por otra la Fiscalía General del Estado tiene como titular una mujer de formación militar. Al interior de estas instituciones los mandos altos y medios están en manos de personal de la Semar y de la Sedena.
Este proceso de militarización impulsado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador genera desconcierto y malestar porque existen deudas pendientes y daños irreparables que cometieron los militares al aplicar operativos diseñados para reprimir a la población civil, así como perseguir desaparecer y asesinar a miembros de la guerrilla. Hay un imperativo de justicia en amplias franjas de la población guerrerense que a lo largo de 50 años ha padecido políticas represivas que se enmarcan dentro de las políticas de contrainsurgencia que siguen vigentes en el estado con los nuevos mandos militares al catalogar a los líderes sociales y al movimiento social de pueblos y colonias como la principal amenaza para la estabilidad política y social en el estado. En los primeros 8 meses del gobierno Morenista no hay resultados favorables para la población que se siente insegura y temerosa por la violencia que han impuesto los grupos del crimen organizado. A pesar del incremento de efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional tanto en las ciudades de Chilpancingo como en Acapulco el clima de violencia se mantiene a la alza. Las estructuras delincuenciales que persisten al interior de las instituciones gubernamentales se mantienen intocadas, los intereses de los grupos políticos vinculados jefes de la delincuencia organizada no se investigan, mucho menos se realizan acciones para desmontar estas redes de la macrocriminalidad.
La ausencia de las autoridades civiles en las tareas de seguridad pública deja entrever una crisis de gobernabilidad ante las altas tasas de violencia e inseguridad que afectan gravemente a la población civil. El uso indiscriminado y no regulado de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública implica una grave amenaza para la ciudadanía y para las propias fuerzas armadas. El escenario que se dibuja en nuestro estado es atroz porque además de estar sumergidos en la pobreza, la corrupción y la impunidad, la amenaza de la militarización profundiza las heridas que no han sido cicatrizadas por la falta de justicia contra los perpetradores. En Guerrero los militares no han resuelto los problemas de la seguridad pública, más bien, son el principal obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos y para el acceso efectivo a la justicia.