En todos los países de Centroamérica y Sudamérica donde el Ejército está metido en los negocios o interviene en áreas económicas que le asigna el gobierno los niveles de corrupción son muy altos.
Esto implica también la militarización de determinadas actividades económicas y gubernamentales y supone un paso atrás al proceso de dejar en manos de los civiles todas las tareas del gobierno.
La administración del presidente López Obrador ha dado al Ejército el mayor número de atribuciones desde que los militares dejaron de participar en el poder político. El último presidente general fue Manuel Ávila Camacho (1940-1946).
Con la decisión del presidente se pone un alto al proceso civilista en la administración pública que inicia en 1947, para regresar al tiempo donde el Ejército jugaba un rol decisivo en las actividades civiles.
Se aleja también la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa quede en manos de un civil como sucede en muy buena parte de las democracias del mundo. Un tema que se venía discutiendo en gobiernos anteriores.
Es siempre un riesgo para la democracia que los militares asuman tareas que corresponden a los civiles. Se quiera o no se da lugar a un proceso de militarización de la vida pública.
El Ejército en razón de las tareas de seguridad que le son propias goza de cierta autonomía y también no está sujeto al escrutinio público como sí todas las demás dependencias del gobierno.
Y en sus tareas como empresario o gestor de actividades económicas del gobierno puede reclamar razones de seguridad nacional y no informar de sus actividades como ya lo hizo en el caso del Aeropuerto de Santa Lucía.
La militarización de la administración pública lleva consigo, le es inherente, la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas.
A la vista no hay buenas razones para dar marcha atrás al proceso civilista de la gestión gubernamental y de las declaraciones del presidente se piensa que los integrantes del Ejército son incorruptibles.
No es así. Los soldados son seres humanos como cualquier otro servidor público y al igual que ellos pueden también corromperse. Y todavía más si se les pone en funciones donde existe un amplio espacio para que eso ocurra.
Una de las grandes razones por las que en las sociedades democráticas se ha retirado al Ejército de cualquier actividad de la administración es para profundizar en una cada vez mayor democracia.
Y también para evitar que el Ejército y sus mandos estén en situaciones que lo acerquen a la posibilidad de la corrupción. Nada puede perjudicar más a la democracia que el Ejército esté en manos de corruptos. Por eso hay que alejarlos de esa tentación.