Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

La guerra sucia de los años 70 en nuestro estado es el surco sanguinario que atraviesa la Sierra Madre del Sur, y que quiso enterrar las utopías campesinas e indias de nuestros pueblos. Desde esas fechas el Ejército mexicano es utilizado por las autoridades civiles, para enfrentar los conflictos sociales y políticos, bajo los dictados de la doctrina del enemigo interno.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia de seguridad nacional, que se gesta y se importa de Estados Unidos durante la guerra fría. Desde entonces prevalece una concepción de seguridad nacional asociada a formas represivas del régimen, con una vertiente relacionada con la persecución a opositores políticos.

Paradójicamente Vicente Fox desplazó al régimen del PRI por su oferta de nuevas prácticas políticas, sin embargo, recurrió a la fórmula de los primeros caudillos revolucionarios que impulsaron la institucionalidad del Ejército (Obregón y Calles), ofreciendo no solo mejorar la calidad de vida de sus miembros, sino “humanizar” a las fuerzas armadas. Los militares por su parte, además de apropiarse del discurso de moda del “gobierno del cambio”, fueron incorporados a mayores responsabilidades de gobierno en el ámbito policiaco, continuando con la tendencia a militarizar las regiones estratégicas del país para ofrecer garantías de seguridad a las empresas trasnacionales y para continuar, sin buenos resultados, con la lucha contra el narcotráfico. Con Fox se han reforzado y ampliado los márgenes de acción y de decisión del Ejército en los asuntos civiles, además se ha aumentado el presupuesto y modernizado el equipamiento militar para ubicarlos y usarlos en las regiones más pobres del país.

Estas políticas de viejo cuño son retroalimentadas con la lucha que ha emprendido el gobierno de Bush contra el terrorismo, donde lo que importa son los intereses particulares y del régimen, echando por la borda el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

Dentro de nuestro contexto estatal, la impunidad sigue siendo un elemento consubstancial del régimen que desborda todos los márgenes de la legalidad apostándole al poder de la fuerza represora y al desgaste y miedo de la ciudadanía.

Guerrero ha sido el escenario privilegiado para implementar acciones contrainsurgentes y operativos policíaco-militares con el fin de enfrentar a los grupos armados y exhibir a presuntos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como terroristas y como los verdaderos causantes de la violencia del estado. Esta estrategia de guerra irregular deja entrever el rostro verdadero del autoritarismo que busca restaurar la ley del terror, con la fuerza destructiva y contenedora del Ejército mexicano, la Policía Federal Preventiva y el incremento de los cuerpos de elite del Ejército, conocidos como Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), que son comandos aerotransportados y adiestrados en contrainsurgencia y labores de inteligencia. Su poder destructor lo dejaron plasmado en la escuela primaria Caritino Maldonado de El Charco, municipio de Ayutla.

El caso que evidenció toda una red de complicidades de las autoridades civiles con las autoridades militares es el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera que por defender el bosque, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército mexicano acusándolos de narcotraficantes y guerrilleros.

Con el fin de encubrir las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y proteger los intereses forestales de los caciques, el aparato gubernamental pone todo su empeño para criminalizar la lucha legítima y legal de los campesinos ecologistas negándoles el derecho constitucional de acceder a la justicia de manera expedita.

En este contexto donde los campesinos se han organizado y movilizado para defender sus recursos naturales, la respuesta oficial ha sido desproporcionada; se aumenta el numero de efectivos en la región y lo paradójico es que a pesar de su presencia ostentosa, al narcotráfico “le hacen lo que el viento a Juárez”; continua el tráfico de armas, aumenta la violencia y el clima se enrarece con la aparición de grupos paramilitares que empiezan a entrar en acción defendiendo los intereses de los caciques.

Desde aquí se arma el engranaje de la economía criminal que empieza a tomar el control de enclaves geográficos estratégicos para la diversificación de sus actividades ilícitas.

Una realidad compleja que se cruza con una estrategia de guerra contrainsurgente de contención social, a través de la represión selectiva de sus dirigentes, de su encarcelamiento, del hostigamiento a los campesinos organizados y del cerco de sus comunidades para apagar la hoguera de la inconformidad social y de la reivindicación de sus derechos colectivos.

Otros dos casos que atentan contra la dignidad de las mujeres son las violaciones sexuales por parte de elementos del Ejército contra de Valentina Rosendo Cantú de 17 años en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec el 16 de febrero de 2002 y de Inés Fernández Ortega de 26 años de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla el 23 de marzo de 2002. El temor fundado de los pueblos indígenas hacia el Ejército mexicano no es para menos, pues no han encontrado en ninguna autoridad el apoyo mínimo para que les respeten sus derechos humanos y para que se castigue a los responsables de estas violaciones. Por el contrario, continúa la presencia y el hostigamiento del Ejército, mientras las investigaciones siguen patinando en el ámbito jurídico para permitir que sea el Ministerio Público Militar el que investigue los delitos de los militares.

La militarización en el estado de Guerrero ha provocado numerosas violaciones a los derechos humanos, sobre todo, en la búsqueda de presuntos elementos del Ejército Popular Revolucionario y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, con quienes se da la detención arbitraria y la tortura como práctica sistemática para arrancar confesiones, inculpar a personas de pertenecer a grupos guerrilleros, o “verificar” la identidad de las personas que aparecen en las “listas negras”.

El que a las personas se les procese y sentencie basándose en testimonios bajo tortura implica que más allá de la actuación de las fuerzas armadas, existe una conexión con los Ministerios Públicos del Fuero Federal y los jueces. Lo anterior se deriva no sólo de una dependencia de las procuradurías de justicia hacia el Ejecutivo, sino de la subordinación misma del Poder Judicial.

En Guerrero, se procesa y se sentencia a los ciudadanos que son torturados, nunca a los torturadores. Esto se debe a una realidad aberrante: en nuestro estado no está tipificado el delito de tortura. No sabemos hasta cuándo los legisladores tendrán tiempo para legislar.

La violación al derecho a la verdad y la justicia en Guerrero es la base de la impunidad. Aún cuando las investigaciones de los organismos civiles de derechos humanos y la valentía de los familiares y sobrevivientes de la tortura hayan denunciado el número del batallón, cargos e incluso hasta nombres de algunos militares, no es suficiente para que la justicia civil actúe.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cerrado sus investigaciones contra el Ejército porque resulta que en la mayoría de quejas que interponen los ciudadanos, no son dignas de tomarse en cuenta y mucho menos de darles crédito a su palabra. Además de que son las víctimas las que tienen que hacer su propia investigación para poder demostrarle a la CNDH que en realidad hubo violaciones a sus derechos humanos.

Así pues, mientras el Ejército sigue violando los derechos humanos de los guerrerense más pobres, el cultivo y tráfico de drogas aumenta alarmantemente en nuestro estado, sin que las autoridades estatales y federales se atrevan a hacer algo para acabar con la impunidad de que goza el Ejército mexicano. Mas bien, de manera recurrente se ensalza a las fuerzas armadas sin querer mirar el fango que se pisa.

 

* Ponencia presentada por el abogado Gabino Santiago, en nombre de Tlachinollan, en el Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, realizado del 6 al 9 de mayo en San Cristóbal de las casas, Chiapas, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.