DE NORTE A SUR

Parece que este gobierno federal tiene una única solución a cada fuerte problema que se le presenta: llamar a los militares.
Lo más reciente lo hemos visto con el metro de Ciudad de México. Un sistema de transporte público, un espacio utilizado por millones de personas, un sitio donde convergemos todos y todas, un espacio que es propio de nuestra vida cotidiana, ahora está vigilado por 6 mil militares de la Guardia Nacional.
Quieren que nos acostumbremos a verlos todos los días, que sintamos que son nuestros amigos, como se ha revelado en documentos filtrados por GuacamayaLeaks.
En el caso del metro entraron con el pretexto de un supuesto sabotaje, aunque en realidad esto no se ha terminado de comprobar. La decisión se tomó de una, sin consultas de por medio.
Los que somos del norte del país estamos acostumbrados a ver militares hasta en la sopa, cuya presencia se justifica con el argumento de combatir la guerra contra el narco. Los resultados son muy pobres: la violencia no disminuye con su presencia, sino con los cambios en los comportamientos bélicos de los grupos criminales, todos resultados de sus decisiones internas.
Los militares funcionan, cuando mucho, como una barrera de contención para que el crimen no se devore de un bocado a una ciudad. Un botón de emergencia.
En numerosos lugares de México se solicita a los militares porque las policías locales, en especial las municipales, son tan débiles y corruptas que los soldados representan la única opción medianamente aceptable ante la terca realidad. Pero Ciudad de México no tiene las mismas debilidades policiacas ni de seguridad que Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato o Chihuahua.
Militarizar es convertir las tareas, las funciones y los presupuestos civiles en militares. El Inventario Nacional de lo Militarizado, un proyecto de Política de Drogas del CIDE, nos dice que actualmente “las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”.
Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siente que un problema lo puede rebasar, o que no mantiene la total confianza en sus funcionarios civiles, sea por falta de pericia o lealtad, involucra a los militares en las tareas.
Uno de los ejemplos más claros se halla en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que fue entregado en construcción y operación a los soldados. También el Corredor Transístmico será desarrollado por las fuerzas armadas. El caso del Tren Maya es paradigmático: se entregaron a la Defensa Nacional los tramos más complicados.
“Ahí entran los militares porque ellos arrasan, ellos no preguntan ni piden permiso”, me dijo una extrabajadora del proyecto insignia de López Obrador.
El presidente ha reiterado que en su gobierno no quiere vencer, sino convencer a la población. Pero el uso de militares es todo lo contrario. Con la bota castrense se gana, se impone, se asusta, se advierte. La bota militar nunca ha sido una aliada de los derechos humanos aunque ahora el presidente y sus aliados nos lo afirmen con ciega conveniencia.
A los militares se les da una orden, y la cumplen. Eso lo sabemos, porque el no hacerlo es ir en contra de la disciplina militar, y eso conlleva castigos.
En materia de seguridad, un ejemplo: los operativos para atrapar a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. La primera orden, la de 2019, fue capturarlo, lo hicieron, y cuando la seguridad civil se vio comprometida lo liberaron tras la instrucción de López Obrador; ahora en 2023, el 5 de enero pasado, la decisión fue detenerlo a como diera lugar, sin importar realmente el costo, por eso hubo 29 muertos, según la información oficial.
El Ejército vence, no convence. Y eso es lo que el presidente hace cada vez que decide militarizar una obra, un metro, una institución de la vida pública civil.