El 28 de mayo tuvo ocasión el “Foro Guerrero Minero 2025” en Chilpancingo. Se reunieron directivos de cinco empresas mineras que operan en Guerrero, principalmente en la zona Centro y Tierra Caliente. Con euforia y optimismo celebraron que las tierras surianas están comprendidas dentro del Cinturón de Oro de la Sierra Madre del Sur, lo que lo convierte en un polo de inversión y desarrollo. Por su parte, las autoridades se unieron al optimismo empresarial y dijeron que donde se asienta una unidad minera se detona un polo de desarrollo.
La realidad dista mucho de la euforia extractivista. La minería en México es el símbolo de la opresión, explotación y saqueo voraz de los colonizadores. En el pasado miles de toneladas de oro y plata fueron llevadas de estas tierras. El desarrollo y modernización de la Europa bárbara y periférica, en buena parte, obedece a este saqueo monumental. Nuestros pueblos poseen tanto oro y plata que los saqueadores no se llevaron todo. Ahora, vienen por el resto.
El saqueo de nuestros bienes naturales se ha justificado históricamente con las promesas de desarrollo y progreso para los lugareños, pero los únicos que se han enriquecido son las empresas mineras, mientras los pueblos han quedado con sus territorios destruidos, sin trabajo y en la desolación.
La minería moderna o a cielo abierto, para extraer minerales, destruye cerros completos y vierte cianuro y otros contaminantes al suelo y a los mantos acuíferos causando graves daños ecológicos.
Los contratos de ocupación de las tierras son por 50 años prorrogables a un plazo igual, el pago por la tierra es irrisorio para ejidatarios y comuneros. Si bien es cierto hay empleos para los locales, pero es para mano de obra no calificada, los puestos de mayor relevancia los ocupa personal de fuera. La relación que mantiene con las autoridades de los pueblos afectados es asimétrica. Se les mira como empleados, no como autoridades con las que se debe mantener una relación horizontal.
Por lo demás, la actividad minera no genera ingresos para el erario público, Guerrero obtiene más del turismo que de la minería. Las ganancias millonarias se las llevan las empresas extranjeras.
En Guerrero las condiciones de los pueblos donde se asentaron las empresas mineras no mejoraron, al contrario, se han generado conflictos sociales. Sólo Carrizalillo logró tener una relación más o menos horizontal con la minera canadiense Equinox Gold a fuerza de sendas movilizaciones de sus pobladores.
Carrizalillo era el ejemplo de prosperidad compartida, buenas relaciones construidas con la comunidad. Sin embargo, en los últimos años la relación se volvió tensa porque la empresa empezó a incumplir sus compromisos en materia de salud, educación, empleo, conservación del medio ambiente y dotación de agua. La falta del vital líquido en la comunidad fue el punto de quiebre.
En el año 2020 los ejidatarios bloquearon la entrada de la minera en protesta por el incumplimiento. Ésta interpuso sendas acciones legales contra la comunidad, aduciendo que obstruyeron los trabajos de la empresa, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas. Demandó el pago de millones de pesos. En una audiencia, el comisariado de Carrizalillo le dijo al magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Iguala: “licenciado, cómo es posible que prestes tu casa y después el forastero te quiera cobrar renta, así la empresa, está ocupando nuestras tierras, contaminando, destruyendo y todavía nos quiere cobrar”.
En efecto, de las 969 hectáreas de tierras propiedad de Carrizalillo la minera canadiense Equinox Gold ocupa 782, las tierras de cultivo, para el pastoreo de ganado y los manantiales de agua están en poder de la minera. Al día de hoy no tienen tierras ni agua, sólo el asentamiento humano donde tienen sus casas.
En 2019 el ejido todavía contaba con un manantial de agua limpia, pero la minera les dijo que se lo rentaran, a cambio les daría agua de la misma calidad. Se comprometió a traerla del ejido de Tlipajapa pero no cumplió. Hizo unos pozos de manera provisional cerca de la comunidad, pero resultó que el agua tiene altos niveles de aluminio, arsénico, hierro, manganeso, plomo, cadmio, mercurio y zinc cuyos niveles rebasan lo que la norma oficial mexicana establece para el consumo humano. A la fecha los pobladores tienen que comprar pipas y garrafones de agua.
Sin tierras ni agua, los cerros convertidos en hoyos profundos, las llanuras en lagunas llenas de cianuro, la pregunta es ¿de qué vivirán en Carrizalillo cuando la minera se vaya? Si esta comunidad que logró construir relaciones más equitativas con la minera está devastada y tiene un futuro incierto ¿qué será de las demás? Aquí no hay prosperidad compartida. Las ganancias millonarias han sido para las mineras no para los pueblos que sólo tienen contaminación, destrucción de sus territorios y desolación.
Lo paradójico es que este gobierno siga incentivado la minería, promoviendo falsas promesas de prosperidad compartida, mientras tanto, la Ley minera facilita la devastación de los territorios dejando a los pueblos en la indefensión.
La reforma a la Ley minera en el gobierno anterior, sólo protegió al litio, pero se omitió incorporar el deber de consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones, explorar o explotar minerales en sus territorios, no se disminuyó la temporalidad que las mineras pueden ocupar las tierras que sigue siendo de 50 años prorrogables a un tiempo igual, no se obliga a las mineras a realizar un monitoreo ambiental, mitigación de impacto ecológico, mucho menos a restaurar el territorio al cierre de sus operaciones.
Mientras las empresas mineras en Guerrero llevan años saqueando el oro y la plata enriqueciéndose a manos llenas, nuestro estado sigue ocupando los primeros lugares de pobreza y marginación, ¿Dónde está la prosperidad compartida?
Cuando se trata de enfrentar y limitar la voracidad de las empresas mineras, de banqueros y las élites financieras, la 4T ha sido pusilánime. Mantiene un pacto de no afectar a la clase capitalista sacrificando a campesinos, ejidatarios, pueblos indígenas y obreros.
Teniendo mayoría en las cámaras, pudo reformar la Ley minera para proteger las tierras de comuneros y ejidatarios, el artículo 2 constitucional otorgando la propiedad ancestral de los territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas, abrogar la Ley del ISSSTE para que trabajadores del estado tengan una jubilación y pensión dignas, pero eso implicaba afectar a las empresas mineras y extractivistas, a los banqueros y las élites financieras. Es mejor sacrificar a los de abajo y congraciarse con los ricos.
Esos son los límites y contradicciones de la 4T, incapaz de profundizar y empujar la transformación a la izquierda.