No podemos negar la importancia del aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos, para el progreso de un país y su economía. Sin embargo, en algunos minerales su valor es dado por su escasez, que lo convierte en objeto monetario y de adorno, ejemplo lo son el oro, la plata y los diamantes. Resaltan porque su valor está dado por lo lucrativo, especulativo y ornamental, más que por su utilidad productiva.
También desde siempre la explotación económica de recursos no renovables es caracterizada por ser eminentemente extractiva, sin mayor retribución al entorno alterado donde se encuentran los fundos, así como la concomitante expoliación de los trabajadores manuales que en ella intervienen.
El renacimiento de la minería en Guerrero se debe a la aplicación de nuevos métodos de extracción que reducen los costos por valor de mineral extraído. Son tecnologías muy agresivas con el medio ambiente. La extracción ya no es por horadación interna, sino a tajo abierto. Rebanando los montes y suelos; contaminando los ríos con los ácidos usados en el proceso de beneficiado de los minerales.
La costosa maquinaria y tecnología usada, hace que las únicas aptas sean las grandes corporaciones extranjeras o empresas nacionales que, en la mayoría de los casos, por su poderío y capacidad de soborno, son insensibles a las pérdidas de hábitats, a las desintegraciones sociales y a la contaminación de mantos y vertientes acuíferas; retirándose de las zonas explotadas una vez agotadas las vetas, sin contribuir a crear polos de desarrollo diversificado. Tan solo son enclaves de inversión foránea temporal con alta alteración ambiental y social.
Lo anterior explica el porqué de la resistencia de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica para que las empresas mineras aprovechen los subsuelos de los terrenos que la nación les dio en usufructo como bienes comunales o ejidales de esos pueblos. Los países de origen de estas corporaciones han prohibido usar dichos métodos de extracción minera en sus territorios, trasladando sus tecnologías a aquellos países cuyas leyes son laxas en la materia.
Tal es el rechazo que dichas empresas mineras suscitan a nivel mundial que organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos y de los recursos naturales planetarios presionan para que observen procesos extractivos que minimicen los trastornos y perjuicios posibles a la sustentabilidad de la naturaleza y a la salud de los seres humanos; tomando como base la observancia de estándares acordados internacionalmente.
En la actualidad ya existen consultoras como: Iniciativa Internacional para Garantizar la Minería Responsable (IRMA), que es una certificadora a nivel mundial, promotora de la minería responsable. Impulsada conjuntamente por sindicatos mineros, organizaciones ambientalistas, comunidades afectadas, compañías mineras, así como consumidores finales.
La certificación de las empresas mineras conlleva la observancia de mínimos exigibles en materia de cuantificación, monitoreo y evaluación del daño ecológico integral que es provocado a causa de la actividad. Estimaciones y determinaciones de reparación de daños al conjunto de los elementos alterados y de inversiones adicionales para conservar la sustentabilidad del hábitat. Establecimiento de políticas de mejora continua en los procesos extractivos. El tipo de gobernanza que es generada en la colectividad regional en donde se desarrolla la minería. Los impactos en materia de asentamientos humanos y desplazamientos sociales. La contribución de la minería como factor detonador de un desarrollo regional de tipo integral e inclusivo. Establecimiento de auditorías periódicas por terceros autónomos. En cada caso, la libre y democrática aceptación de los pueblos para la operación minera en sus territorios.
Exigir por todos la certificación de una minería responsable –principalmente los gobiernos en sus distintos niveles– garantizará evitar la presencia de empresas mineras que traigan a Guerrero una mentalidad e intencionalidad depredadora y de rapacidad económica.