La política mexicana vive en el escándalo y del escándalo. Entre los numeritos más recientes destaca la denuncia contra Rafael Moreno Valle por espionaje. Sí, se le acusa de espiar ni más ni menos que al presidente Enrique Peña Nieto y a cuatro secretarios de Estado: José Antonio Meade, Luis Videgaray, Rosario Robes y Miguel Ángel Osorio Chong (¡machetazo a caballo de espadas!).
De acuerdo con la denuncia presentada en la PGR, se acusa al ex gobernador poblano de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones, acceso ilícito a sistemas y equipo informático, amenazas y lo que resulte. El denunciante es Rodolfo Raúl González Vázquez, quien trabajó 11 años para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia mexicana de espionaje.
También se acusa a Moreno Valle de espiar a César Yáñez, de Morena, y a panistas y ex panistas como Ricardo Anaya, Margarita Zavala y hasta Martha  Sahagún, lo que no resulta extraño, pues ya se sabe que los sistemas de espionaje, desde la más rancia antigüedad, ponen su atención principal en los más cercanos, donde generalmente reside el mayor peligro.
González Vázquez, el espía confeso y ahora denunciante, recibió capacitación del Mossad, el órgano de espionaje del Estado de Israel, considerado uno de los mejores e incluso el mejor de la especialidad. Al respecto cabría preguntar si el enorme gasto que significa capacitar a un elemento del Cisen es para que finalmente esa preparación quede al servicio de un particular. Lo menos que se le puede exigir al Estado mexicano es impedir que los espías gubernamentales se conviertan en delincuentes.
Otros involucrados en la vigilancia ilícita son Roberto Rodríguez y Eukid Castañón, diputado federal panista y operador de Moreno Valle que el año pasado fue señalado por el diario Reforma como responsable de esa tarea ilegal, lo que por supuesto negó.
Que Moreno Valle espiara a sus colaboradores, incluido el actual gobernador poblano Antonio Gali, resulta normal en esa lógica de controlar primero que nada a quienes están más cerca, lo que incluye a otros panistas con quienes compite por la candidatura presidencial. Incluso es lógico que buscara información comprometedora de los priistas que quieren habitar en Los Pinos.
Lo francamente desmesurado es espiar al presidente de la República, pero ya encarrerado el ratón… Sin embargo, de confirmarse la acusación, quedarán muy mal parados quienes se supone que cuidan al jefe del Ejecutivo federal, pues habrían resultado incapaces de impedir la intercepción telefónica. Los salvará, en todo caso, el que no se procese a Moreno Valle, pues de hacerlo, mucha y muy delicada información podría darse a conocer en perjuicio de encumbrados personajes, aparte de que se pondría al país en una situación altamente vulnerable al revelarse asuntos de orden estratégico.
Lo ridículo del asunto es que la tecnología adquirida para el espionaje haya costado en 2013 apenas 3 millones de dólares, mucho dinero para un mexicano cualquiera, pero que con cargo al presupuesto de Puebla explica el porqué del endeudamiento brutal en que dejó Moreno Valle a la entidad. Al equipo adquirido se le conoce como CSM 7816 y puede detectar e intervenir  celulares en un radio superior a los cinco kilómetros. Otro equipo adquirido con la misma finalidad en 2014 fue el llamado sistema Hunter, que no debe ser barato.
Para hacer el trabajo se integró un equipo dirigido inicialmente por otro ex agente del Cisen, Joaquín Arenal Romero, a quien sustituyó el citado González Vázquez. Los puestos de vigilancia se establecieron en la ciudad de Puebla (uno de ellos cerca del comité directivo estatal del PRI) y en el Distrito Federal, en la llamada Torre IUSA, donde por alquiler anual y mantenimiento de un piso se pagó un cuarto de millón de dólares.
Por supuesto, Moreno Valle se dice inocente y Miguel Ángel Osorio Chong ya prepara el agua bendita, pues prometió que se aplicará la ley al ex mandatario poblano si se comprueba que es culpable, y si no, pues no. Mientras tanto, quedan los ciudadanos expuestos a que cualquiera se inmiscuya en su intimidad y México, que todavía es un Estado, se mantiene en riesgo de que otros Estados conozcan lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en la esfera gubernamental y en las grandes empresas. Y el procurador durmiendo, ajeno a lo que pasa, y así –o precisamente por eso– lo quieren nombrar fiscal general.