Convengamos que la 4T aún con todo el apoyo popular acumulado apenas está haciendo caminar al viejo y reumático elefante que conforman las instituciones, por eso los cambios que todos queríamos para ayer son lentos y solo a cuentagotas llegan a las entidades de la república, pues en ellos el mayor obstáculo para disfrutar de eso cambios son los propios gobiernos del PRI y del PAN quienes mantienen el estado de cosas contra las cuales votó la mayoría de los mexicanos en las pasadas elecciones de julio del 2018.
De ahí que a esos gobiernos opositores les parezca un despropósito de su gestión dejar a un lado la política de privilegios a que han estado acostumbrados, por otra en la que destaque la austeridad para evitar el endeudamiento cuyas tasas de interés hacen eterno su pago a costa del bienestar de la población.
Gobierno rico con pueblo pobre es la realidad que ellos no están dispuestos a cambiar pues ¿de que otra manera marcan distancia entre gobierno y gobernados para seguir con la farsa de que la política es asunto solo de iniciados? Por eso es que no reparan en gastos para mantener el buen ánimo entre sus partidarios que les ayudan en los congresos para aprobar las leyes de ingresos, el presupuesto y los informes correspondientes.
Quizá algunos no vean en la conducta de los gobiernos opositores a la 4T un efecto negativo en el ánimo de los ciudadanos que pensaron que todo cambiaría en los estados de manera automática a partir del uno de diciembre del 2018, pero esa situación será la que puede marcar el cambio que se espera en las elección del año próximo.
Por eso la importancia de hacer claridad entre el electorado de que será en la elección de gobernador o gobernadora la oportunidad esperada de promover que los cambios de la 4T bajen al estado y también a los municipios para ver que los principios de la 4Tse apliquen en nuestro territorio: que los apoyos del gobierno del estado lleguen a los beneficiarios de manera directa, que los servidores públicos se conduzcan cercanos a la gente sin prepotencia, marcando bien la raya que los separe no solo de las prácticas corruptas, sino de los intereses del crimen organizado que en algunas partes lo han sustituido completamente.
Que no haya más justificaciones de los gobiernos municipales que han probado en su provecho la alianza con criminales dizque para combatir criminales, como si la verdad de que el fuego no puede combatirse con el fuego se hubiera descubierto apenas ayer.
Por eso un gobierno de izquierda en el estado debe enfocarse en renovar todo el aparato burocrático para combatir en serio a la corrupción cuya práctica forma parte de la normalidad y ya a nadie sorprende.
Si no fuera por los desfalcos al erario algunos casos de corrupción en organismos públicos y descentralizados moverían a risa como el que conocí de una dependencia estatal abocada a la enseñanza agropecuaria.
Resulta que el personal de uno de sus centros de enseñanza que trabaja al cuidado del ganado se había organizado como cooperativa para garantizarse sus ingresos en una época de restricción del subsidio por el que dejaron de pagarles.
Y así vivieron muchos años aún, cuando la situación de sus quincenas se regularizó.
Al paso del tiempo los trabajadores comenzaron a ser productivos y afamados en los pueblos vecinos por la calidad de sus productos llevados al mercado para beneficio de la gente local.
Nadie sabía que ellos se repartían los ingresos de las ventas sin informar a las autoridades centrales y menos que se les había ocurrido repartirse entre ellos los beneficios de la comercialización hasta que algún funcionario revisó las cuentas que no reportaban ningún ingreso ordenando una auditoría.
Cuentan que casi linchan a los auditores por pedirles cuentas sobre algo que ya consideraban de su propiedad.
Cuentan que a las autoridades les costó mucho trabajo convencer a la base laboral de que era ilegal lo que hacían, que era un robo disponer del dinero público aunque se repartieran equitativamente las ganancias.
De esos ejemplos se pueden llenar páginas, pero como de lo que se trata es de combatirlos, se necesita pensar en que el nuevo gobierno integre un equipo que además de ser plural e incluyente incorpore a mujeres y hombres con formación y carácter, compromiso y responsabilidad, dispuestos a enfrentar presiones de toda índole para imponer mediante el ejemplo el perfil característico de un gobierno de cambio, (no robar, no mentir, no traicionar y defender con entrega los intereses populares).
No está demás decir que una mujer de izquierda como gobernadora sería toda una aportación de Guerrero a la transformación del país y el mayor reconocimiento a su sacrificio y esfuerzo por su responsabilidad de mantener a flote los hogares soportando la violencia, el mal trato, la escasez.
Qué mejor que una mano tersa conduciendo la política del estado con servidores públicos que no contradigan los principios característicos de la izquierda dejando de lado a los machos, los violentos, los golpeadores y racistas.
Para que el desarrollo del estado se haga realidad su gobierno debe secundar al federal
promoviendo la más amplia coordinación para dar resultados, enfocándose en la construcción de la paz como un ambiente necesario para que todos puedan desarrollar sus iniciativas y capacidades.
Debe retomar la responsabilidad exclusiva de la seguridad pública en todo el territorio estatal coordinándose con el gobierno federal y la policía comunitaria que por derecho existe en los pueblos originarios.
En el campo de la economía es valioso lo que ha propuesto Julio Voltvinik de recuperar la autodeterminación superando el mito de que el mercado es el que conduce el desarrollo asumiendo desde el poder la tarea de promoverlo.
Por eso es importante generar el ambiente de paz que permita a los guerrerenses utilizar su energía y creatividad para crear sus propias empresas con el apoyo e incentivo del gobierno.
El dato del autoempleo que pone a nuestro estado en el segundo lugar nacional con más del 70 por ciento de la mano de obra autoempleada habla del enorme potencial de los guerrerenses en esa materia y de la urgencia de vigilar que todos y todas disfruten de la ventajas de la ley.