Resulta estimulante que el movimiento feminista crezca y se expanda por todo el país, que se levanten más voces en favor de la igualdad de género y de respeto en todos los órdenes hacia las mujeres, las que han salido a marchar en varias ciudades del país, sobre todo ahora por el asesinato de la joven Debanhi Escobar, crimen que las autoridades se empeñan en minimizar y, lo que es peor, en negarlo mediante las más peregrinas hipótesis que se traducen en el consabido “ella se lo buscó”.
Lamentablemente, mientras se eleva la conciencia femenina se recrudece la brutalidad contra ellas y aumentan los abusos, las violaciones, las “desapariciones” y los feminicidios sin que el asunto parezca preocupar a los gobiernos de todo nivel, los cuales, a manera de consuelo, ofrecen un cúmulo de estadísticas dudosas y le siguen cargando todas las culpas a sus antecesores, mismos que tienen una enorme responsabilidad en esa ola criminal, lo que no puede hacernos olvidar que es a la presente administración a la que corresponde actuar con eficacia para detener la ola feminicida.
De ninguna manera es tranquilizante que en marzo de este año se haya cometido el mayor número de violaciones desde que se lleva la cuenta de este delito. El Estado de México figura a la cabeza de ese conteo con 819 casos, seguido de la ciudad de México, donde se denunciaron 589 y luego, en orden descendente, Nuevo León con 354, Chihuahua 327 y Guanajuato 226. Lo anterior se dio a conocer en cifras absolutas, pero si se hiciera en porcentajes aparecerían en los primeros lugares estados con menos población.
Otro hecho alarmante (o que debiera serlo) es que en México resulte tan común el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, quienes antes, en la casa, en la escuela y en el trabajo son sometidas a una permanente discriminación y agresiones verbales o físicas que pretenden devaluarlas o, peor aún, llevarlas a asumirse como seres inferiores. Así de intensa puede ser la permanente y agresiva discriminación contra ellas.
Las autoridades insisten en que el mayor número de violaciones se cometen en la esfera doméstica. Es dudoso, porque la violación es un delito que no en todos los casos se denuncia y muchas mujeres victimadas prefieren no hacer público que lo sufrieron. Lo cierto y comprobable es que hace años que una mujer que camine sola por las calles se expone a la violencia masculina.
La situación de las mujeres se ha complicado con el cierre de guarderías y la supresión del horario ampliado en las escuelas. Según declaró la secretaria de Educación Pública, la profesora Delfina Gómez, se trata de medidas adoptadas “por una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador”, esto es, por el presente gobierno, no por sus antecesores neoliberales.
Otro hecho que muestra la discriminación jurídica que sufre la mujer la ofrece el caso del aborto, tipificado como delito en 25 de las 32 entidades federativas, pese a lo dictado por la Suprema Corte. Se trata de una aberración que prohíbe a la mujer disponer de su cuerpo, porque un embrión o un feto no son propiamente personas, aunque así lo dicten los ministros religiosos o la mojigatería de gobernadores y diputados locales y federales.
Una actitud que priva en el sector público es que, por ejemplo, los cuerpos policiacos no se sienten obligados a implementar medidas para contener el fenómeno de la violencia de género. Las mujeres policías disfrazadas con ropa “provocadora” sólo se da en las series de televisión. No se cuenta con estrategias para contener y abatir los delitos de género.
Por lo demás, cuando las agraviadas intentan presentar una denuncia, se enfrentan a la desconfianza, la burla o el maltrato del Ministerio Público, las delegaciones carecen de médicos legistas y, cuando los hay, no suelen ser amables con las víctimas. Si algo faltara, los jueces son con frecuencia otro factor que hace de la justicia más que un laberinto, un callejón sin salida.
Urge una estrategia nacional en favor de la igualdad de género y contra la violencia que se ceba en las mujeres. El Estado tiene la responsabilidad mayor, pero el cambio de mentalidad debe empezar en los hogares, desde ya.