La televisión mexicana presentó el video del interrogatorio de varios integrantes de Los Zetas, grupo de sicarios del cártel del Golfo, a manos de “narcoagentes” de la AFI. Todos ellos exhibían rastros de haber sido torturados, y se muestra la ejecución de uno de ellos con una pistola de 9 milímetros (aunque esta última escena fue suprimida en la proyección de los noticiarios).

Luego de la transmisión de este video, la PGR informó que tenía tiempo investigando el caso y que ocho elementos de la AFI habían sido detenidos por este delito. Al parecer los agentes involucrados estaban trabajando para el cártel de Sinaloa, enemigo acérrimo del cártel del Golfo.

Las ejecuciones entre los distintos bandos que se dedican al tráfico de droga han dejado de ser noticia hace tiempo. Lo que sí es nuevo es la puesta en escena de esta ejecución para “beneficio” de los televidentes. El cártel de Sinaloa ha decidido convertirse en productor de televisión y filtrar a la opinión pública este video para impulsar una agenda que sólo podemos vislumbrar, pero que pone los pelos de punta. Los sicarios relatan, casi como si se ufanaran, los asesinatos y las tareas de reclutamiento que realizaban en el Ejército y las policías.

Resulta obvio que las sesiones de tortura se habían realizado antes, y que las grabaciones fueron frases acordadas con los propios verdugos. Como ha señalado el subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, se observa que luego de cada respuesta las víctimas desvían la vista de la cámara buscando el rostro de aprobación de alguien que se encuentra a la izquierda del lente.

En realidad los cuatro Zetas fueron levantados en Acapulco, Guerrero, y no en la frontera, como se relata en el video. Se trata, en efecto, de miembros procedentes de Tamaulipas, pero que se encontraban en el puerto como parte de los contingentes del cártel del Golfo que disputa con fiereza el control de este campo de batalla al cártel de Sinaloa. De hecho, los AFI involucrados están adscritos a la zona de Acapulco, que se ha convertido en el centro estratégico para el control de las rutas del tráfico en el Pacífico.

Todo indica que el cártel de Sinaloa aprovechó este ajuste de cuentas para difundir a las autoridades y a la opinión pública información que conviene a sus intereses. De ahí la pregunta inicial: “¿Qué vinieron a hacer a Nuevo Laredo?”, lo cual permite atribuir a sus contrarios varias ejecuciones particularmente repudiadas como las de la periodista de radio Guadalupe García Escamilla y del empresario que duró sólo unas horas como jefe de la Policía de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez.

Resulta muy preocupante la filtración, según el testimonio de los sicarios, de que la conductora García Escamilla fue ejecutada porque ya no quiso seguir trabajando para el cártel del Golfo. Según esa versión, ella era responsable de atajar información que pudiera perjudicar a los narcos, pero las dificultades para cobrar o el creciente riesgo en el que se encontraba la llevaron a desertar, lo cual provocó su “liquidación”.

Esta acusación es sumamente grave. Hay una alta probabilidad de que sea falsa, y que no se trate más que de una maniobra maquiavélica sumamente sofisticada. En este momento hay docenas de periodistas amenazados por las bandas de narcotraficantes en todo el país. Pese a que algunos han sido ejecutados, hay muchos colegas que resisten la presión, y continúan la cobertura de estos temas. Viven con el temor de saberse acechados, pero saben que la única manera de evitar que el crimen organizado se apodere de los aparatos de seguridad de su ciudad es mediante la denuncia y la exhibición de las corruptelas.

El narcotráfico no teme tanto a la información sobre los capos o el cártel (“todo el mundo” sabe quiénes son), sino a la revelación de sus redes de protección en el Ejército y en las policías. Dependen de esas redes para operar. De ahí que los periodistas que cubren estos temas resultan un verdadero dolor de cabeza para los narcos, y en los últimos años han acrecentado amenazas y operativos para silenciarlos.

Es poco probable que hubieran asumido el alto costo que representa atraer los reflectores por asesinar a Guadalupe García, simplemente porque ya no quiso trabajar con ellos. Es mucho más factible suponer que corrieron el riesgo de liquidarla por el temor a las coberturas que ella estaba realizando. La información que poseen los organismos de defensa de periodistas es que la locutora realizaba un trabajo de difusión incómodo para los capos y la policía corrupta, y que había recibido ya amenazas de muerte por parte del crimen organizado.

Representaría un golpe moral enorme para los periodistas que rechazan los sobornos y se juegan la vida todos los días, enterarse de que su sacrificio puede ser en vano, y que los capos pueden destruir su reputación con el simple expediente de filtrar datos espurios. Contra eso no hay defensa. Lo mismo podría decirse de algún policía honesto que se niegue a transar con los delincuentes. Basta que un capo detenido afirme que lo tenían en su nómina para que su reputación quede dañada de por vida.

El video transmitido muestra la sofisticación que han adquirido los cárteles y la manera en que han calibrado a los medios de comunicación y su adicción a los videos filtrados. No podemos permitir que el testimonio de delincuentes sea transmitido a la opinión pública para dañar a terceros, sin investigaciones de por medio. Ya es demasiado grave que los políticos nos estén utilizando para destruirse unos a otros con la filtración de sus infamias, como para ahora convertirnos en transmisores de producciones de Narcotv. Nuestra adicción al escándalo nos ha convertido en rehenes de las zonas más oscuras de la sociedad. Urge un código de ética profesional.

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