Los acontecimientos de los últimos días muestran rotunda y claramente que, en política, economía y en la vida misma, nada ni nadie la tiene segura, y la soberbia es el peor pecado o defecto humano; nadie debiera caer en esa tentación, menos los exitosos.
Ahí están varios ejemplos vivos y recientes de que la soberbia es muy mala consejera. La sorpresiva captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional el pasado sexenio, acaparó la atención de los medios en los últimos días y no es para menos, se trata del personaje del más alto nivel en el gobierno mexicano que, hasta hoy, haya enfrentado un juicio acusado de narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo con todas las informaciones respecto a su captura en Los Ángeles, California.
Otro testimonio de que la soberbia mata es la derrota de Morena en Coahuila e Hidalgo, una alerta estruendosa respecto a su desorganización, división interna y nulo trabajo partidista, no sólo en esos estados sino en toda la República.
La soberbia y las omisiones se pagan y muchos creen que los morenistas están confiados en el trabajo y el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha advertido que el egoísmo y los intereses personales son el principal riesgo de Morena.
El problema es que no sólo pierde Morena, sino se lleva entre las patas a la 4T y a la esperanza que muchos depositaron (y mantienen) en AMLO.
Sin duda el mayor escándalo fue la captura del ex secretario de la Defensa Nacional y entre otras muchas hipótesis que ya circulan, se escucha la de que puede tratarse de una de las estrategias del presidente Trump para reelegirse, dado que las encuestas no le favorecen y la jornada electoral es inminente. La aprehensión de un supuesto narcotraficante de altos vuelos lograría, en esa versión, redituarle votos que podrían ser definitorios a la hora de hacer las cuentas de los sufragios.
Sin embargo, los cargos contra el destacado militar mexicano a quien se endilgó el mote de “El Padrino”, están poco claros; en las próximas semanas y meses tendrá que desarrollarse el juicio, socializarse la información y esclarecerse las acusaciones. De ser comprobadas, tendremos una dimensión más exacta de hasta dónde las estructuras del poder en México fueron vencidas por la corrupción y la delincuencia en los anteriores gobiernos. La aprehensión al inicio del año de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, abonaría en ese sentido. Por lo pronto, lo obligado es atenerse a la presunción de inocencia y esperar a conocer los elementos del proceso.
Lo cierto es que, por encima de los casos específicos, la situación de violencia e inseguridad que prevalece en buena parte del territorio nacional, se originó en el crecimiento de la actividad del crimen organizado a lo largo de muchos años, el cual nunca habría alcanzado la relevancia que tiene en la actualidad, de no mediar pactos y complicidades con las autoridades que debieran proteger a la sociedad.
El narcotráfico y la rivalidad de las bandas de criminales, por ejemplo, se ha mencionado como el trasfondo de los hechos aún no esclarecidos en Iguala hace seis años, donde desaparecieron presuntamente asesinados 43 normalistas de Ayotzinapa.
En Guerrero, la delincuencia organizada ha generado un clima de violencia que hemos padecido desde hace varios lustros en el que los gobiernos se han achicado y achicado. El asesinato de un periodista en esa ciudad, seguido de amenazas a otros comunicadores y de ataques a las sedes de medios de información, ha causado las protestas del gremio en Iguala, en Chilpancingo y en Acapulco, pues por un lado a estos agravios se les relaciona con las investigaciones sobre el ya añejo tema que involucra a los informadores.
En el quinto Informe del gobernador Héctor Astudillo prevaleció un estado color de rosa, lejos de la narración de la realidad que viven los guerrerenses, agravada ahora, en los últimos meses, por la pandemia del Covid-19, que puso en claro el insuficiente e ineficiente sistema de salud pública y resquebrajó, aún más, la economía no sólo de miles de familias, sino del estado todo.
Como es habitual en estos ejercicios, el balance presentado por el mandatario estatal es de un notable optimismo. Según las cuentas de Astudillo, en cinco años de su gobierno se ha mantenido la paz laboral con la tasa de desempleo más baja del país, recuperando más de 3 mil empleos perdidos por la pandemia, además se ha mantenido una importante afluencia turística y una captación de inversión por más de 67 mil millones de pesos en el sector inmobiliario, los cuales impulsan la economía, los empleos y el desarrollo del estado.
Y en materia de seguridad, dijo, los indicadores van a la baja: en homicidios, feminicidios y secuestros, rubros en donde Guerrero ha dejado de estar a la cabeza o en los primeros lugares de la tabla nacional; hoy estamos a la mitad en la clasificación, en algunos rubros incluso por debajo del promedio.
Es probable que las cifras gubernamentales parezcan “cuentas alegres”. Tiene el beneficio de la duda y de que los indicios ya no son tan negros.
En cualquier forma, hacer retroceder a la delincuencia organizada que, dentro y fuera del gobierno, controla el narcotráfico y otros ilícitos, es tarea que apenas empieza. Sin duda alguna la mayor sorpresa de los últimos días fue el involucramiento del ex secretario de la Defensa Nacional en delitos de tal magnitud, lo que confirmaría la hipótesis de que México vivió (o padeció) el “narco-estado”. Ojalá y sólo fuera la campaña electoral de Donald Trump, a quien se ha visto desesperado, pero la realidad se desborda y desvela que los últimos tres gobiernos mexicanos, dos del PAN y el último del PRI con Peña Nieto a la cabeza, son los claramente responsables del desastre de México.
Ojalá la soberbia no sea pandemia como el Covid-19.