EL-SUR

Sábado 20 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

“Nada podría ser peor que un regreso a la normalidad”

Silvestre Pacheco León

Abril 20, 2020

Tomé de la escritora y activista por los derechos humanos y la ecología de India, Arundhati Roy el título de este artículo que leí de su texto publicado el 2 de abril en La Jornada en el que expone la situación tan grave y extendida desigualdad y pobreza de su país, agudizadas por el viejo sistema de castas y las divisiones generadas por el fanatismo religioso, y concluye deseando que la crisis del coronavirus y lo que resulte de la cuarentena forzosa haga imposible un regreso a la “normalidad”.
Su libro más conocido, El dios de las pequeñas cosas, la confirmó como una escritora capaz de trasmitir de manera poética la cruda realidad de su país, una de las potencias mundiales en productos químicos, acero y sofware, con crecimiento económico anual superior al 6 por ciento, con una desigualdad tan aterradora que hace dos años se informó que de los 600 millones de niños y niñas en el mundo que viven en pobreza, se estima que alrededor del 30 por ciento son de India.
La escritora comenta en su artículo el drama de su país que ahora tiene a sus millones de pobres confinados en sus casas por una decisión arbitraria de las autoridades, tomada de un día para otro, sin información previa, supliendo su falta de previsión para enfrentar la epidemia, sin tomar medidas para asegurar el abasto de su gran población de pobres que viven mayoritariamente en las calles y ahora se hacinan en las chabolas con el enorme riesgo de contagio que conlleva.
Por eso Arundhati como muchos intelectuales plantea la necesidad de una ruptura entre la “normalidad” que vivíamos antes de la pandemia y la realidad que la propia crisis ha descubierto en cada país donde el capitalismo ha dado clara muestra de que el libre mercado está incapacitado para garantizar la vida y el ambiente sano de sus habitantes.
En México, nadie que no pertenezca a la minoría privilegiada (el uno por ciento de la población es dueña del 40 por ciento de la riqueza, según la información de Oxfam, publicada en enero por El Economista) desea que después de la epidemia volvamos a ser como antes. Porque hemos tenido suficiente tiempo en la cuarentena para entender que ese tren del sistema capitalista en el que vamos todos corre sin freno rumbo al precipicio.
Solamente quienes son dueños del capital pueden estar pensando en plena crisis que son más importantes sus empresas que la vida de los miles de pobres (en la mitad del presente mes se informó que el 32 por ciento de las empresas permanecían operando a pesar de no ser esenciales). Los dueños, lejos de cerrarlas y mandar a cuarentena a los empleados con el pago de su salario adelantado no les importa exponerlos el riesgo de contagio masivo que corren con tal de que sus ganancias no se detengan, pues seguramente ellos y sus familias están a buen resguardo.
Una de las contradicciones más crueles que ha descubierto la crisis actual es la actitud de los gobiernos pasados, los cuales en caso de crisis acudían siempre al rescate de los patrones con créditos conseguidos en el exterior a cargo de los propios trabajadores.
Por eso ahora no conciben el cambio y lloran mirando que el gobierno destina entre los pobres el presupuesto que necesitan para sobrevivir y que antes a ellos les regalaban.
Por eso reclaman indignados que la economía peligra, que el PIB caerá, que se perderán los empleos. Mientras que durante años fue su modelo económico el que acabó con la vida en el campo y provocó la mayor de las dependencias y la emigración masiva (hay en Estados Unidos más de 38 millones de mexicanos, de los cuales están muriendo en Nueva York paisanos nuestros en las peores condiciones de exilio que dejarán desamparadas a sus familias que vivían de las remesas mensuales).
En esta situación de crisis en la que escasean los recursos económicos don Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura Federal ha puesto en la mesa de discusión el asunto del Fobaproa y su necesaria cancelación para poner a disposición del gobierno los recusos que desde el gobierno de Ernesto Zedillo los trabajadores mexicanos han estado pagando en beneficio de los banqueros.
Como se sabe, el rescate que pagó a su favor el gobierno de México se hizo para que los pobres banqueros pudieran sobreponerse de la crisis económica mundial de 1994. Para que no cayeran en la bancarrota obligados a vender sus activos para pagar los ahorros de sus clientes el gobierno los rescató violando los propios preceptos constitucionales, lo cual constituye un argumento legal para cancelar dicho fondo al que se aportaron 180 mil millones de pesos y cada año se pagan, nada más de intereses 50 mil millones de esa deuda que si no se cancela ahora será eterna.
¿No sería justo que esos cien mil pesos de deuda que cada mexicano cargará sobre sus espaldas durante muchos años se recuperaran ahora? Pues dicha fortuna alcanzaría para repartirla incluso entre los trabajadores informales para que no pasen hambres durante la cuarentena y la economía no se disloque.
Pero independientemente de esa medida que debe ser considerada como parte de la alternativa a la crisis, los patrones tienen la obligación legal de pagar a sus empleados para que se encierren con sus familias en cuarentena porque estamos en crisis. Si ponen en riesgo a sus trabajadores cometen un delito y deben ser sancionados. No hablemos de su obligación moral ni de la solidaridad que deben a sus empleados porque no conocen esa palabra.
Pero como dice el presidente, los patrones no tienen llenadera, por eso frente a la crisis del coronavirus exigen nuevo rescate. No quieren parar sus fábricas porque para ellos el tiempo es vital. Su vida depende del flujo de ganancias que generan sus trabajadores, y ni por eso piensan en ponerlos a salvo de la epidemia. Su vida no les importa porque para eso está el ejército de desempleados que ellos mismos han fabricado como reserva para reemplazar a los muertos.
Por eso nadie debe estar pensando en que después de la crisis volveremos al México desigual y de privilegios para los ricos. Ninguna concesión deben tener los dueños del capital que se han enriquecido a través de la corrupción y falta de escrúpulos, y menos en una situación como la crisis que ahora vivimos.
En adelante queremos ver que se realicen las promesas transformadoras del gobierno federal que no debe temer a sus opositores porque sabe que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo.
Que haya salud y bienestar para todos y que por fin llegue la felicidad para el pueblo después de tanto sufrimiento que ha vivido.