Un terrible flagelo social azota a niños, adolescentes y jóvenes en todas partes, sobre todo en las ciudades: la adicción a las drogas, que tiene detrás de sí una larga cadena de crímenes y complicidades. Un eslabón de esta cadena es el narcomenudeo que se ha ido construyendo a la vista de todo el mundo y de las mismas autoridades. Por lo que toca a la ciudad de Acapulco, la gente da cuenta de puntos de distribución, generalmente, disfrazados de tiendas de abarrotes en las colonias populares, pero también en las calles y en las playas, regenteados impunemente desde hace mucho tiempo.

Sabemos que la Procuraduría General de la República, reconociéndose rebasada e incapaz, está estableciendo una estrategia de combate al narcomenudeo en la que está prevista la colaboración de las autoridades estatales, es decir de la Procuraduría de Justicia del Estado. En teoría, este paso parece necesario e imprescindible para poder abatir los pequeños y grandes puntos de distribución de cocaína y mariguana. Las respuestas de la autoridad federal necesitan ser respaldadas por las autoridades locales para poder hacer mas eficaz este esfuerzo. Pero, en la práctica, otra cuestión se presenta.

Hay que decir que los puestos de narcomenudeo son visitados con mucha frecuencia por policías de las más variadas corporaciones quienes, al mismo tiempo, son clientes y brindan protección a los vendedores de drogas que se sienten cobijados por un mágico manto de inmunidad ante la ley. La gente tiene miedo de denunciar a estos narcocomerciantes porque percibe que están aliados con la autoridad que debiera perseguirlos. Y mientras, este cáncer crece causando graves daños a niños y jóvenes con las grandes secuelas de delincuencia que la drogadicción implica.

No somos pues muy optimistas ante el hecho de la colaboración de nuestros policías estatales en el combate al narcotráfico. De hecho, la gente no denuncia este delito porque ve a la policía más como factor que como solución del problema, y mientras no se demuestre lo contrario la venta de drogas al menudeo en nuestras calles seguirá creciendo.

Se hace necesaria una verdadera decisión política al respecto, que tendría que pasar por limpiar la imagen de las instituciones gubernamentales implicadas, como son Procuraduría de Justicia del Estado, los ministerios públicos y la Policía Judicial del Estado para que la sombra de la desconfianza vaya desapareciendo. Y la sociedad no percibe aún esta voluntad política en el gobierno del estado. Y esto es trágico. Los intereses económicos y políticos están detrás, y han de ser muy fuertes.

Se habla de promover la denuncia anónima que proteja a quienes se atreven a denunciar este delito. Hay que hacerlo. Pero la gente necesita información, necesita saber el procedimiento que sea eficaz y, a la vez, asegure el anonimato. La sociedad necesita confianza e información para participar de manera decidida en una estrategia que frene y reduzca este perverso negocio que mina la salud, no sólo de nuestros jóvenes, sino la misma salud social, seriamente amenazada. Romper el eslabón del narcomenudeo no abate el problema pero sí puede frenarlo. Hay otros factores que están de por medio en una solución integral. Pero, no obstante, el desafío está ahí.