METALES PESADOS

Los días 9 y 10 de enero, en una conferencia de prensa –y luego en su respectivo comunicado– el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunció que en esas últimas 72 horas se habían reportado un total de 36 agresiones de armas de fuego contra las comunidades de Yeton, Xuxchen, Chivit, Juxton, Cocó, Stzelejpotobtik, Tabac y la cabecera municipal de Aldama, Chiapas. A decir del Frayba, “los reportes informan que todos los disparos provenían de diferentes puntos de la comunidad Sector Santa Martha, Chenalhó”.
Existe un contexto de guerra paramilitar constante de baja intensidad en Chiapas. Ocurre con especial periodicidad en los últimos meses, aunque no esté en el radar de los medios de paga ni, mucho menos, en las conferencias matutinas de Palacio Nacional. El día 9 de enero, por nombrar el caso más reciente, fue herido por un arma de fuego Javier Hernández de la Torre, indígena tsotsil poblador de Aldama. Como lo denunció el Frayba en su comunicado, “los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 horas, en la comunidad de Tabac, mientras él y su familia se dirigían a sus labores del campo. Su esposa e hijos resultaron ilesos del ataque”. Los disparos prvinieron según los reportes del sitio conocido como Telemax, en Santa Martha, Chenalhó.
La escalada de violencia que han padecido las comunidades de Aldama, Chiapas, ha cobrado niveles intolerables, al igual que en muchas otras de esa región del país (lo que se ha venido denunciando en esta columna).
Es por ello que en una “acción urgente”, el Frayba hizo un llamado al Estado mexicano a cumplir con las acciones de prevención y protección hacia los habitantes del municipio de Aldama, tal y como se indica en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y es que después de la primera agresión han continuado los ataques con arma de fuego contra las comunidades de Tabac, Juxton, Chivit, Xuxchen y Stzelejpotobtik. Los pobladores temen por su vida al no hallar tregua en el acoso paramilitar que sufren sistemáticamente.
El pasado 15 de diciembre de 2021 –explicó el Frayba– la CIDH manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con el propósito de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).
Mientras tanto, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador parece no tener oídos ni la menor sensibilidad para un conflicto de antaño que el propio EZLN ha denunciado como a punto de convertirse en guerra civil contra las comunidades indígenas por la tremenda escalada de violencia de los útlimos tiempos en la región.
Por su parte, en un comunicado publicado este 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció que pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México, participantes en el CNI, han interpuesto 17 amparos en contra del decreto del presidente de la República emitido el 22 de noviembre de 2021 en el que declara las obras y proyectos del gobierno federal “de interés público y seguridad nacional”.
En palabra del CNI, este decreto pasa por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias, “violentando así los derechos de nuestros pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos que, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos, posibiliten un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales”.
Estas denuncias de los pueblos organizados contra los megaproyectos se dan en una ola de despojo capitalista de territorios y recursos como pocas veces se ha visto en México. Y no es casual que, tanto en el caso de las labores contrainsurgentes de grupos paramilitares hacia los pueblos regidos por la autodeterminación de sus vidas comunitarias en el sureste, como el recrudecimiento de la violencia del narco solapada por los gobiernos del norte del país, coincidan todas en un solo proyecto común: la diseminación de una pedagogía del terror contra la población y la final perpetuación del necrocapitalismo que hoy administra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.