La necropolítica en México no es más que la administración de la muerte como modelo de negocio promovido por los gobiernos capitalistas que se han asumido tanto de derecha como “progresistas”.
El filósofo camerunés Achille Mbembe desarrolló un concepto certero y perturbador para entender las formas contemporáneas del poder: la necropolítica. Si para Michel Foucault el poder soberano moderno se caracterizaba por decidir cómo y dónde vive la población, Mbembe da un giro al señalar que la expresión última de la soberanía reside en el poder de decidir quién debe morir y quién puede vivir. Esta institucionalización del homicidio no es un acto de barbarie primitiva, sino una tecnología de gobierno que se perfecciona en los espacios poscoloniales. Traer este concepto a la realidad mexicana no es una exageración, sino una herramienta necesaria para diagnosticar la maquinaria de despojo y violencia que ha convertido regiones enteras del país en lo que Mbembe denominó “mundos de muerte”: espacios donde vastas poblaciones son sometidas a condiciones de vida que les confieren el estatus de muertos en vida.
En México, la necropolítica no opera de manera abstracta sino a través de una alianza estructural entre el poder político, los intereses económicos y las organizaciones criminales. Como señala la investigadora Ariadna Estévez, esto configura un “Estado criminal”, una fusión donde el poder estatal se entrelaza con actores ilegales, dando como resultado instituciones y políticas dedicadas a la administración de la muerte. El objetivo último de esta simbiosis es la reproducción de la acumulación ilegal de capital. Bajo esta lógica, la violencia extrema descrita por la filósofa mexicana Sayak Valencia como “capitalismo gore” se revela no como un exceso caótico, sino como el método racional de una economía que encuentra en la muerte y el despojo su negocio más rentable. Esta máquina se alimenta de la precarización de la vida, donde diversos sectores de la sociedad son obligados a existir en un estado precario, sometidos a diversas formas de violencia que funcionan tanto como mecanismo de control como distorsionada forma de supervivencia en estos mundos de muerte.
El rostro de este necropoder se manifiesta, en primer lugar, en el control territorial y la economía ilegal. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus negocios más allá del narcotráfico. Hoy ejercen un necropoder sobre territorios enteros, controlando la minería ilegal, la tala clandestina, el cobro de piso, el desvío de agua y tráfico ilegal de combustibles (conocido como “huachicol”). Su poder soberano no desafía necesariamente al Estado, en muchos casos lo coopta o lo reemplaza en sus funciones básicas: imponer orden, cobrar impuestos a través de la “cuota” y administrar una justicia expedita y letal. Siguiendo a Mbembe, estos actores funcionan como máquinas de guerra semiautónomas que administran la muerte como una forma de gestión territorial.
Un segundo rostro del necropoder es el despojo y el desplazamiento forzado. Las comunidades indígenas y campesinas, cuyos territorios son ricos en recursos, son el blanco principal de esta maquinaria. El despojo de sus tierras es un objetivo estratégico, no un simple daño colateral. El desplazamiento forzado de poblaciones enteras en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán es la materialización de una política que busca vaciar el territorio para facilitar su explotación por megaproyectos o economías ilegales. Esto convierte a sus habitantes en lo que Mbembe identifica como poblaciones sometidas a condiciones de vida que las convierten en “muertos en vida”, desarraigadas y despojadas de su lugar en el mundo.
El tercer rostro lo constituye la militarización como paisaje del poder. La creciente presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública crea el escenario perfecto para la operación de la necropolítica. Lejos de desarticular a los poderes fácticos, en muchos casos la militarización consolida un “estado de excepción” donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Los datos que señalan un aumento en el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas reflejan esta normalización de la violencia. La opacidad en el actuar de estas instituciones impide el escrutinio público y “gubernamentaliza” la administración de la muerte.
Frente a este panorama, la resistencia no se ha extinguido, ha mutado. Mbembe señala que incluso en los “mundos de muerte” surgen “resistencias distópicas”. En México, estas resistencias tienen el rostro de los colectivos de búsqueda que, con pico y pala, desafían la narrativa oficial y se enfrentan a la maquinaria de la desaparición forzada; de las comunidades indígenas que organizan guardias comunitarias para defender sus bosques y manantiales; de las mujeres de Ayutla, Guerrero, o de Eloxochitlán, Oaxaca, que enfrentan a los poderes que buscan despojarlas. Estas no son luchas convencionales por el poder político, sino luchas por la vida y la dignidad en un contexto donde ser abandonado a la muerte es una amenaza constante.
El pensamiento de Achille Mbembe, traído a la realidad mexicana, nos deja una conclusión incómoda: en vastos territorios del país, gobernar es administrar la muerte. La promesa moderna del Estado que garantiza la vida se ha quebrado, dando paso a una forma de soberanía perversa que extrae rentabilidad de la muerte y el sufrimiento. La “muerte lucrativa” se ha convertido en el principio organizador de una economía que depreda personas, comunidades y recursos naturales. Desmontar esta lógica exige más que políticas de seguridad, exige una reorganización radical del poder que desarticule las alianzas entre el crimen, el capital y el Estado, y que reconozca que la única soberanía legítima es aquella que decide, de manera irrevocable y desde abajo, que toda vida debe vivir con dignidad, nunca más sobrevivir y ser administrados como muertos en vida.