El vacío y la irresponsabilidad del Estado (gobierno federal, estatal y municipales) para cumplir con una de sus principales funciones que es la de dar seguridad al pueblo, la corrupción, colusión y complicidad de las autoridades con el crimen organizado, provocó que ante la privación de vidas, de la libertad, de los bienes adquiridos con años de esfuerzo, de amenazas, de zozobra y temor, en muchos lugares de Guerrero, la población se organizara y surgieran las policías comunitarias.
1.- Es en este contexto, que desde el año 2009, se promovieron diversas iniciativas para aprobar la Ley número 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la cual fue publicada en el periódico oficial del estado el 8 de abril del 2011, y con ello se legalizó la existencia del sistema de justicia indígena, en la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), su participación en el sistema estatal de seguridad pública (artículo 37 de la Ley) y a las policías comunitarias, como cuerpos de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas (artículo 6 fracción XI de la Ley).
2.- La Ley 701 señala acertadamente en sus exposición de motivos, que tiene su fundamento en tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 2º) y es reglamentaria de los artículos que protegen los Derechos Indígenas de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Al amparo de estas normas, es que muchas mujeres de Guerrero, entre ellas Nestora Salgado, indígena originaria de Olinalá, Guerrero, se decidió a luchar al lado de su pueblo, para defenderse en contra de la inseguridad, pero el gobierno en vez de reconocer su valor, determinación y lucha contra la injustica, la tiene prisionera desde el 21 de agosto del 2013, a la fecha, casi dos años y medio.
3.- Nestora es sólo un caso de centenas de indígenas que están en las cárceles en forma injusta, como ocurrió con Adriana Manzanares, indígena originaria de Tlapa, quien fue sentenciada a 22 años de prisión sin habérsele otorgado el derecho de defenderse en su lengua y después de haber permanecido mas de cinco años y medio privada de su libertad, fue liberada con daños irreparables en su persona y en su familia. Es la misma situación también de muchos luchadores sociales, de gestores de sus pueblos y comunidades que son sometidos a procesos judiciales por sus ideales y los mantienen prisioneros por motivos sociales y políticos.
4.- En el estado de Guerrero, se han aprobado en el pasado leyes de amnistía, precisamente para liberar a los presos por motivos políticos, pero fundamentalmente ha sido la lucha popular la que ha permitido la liberación de los encarcelados por motivos políticos, el cese a los perseguidos, la presentación de algunos desaparecidos, el regreso de exiliados. Hoy en el Congreso del estado, la iniciativa de Ley de Amnistía duerme el sueño de los justos, no es importante ni prioritario para la inmensa mayoría de los diputados locales que cese la injusticia que se comete con los prisioneros políticos, sus prioridades están en asuntos irrelevantes para la mayoría del pueblo de Guerrero.
5.- A Nestora Salgado, con tal de que esté el mayor tiempo posible en la cárcel, el gobierno le sigue intencionalmente un proceso judicial burocrático, ya que le van posponiendo el desahogo de pruebas, especialmente de quienes son sus acusadores, pero la privación ilegal de su libertad es una decisión injusta, como lo son los casos de los prisioneros por motivos políticos, lo cual constituye violaciones a los derechos humanos; es por ello que el gobierno del estado debe de desistirse de sus acusaciones a través del fiscal, así como de los demás guerrerenses privados de su libertad, y consecuentemente los diputados locales deben aprobar lo más pronto posible la Ley de Amnistía que permita la liberación de todos los luchadores sociales que injustamente están encarcelados.

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