“Tengan bien entendido esto los que gobiernan: cuando más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función subsidiaria (subsidiarii officii principium) del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más próspera y feliz la condición del Estado”. (Quadragésimo anno, n. 23).

Gobernar, lo que es gobernar, no es cosa para aficionados ni para ineptos. Mucho menos para obtusos ni para viscerales. La actividad política necesita lucidez y visión social, necesita inteligencia y corazón para ser ejercida con dignidad y decoro. Es una pena que muchos se metan a la política sólo para satisfacer instintos de lo más grotescos, o creyendo que se puede improvisar el servicio a la comunidad. Y los resultados suelen ser desastrosos. En Guerrero hemos padecido a gobernantes autoritarios, verdaderos caciques que sin escrúpulos se consideran dueños del destino de la gente, así como gobiernos paternalistas que han apostado a mantener infantilizada y controlada a la sociedad y a los ciudadanos, cerrándoles los cauces de participación y de responsabilidad social. En ambos casos, se trata de un infinito desprecio a la gente, a las instituciones, y a las organizaciones sociales que, después de todo, no cuentan. O cuentan, sólo en la medida en que son utilizadas y manipuladas contra sí mismas.

El caso es que un gobierno que se precie de responsable y eficaz, tiene que planear y definir cuidadosamente su actitud y su relación con la sociedad civil, manejando racionalmente el ejercicio de la autoridad. En definitiva, tiene que ser sumamente respetuoso con la sociedad en general y con toda clase de organizaciones, desde la familia hasta las organizaciones sociales y los partidos políticos. Un gobierno responsable tiene que apostar por una sociedad fuerte, por un tejido social firme y consistente como base y fundamento de la actividad política y del ejercicio de gobernar.

Este estilo de gobernar es regulado por el principio de subsidiariedad, que inspira y forja una relación respetuosa del Estado hacia la sociedad. La “subsidiariedad” protege a la persona humana, a las comunidades locales y a los “grupos intermedios” del peligro de perder su legítima autonomía y de diluir su responsabilidad social. El principio de subsidiariedad es la norma que declara la medida del ejercicio de la solidaridad. No es la solidaridad, sino la regla de su ejercicio; por solidaridad cada individuo, cada grupo, ha de ejercer su propia responsabilidad en función del bien común y sólo ha de entrar en suplencia solidaria la sociedad y los poderes públicos cuando el individuo y los grupos en que se integra no puedan cumplir debidamente con sus legítimos fines. Son inadmisibles, en este sentido, tanto aquellos conceptos que consideran la persona como un individuo aislado, guiado por su exclusivo interés, como las ideologías que defienden que la solidaridad sólo puede funcionar a través de las instituciones públicas. En el plano cívico hay que mirar la participación activa y solidaria en la construcción del bien común, no sólo mediante el ejercicio del derecho de sufragio, sino con su aportación libre y responsable, actuando individual o asociadamente.

Este principio es tan importante, en la enseñanza social de la Iglesia, que se considera como decisivo para la democracia y para la justicia social, que supone la participación de todos, ciudadanos e instituciones, para el bien común, donde cada quien da según sus posibilidades y cada quien recibe según sus necesidades. La subsidiariedad es un principio que tiene su aplicación en todos los campos de la vida y consiste en aportar sólo lo que el otro no puede aportar, ayudándolo a cumplir con sus funciones propias: da lo que sabe, lo que tiene y lo que puede al que no sabe, no tiene o no puede, mediante una relación de respeto, de justicia y de libertad. Este principio se aplica en el ámbito de las relaciones interpersonales, familiares, sociales, económicas, políticas, nacionales e internacionales.

Podríamos plantear la hipótesis de que uno de los grandes factores del atraso social, económico y político que tiene el estado de Guerrero, es la aplicación de ejercicios de gobierno viciados de origen: no respetan ni promueven a las personas, a las familias, a los sindicatos, a las instituciones educativas, a las organizaciones civiles produciendo una pulverización social, una sociedad débil manejada por un Estado supuestamente fuerte. Y decimos supuestamente fuerte porque es una evidencia social e histórica que cuando la gente, la sociedad y sobre todo, los pobres son ignorados por los gobernantes, éstos se debilitan, pierden credibilidad y legitimidad social.

Un criterio fundamental en el actual proceso electoral sería el discernimiento de las propuestas de gobierno de los diversos candidatos en cuanto al principio de subsidiariedad: ¿qué tanto pueden y deben respetar a la sociedad promoviendo, sin paternalismos ni autoritarismos un estilo que fortalezca a la sociedad civil, donde cada quien asuma las responsabilidades sociales que les toquen? Hay que pensar en un gobernador que respete plenamente a los municipios y a todas las organizaciones civiles sin fobias ni manipuleos, sino que, por el contrario, los refuerce y los respalde para que cumplan cabalmente con sus responsabilidades. Tendría que apostar por una forma de gobernar muy distinta a la tan viciada manía de construir su poder a costa del debilitamiento de la sociedad, algo totalmente antidemocrático. Tendría que renunciar a una política hecha a base de “favores” y de dádivas para mantener el control de los sectores más marginados y a una política que concentra las decisiones de manera centralista. Gobernar significaría, por tanto, promover la toma de decisiones en el seno y a favor de la sociedad, sobre todo de los más pobres y promover que cada quien se valga por sí mismo al tiempo que es subsidiado para aquello que ya no está en sus manos. La familia tiene que ser apoyada para que pueda cumplir su responsabilidad social y no sea una carga para la sociedad sino un soporte de una sociedad sana. El municipio tiene que ser fortalecido para que pueda cumplir cabalmente sus responsabilidades propias. Las organizaciones civiles tienen que ser promovidas y apoyadas para que desarrollen tareas específicas en bien de la comunidad. Las personas tienen que ser reconocidas como la gran riqueza de un sistema democrático, que tienen que ser dignificadas como condición para el desarrollo saludable de la sociedad.

En definitiva, un gobierno es más firme y eficaz en cuanto ejercita su tarea subsidiaria para que todos trabajemos por el bien de todos. Un gobierno se consolida y se legitima en la medida que ayuda a la sociedad a fortalecerse y a marcarle las pautas del mismo gobierno. Sólo entonces se manda obedeciendo.