Una de las conversaciones más frecuentes que los acapulqueños sostenemos se relaciona con la situación de inseguridad y de violencia. Hablamos y nos lamentamos de ella, como una manera de exorcizar este demonio que se ha metido por todos los espacios de la ciudad en sus diferentes formas: violencias familiar, económica, social, psicológica, verbal y, aún mediática. Desde hace más de una década, la crisis de violencia se mantiene, ésa que ha sido generada por la delincuencia organizada y sigue imparable. Hablar sobre ella nos sirve de catarsis.
Algo muy saludable es reconocerla como una realidad, tan cruda y dolorosa como aparece. Ahí está en sus variadas formas y se ha adueñado de las calles. No podemos dejar de hablar de ella porque sigue doliendo. Necesitamos ponerle atención si queremos tomar el control para reducirla al máximo pasando de los lamentos a las acciones. Pero no ha sido fácil por las implicaciones sociales, políticas y económicas que la sostienen. Los empresarios solo cuidan sus negocios, los políticos sólo cuidan su parcela de poder y los ciudadanos nos protegemos en nuestros supuestos lugares seguros.
En este contexto se dio el incidente entre la alcaldesa de Acapulco y los reporteros de los medios de comunicación el viernes pasado, cuando la primera no soportó las preguntas de los segundos acerca de las resonancias de las acciones violentas de la semana pasada, como la quema de camiones urbanos y del incendio de locales de la Central de Abasto. Por lo que se sabe, quedó un mal sabor de este incidente; un mal sabor para los reporteros, para la alcaldesa y para la sociedad misma.
La crisis de violencia que padecemos tiene más de tres lustros. A la par de las violencias ocultas que campean en muchas instituciones, están las violencias que estallan en las colonias y en las calles, además de la que se vive en las comunidades del medio rural. En tanto tiempo no han logrado reducirse al menos. Factores económicos, culturales y políticos están sosteniéndola, desde el ámbito internacional hasta el local. Y la responsabilidad del Estado está en que aún no ha habido resultados satisfactorios de sus estrategias integrales, si es que existen. Es claro que la autoridad municipal debe responder de lo que sucede en el municipio durante el tiempo que le toca gobernar.
Pero también es claro que las causas estructurales de la violencia inciden en el municipio y están fuera de su alcance. Lo que los ciudadanos no vemos son estrategias de seguridad y de paz que sean integrales y que vinculen la colaboración de todo el aparato del Estado mexicano, de la sociedad y de los ciudadanos. Las autoridades debieran reconocer que mientras no cuenten con la participación activa de la sociedad, no lograrán resultados sustanciales.
El asunto está en que esas violencias que tienen mayores impactos sociales ahí están y tienen que ser reconocidas, explicadas y afrontadas. Y hay que hablar de ellas. Querer ocultarlas solo fortalece a los actores criminales que la generan. Aquí está la responsabilidad de los medios, como voceros de los acontecimientos: investigar y visibilizar las violencias, todas las violencias, sobre todo las más dañinas. Pero no de cualquier manera.
Los medios tienen la gran responsabilidad de comunicar todo lo que sea de interés público, de la manera más objetiva. Es sabido que la objetividad absoluta en la comunicación no existe, pues todos transmitimos prejuicios, fobias e intereses, aunque de manera velada o inconsciente. Los comunicadores e investigadores saben de esto y tienen que profesionalizarse para reducir el margen de subjetividad en la información que manejan en los medios. Cuando descuidan la objetividad pierden autoridad mediática y dejan de ser referentes responsables en al ámbito de la comunicación.
La distorsión de la verdad en los medios suele ser ya un deporte, cuando la han convertido en una mercancía. Y venden “su” verdad respondiendo a intereses específicos. Así tenemos, por ejemplo, la polarización mediática en torno a los intereses de un gobierno. Quienes tienen como objetivo golpear o beneficiar a un gobierno, a un partido, a una institución, a un cacique, etc. Lo hacen con las manos en la cintura. Cuando la comunicación se convierte en una mercancía que se vende al mejor postor, es sumamente dañina.
En una ocasión decía el papa Francisco en relación a los medios: “Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros –visibles e invisibles– que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades”. Pero también se necesitan medios de comunicación –ha dicho– “que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos; y a comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común”. Y a esto ha añadido otra necesidad más: “Necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos”.
Con el enfoque del bien común, los medios no pueden ni ocultar ni distorsionar la verdad, porque se desnaturalizan a sí mismos. Tienen una responsabilidad social que no pueden eludir, si es que se respetan a sí mismos. En estos años, muchos comunicadores han dado la vida por cumplir cabalmente su misión en situaciones de alto riesgo. Pero no han faltado quienes se han convertido en mercaderes de mentiras a medias.
Eso de “hablar bien de Aca” que algunos grupos empresariales nos han propuesto, no es solución. Tampoco funciona la maledicencia mediática. El periodismo de investigación ha hecho mucho bien al país, y eso esperamos que suceda ahora entre nosotros. Aunque duela a algunos que vean tocados sus intereses. La verdad es siempre una condición necesaria para la paz que tanto anhelamos, aquí y en todas partes.