Con suma preocupación constatamos cómo los sectores duros del gobierno federal se empeñan en defender a ultranza y de forma perversa la verdad histórica que fabricó el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien tuvo como su operador técnico al director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, sobre los hechos trágicos de Iguala.
A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidenció en su informe preliminar las graves fallas de esta investigación y echó por la borda la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, se sigue golpeando a los estudiantes con filtraciones que pretenden desprestigiar su lucha, colocándolos como parte de la urdimbre delincuencial  que  impera en Guerrero.
Por la vía de los hechos el informe del GIEI, elaborado con rigor metodológico y bases científicas, no ha sido asumido ni asimilado en toda su dimensión por las altas esferas del poder, por el contrario, han asumido una postura de torpedear su trabajo por diferentes medios. Buscan, por encima de todo,  mantener vigente su versión fabricada de  que la movilización de los estudiantes respondía a intereses del crimen organizado. En realidad a las cúpulas políticas no les interesa atender las recomendaciones y los planteamientos puntuales que han emitido las y los expertos sobre las nuevas líneas de investigación que deben priorizarse. Prevalece más bien una postura cerrada de no ceder más espacios para que los expertos tengan mejores condiciones para participar en todo el proceso de la investigación y coadyuvar de la mejor manera. Ha sido una lucha muy fuerte para lograr que la investigación salga de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada (SEIDO) y sea trasladada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Fue hasta este 5 de noviembre cuando se logró que los expedientes fueran transferidos a  las oficinas del subprocurador Eber Betanzos, para dar inicio a la nueva etapa de las investigaciones bajo las directrices del Grupo de Expertos.
Es importante recordar que el 19 de octubre pasado, los representantes del Estado Mexicano firmaron en Washington un acuerdo con el GIEI donde se establece una segunda fase de trabajo para avanzar en las líneas de investigación planteadas en su informe y ser coadyuvantes  con el nuevo equipo de investigadores.
Resulta preocupante que la difícil construcción de esta ruta de trabajo consensada y avalada por los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos y la misma comunidad estudiantil, quiera ser descarrilada por los grupos de poder que se aferran a criminalizar el movimiento de los normalistas y se obstinan en minar su legitimidad y su fuerza arremetiendo contra ellos. No es casual que en los últimos días, cuando se sacó la investigación de la SEIDO hayan arreciado las filtraciones en los medios oficialistas para seguir como cuchillito de palo golpeando a los estudiantes con la cantaleta de la delincuencia organizada.
Ha quedado más que probado por el Grupo de Expertos que la toma de autobuses que realizaron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 respondió a un plan de acción asumido por  la Federación Estudiantil de Campesinos Socialistas de México (FECSM),  con el fin expreso de participar en la marcha del 2 de octubre, que se llevaría a cabo en la Ciudad de México. La forma como se desplazaron los estudiantes y decidieron trasladarse a la ciudad de Iguala, responde a una práctica muy arraigada para hacerse de unidades de servicio público que le faciliten realizar sus traslados a los lugares  acordados.
La cerrazón que se mantiene a toda costa dentro de los ámbitos del poder político militar que se especializan en monitorear de cerca los pasos de los normalistas y demás organizaciones sociales, que asumen una postura clara de continuar con las protestas para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, están prestos para reprimir cualquier manifestación o acción que cuestiona  a las autoridades por su complicidad con el crimen organizado.
En nuestro estado, bastaron dos semanas para que el gobernador Héctor Astudillo se abriera de capa y mostrara su adhesión incondicional con el núcleo duro del poder de la oligarquía que cataloga a los estudiantes como un gran peligro para la estabilidad política del estado. Su postura no difiere de quienes siguen tratando a los normalistas como vándalos y que ven en su lucha legitima movimientos que responde a intereses oscuros.
Con lo que sucedió el miércoles 11 de noviembre salió a relucir la animadversión del gobernador contra los normalistas de Ayotzinapa. Sus policías de negro historial arremetieron brutalmente contra ellos como si fueran los delincuentes más peligrosos del estado.
Repitió la fórmula vetusta de los gobiernos caciquiles que de manera recurrente usan la fuerza policial para contener a quienes emprenden acciones que interpelan al poder. Se puso al descubierto la manera cómo el nuevo gobierno quiere hacer realidad su eslogan de un Guerrero con orden y  paz. El orden pretende imponerlo con policías estatales adiestrados para cometer barbaridades con toletazos, gases lacrimógenos, puñetazos, pedradas, patadas y balazos.
Es el preludio de un gobierno que aplicará a pie juntillas la política de seguridad dictada por la federación y comandada por un general del Ejército, para imponer a sangre y fuego la paz de un sistema que criminaliza la protesta social y trata como delincuentes consumados a los estudiantes pobres que exigen verdad y justicia.
La alta tensión social que enfrentamos en Guerrero no está para calentar más la hoguera de la violencia, atizándola con toletes y gases lacrimógenos contra los estudiantes que luchan al lado de los padres y madres de los 43 desaparecidos.
Ante un estado convulsionado por las malas acciones de los gobernantes, las autoridades  son reticentes para atender los reclamos legítimos de la sociedad. No hay disposición para desmontar la estructura delincuencial que se yergue impoluta en este mar de iniquidades. Esta nueva administración no parece tener los arrojos para dar un golpe de timón a las posturas de mano dura y de complicidad con los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos. No hay voluntad política para asumir con decisión nuevas maneras de atender la alta conflictividad social que está desbordando los márgenes de una legalidad inoperante e injusta. No hay capacidad política para atender en su justa dimensión la situación convulsa que vive el estado y que hunde sus raíces en los pésimos gobiernos que hemos padecido los guerrerenses que nos sumieron en el fango en la violencia y la corrupción institucionalizadas. La crisis de gobernabilidad la incubaron las mismas autoridades con sus malas actuaciones, su displicencia, su ineptitud, corrupción, charlatanería y colusión con el crimen organizado.
Varios de los actuales gobernantes que se rasgan las vestiduras, al ver cómo expresa la sociedad su malestar y su ira, son parte del problema, porque dejaron crecer los conflictos, se desentendieron de la población más pobre y se dedicaron a urdir negocios ilícitos desquiciando las instituciones y violentando ellos mismos el estado de derecho.
Más que acciones policiacas que se abalanzan con todo contra los estudiantes que se movilizan, se requiere implementar un plan estratégico que se avoque a atender las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH y la ONU, que han señalado que la crisis de derechos humanos es estructural y que requiere de una transformación de fondo de las instituciones, una depuración profunda de los actores gubernamentales que se cobijan dentro del aparato de gobierno para delinquir y un ataque frontal a la corrupción y la impunidad que implica investigar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El nuevo gobierno tiene que entender que el origen de esta crisis de ingobernabilidad tuvo un origen endógeno y que por lo mismo, es desde dentro de estas instancias es donde primero se debe poner orden, se debe llamar a cuentas a los perpetradores y acabar con los cotos de poder, los cacicazgos y las castas privilegiadas e intocables. Son varias de esas autoridades que han sido responsables de que policías y militares hayan empuñado sus armas para asesinar a campesinos, indígenas, estudiantes y maestros, y en lugar de que hayan sido investigados y juzgados por estos crímenes, con gran cinismo se ostentan como  guardianes del orden.
Hay un agravio profundo a las víctimas de los caídos y desaparecidos que no encuentran respuestas a sus hondos reclamos. Se simula atención pero en verdad no hay compromiso para acabar con tanta impunidad y amainar el dolor de las familias que sufren y se enfrentan solos la monstruosidad de un gobierno hostil y gansteril.
Contrario al uso excesivo de la fuerza que el gobierno utiliza contra los normalistas de Ayotzinapa, la violencia perpetrada por los grupos del crimen organizado se enseñorea y parece más bien erigirse en el poder fáctico que impone su norma sanguinaria de cobrar  vidas diariamente en todos los rincones del estado. Se mata con la seguridad de que las autoridades no implementarán acciones que impidan la consumación de hechos sangrientos. Los perpetradores saben muy bien que los guardianes del orden no acudirán al momento de los hechos para auxiliar a la población ni para hacerles frente. Lo peor de todo es que nunca dan con el paradero de los autores materiales. La mayoría  de los asesinatos se cometen con total impunidad y se realizan en cualquier lugar y hora. Los agresores saben muy bien el modus operandi de los militares y policías que reaccionan tardíamente y solo lo hacen para  cubrir las apariencias y hacer el recuento de los caídos.
Es inconcebible creer que ante el incremento de la violencia las autoridades no cuenten con una radiografía detallada de los actores armados; de los grupos delincuenciales, de su ubicación, sus redes, su área de influencia, armamento, vehículos, celulares, identidad de sus miembros, formas de operar, casas de seguridad, escondites. Si lo saben, quiere decir que son cómplices o que trabajan para dos amos. No se percibe que haya un trabajo de inteligencia y un uso adecuado de la tecnología de punta para combatir con eficacia el crimen. Los recursos financieros que se destinan para seguridad pública son utilizados para otros fines que en la mayoría de las ocasiones terminan en negocios particulares. No hay personal especializado para estos trabajos de inteligencia, prevalece más bien la improvisación, la complicidad, la cooptación y la supeditación de los funcionarios a las fuerzas del crimen.
En Guerrero no habrá orden ni paz para los ciudadanos y ciudadanas mientras se mantenga esta estrategia de criminalización y el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes normalistas que claman justicia y exigen la presentación de sus 43 compañeros desaparecidos. Mucho menos habrá orden y paz si se mantienen intocados los intereses caciquiles dentro del aparato gubernamental y se protege la red de complicidades con el crimen organizado. No habrá orden ni paz en Guerrero si no se atienden las recomendaciones de las instancias internacionales de derechos humanos, y sobre todo si no se cumplen con los compromisos asumidos con el GIEI de atender otras líneas de investigación y llamar a cuentas a las autoridades civiles y militares que en mayor o menor medida tuvieron alguna participación en la desaparición y muerte de los normalistas.