DE NORTE A SUR

Tal vez la cualidad más grande que tiene internet es la libertad, por eso mismo es un contrasentido que se piense regular por un gobierno como si se tratase de una concesión oficial: una radio o una televisora. En realidad sería un desastre que el gobierno mexicano –o cualquier otro que presuma de ser medianamente democrático– intente decidir sobre los contenidos que se publican en internet y en las redes sociales. Nadie puede estar a favor de ello.
El debate surge en México después de las tremendas críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado a Facebook y sobre todo a Twitter, al que acusó incluso de tener un integrante del PAN en un puesto directivo. Twitter tuvo que salir a lamentar las declaraciones del presidente y a decir que el manejo de la red social no se realizaba por una sola persona.
Pero más tarde, junto con la ola, apareció el senador de Morena, Ricardo Monreal, a poner a discusión la regulación de las redes sociales. Por ser el líder de la facción mayoritaria en el Senado, su propuesta levantó las alertas entre ciudadanos, académicos y periodistas.
El tsunami electoral de 2018 se ha convertido en un torbellino político permanente: pasamos de los ataques diarios a la prensa en las conferencias mañaneras, al intento por eliminar órganos autónomos, a la condicionante de ser liberal o conservador, a estás conmigo o contra mí y, ahora, a querer controlar el espacio más libre del debate público: internet.
Por eso, el 11 de febrero pasado Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con decenas de organizaciones civiles y particulares emitieron un comunicado donde expresaron su preocupación por la propuesta del legislador morenista, y cercano colaborador de López Obrador.
La iniciativa de Monreal para la “regulación de redes sociales”, advirtieron, presenta múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, “las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital”.
En el comunicado expusieron, también, que bajo el pretexto de combatir la censura privada, la iniciativa abre las puertas a la censura estatal, al exigir que las plataformas digitales cuenten con políticas y procedimientos expeditos para censurar.
De forma vaga la propuesta de Monreal plantea “eliminar la difusión de mensajes de odio”, “evitar la propagación de noticias falsas” y “proteger los datos personales”. Esto preocupa a las y los activistas porque podría generar una eliminación indiscriminada de contenidos legítimos que están protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión.
Fue tal el rechazo que el propio López Obrador se pronunció en contra de la regulación de las redes y, de esta manera, se detuvo –al menos por un tiempo– el avance de la iniciativa en el Senado.
Y si bien –reitero– que no es nada deseable una regulación oficial de las redes sociales ni de internet, sobre todo en materia de contenidos, es cierto que existe poco o nulo debate en México sobre los beneficios y perjuicios de Facebook, Twitter, Google, Instagram, Tik-Tok, WhatsApp, Telegram, etcétera. Pareciera que las amamos tanto que no les vemos defectos, como si todo ese poder económico y geopolítico lo hubiésemos simplificado en una selfie eterna, en un like adorable, un me encanta de ensueño, un me importa enternecedor, un baile fantástico, un chiste espontáneo o un retuit solidario.
No se habla –hablamos– de los daños y el poder que hay detrás de los emporios de las redes sociales, y eso tiene que cambiar. No hablamos de las campañas negras pagadas en Facebook para atacar a activistas, políticos o periodistas. No analizamos la adicción y depresión que causan estas redes y el modelo planeado para generar ese consumo intenso.
Empecemos por quitarnos esa idea de que una empresa privada no puede ser llamada a cuentas por sus usuarios. Esa visión aún se mantiene en México, pero en Europa e incluso en Estados Unidos eso está cambiando. Si una empresa privada realiza un daño a la sociedad debe ser observada y criticada particularmente por los usuarios afectados.
Vale recordar que en 2018 Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, fue llamado a comparecer en el Senado de Estados Unidos por el indebido uso electoral de datos de 87 millones de usuarios de su red social por parte de Cambdrige Analítica.
Me encantaría ver a los directivos de Facebook, Twitter, Google, Instagram en México participar en foros públicos, en mesas redondas, en sesiones de trabajo donde se aborden tanto los beneficios como los perjuicios que generan sus empresas.
En Australia se debate una iniciativa de ley para que Facebook y Google paguen a medios por las noticias que ahí se publican. Esto provocó que Facebook reaccionara con un “apagón de noticias” de su red social, lo que fue considerado como arrogante por algunos políticos de ese país. En Francia también ha habido regulaciones contra los mensajes de odio publicados en redes sociales, y les da un plazo de 24 horas para retirarlos.
Si no queremos que el debate lo controle el gobierno mexicano porque dudamos de su buena intención y creemos que puede caer en la tentación de la censura, entonces impulsemos el debate nosotros como sociedad civil. Hablemos de esto, analicemos nuestras redes sociales y exijamos la rendición de cuentas y cambios que nos merecemos. Si no, le dejaremos la cancha libre al gobierno federal.