¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

De entrada, como Gobernador Moral de Guerrero, afirmo que no fue la mejor solución el haberle otorgado marco legal constitucional a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública nacional. Tema que la Constitución consagraba de exclusiva responsabilidad del ámbito civil de los gobiernos. Aun cuando será ahora, dicha intervención legal “por tan solo seis años”.
Si los gobiernos civiles no pudieron darle al pueblo mexicano lo mínimo suficiente para llevar una existencia digna, decorosa y pacífica; es a ellos a quienes debemos de enjuiciar por lo mal que han gobernado a México durante muchas décadas; aupando y prohijando a una delincuencia organizada que hoy, cual Frankenstein, se muestra detentadora del poder sobre las vidas y haciendas en importantes territorios de la nación. Gozando de una impunidad que nos patentiza la impotencia e incompetencia de las sucesivas administraciones federales para detenerla. Aunado a la complicidad corrupta como medio para penetrar a los gobiernos civiles y a las Fuerzas Armadas en los últimos 25 años.
El Ejército mexicano de tiempo atrás y bajo la égida de buenos comandantes militares, diseñaron una estrategia militar de carácter constitucional de apoyo al pueblo en casos coyunturales de desastres naturales. En territorios delimitados y por tiempos definidos: el muy apreciado “Plan DN-III”. No veo por qué ahora no se pueda implementar otra estrategia coyuntural, exprofeso, para abatir el narcotráfico y sus otros pingües negocios ilícitos, que ensangrientan y asesinan a lo mejor de nuestra reserva social.
En ese tenor y contexto, bien pudieron, el presidente AMLO, legisladores federales y algunos estatales, delinear y aprobar una estrategia de combate al delito organizado en territorios focalizados que acusan circunstancialmente gran vulnerabilidad. Pero no; se fueron por el camino fácil de tirar el agua pútrida y corrompida –que ellos mismos cultivaron como clase gobernante y luego no pudieron desaguar– “con todo y tina; y con el niño adentro”. Se va a dejar en la orfandad presupuestal la posibilidad de que los estados de la república cuenten con una estructura local eficaz de seguridad pública.
Si hay algún estado de la República que ha sufrido y sabe de los horrores y terrores que causa entre la población civil un Ejército mal comandado en épocas no beligerantes, es Guerrero.
Hemos sufrido tiempos indignos, miserables, de atropellos y exterminio humanos que, bajo el amparo de sus uniformes el Ejército configuró. A título de ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre “La Guerra Sucia” en Guerrero (elaborado por Hilda Navarrete Gorjón, et al), se da cuenta documentada de testimonios de múltiples violaciones castrenses a los derechos humanos, cometidos en el decenio de 1969-1979 en la región de la Costa Grande, principalmente.
Desapariciones forzadas de individuos, lo mismo que desplazamientos sociales involuntarios, ejecuciones extrajudiciales, fosas y sepultamientos clandestinos, aprehensiones arbitrarias, torturas, tratos crueles, violaciones degradantes, indignas e inhumanas a mujeres y niñas, cercos permanentes de control de movilidad de personas y de abastecimientos alimentarios de pueblos rurales; exterminio de comunidades enteras; realización de vuelos militares criminales hacia mar adentro para arrojar cuerpos de personas; son de las principales atrocidades cometidas en el plan militar, “La Telaraña”, ordenado por el Presidente de la República y ejecutado por el Secretario de la Defensa Nacional, de aquél entonces.
No vengan ahora a decirnos de las bondades de la participación legal de las Fuerzas Armadas en tareas de índole civil en Guerrero; que no sean las contempladas por el Plan DN-III. La traición constitucional, recién aprobada, a iniciativa del presidente AMLO y aprobada, con ciertos matices, por la mayoría de los legisladores federales, principalmente de Morena, del PRI, PRD y de ciertas legislaturas locales, es el reconocimiento oficial de la negligencia, incapacidad, ineficiencia y complicidad mostrada por los diversos gobiernos y la clase política mediocre que nos rigen desde décadas atrás. Insisto: es a los malos gobernantes, políticos y comandantes militares que hemos padecido en los últimos 50 años, a quienes debemos someter a juicio popular.
Tengamos siempre presente lo que nos enseña la historia, nacional y universal: meter lo militar permanentemente en lo que es de competencia civil, deviene cercenar la vida, conculcar la libertad, abolir la democracia y anular la paz y el progreso humano. Que cada cual se coloque en el lugar que le corresponde en la escritura de nuestra historia patria.
PD. Sobre la farsa institucional, para el desarrollo social y económico de la recién decretada “Octava Región de Guerrero”, como Gobernador Moral de Guerrero, suscribo las reflexiones del dirigente social mezcalero de la Sierra, Adán Coria Farfán, publicadas en El Sur (31/octubre/2022). Es toda una quimera demagógica, por falta real de erario público, en estos tiempos económicos, tratar de iniciar el esfuerzo con obras y acciones de verdadero impacto social transformador. Al tiempo.