Con un abrazo solidario para Francisco Garfias.

En la clausura del sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, varias organizaciones no gubernamentales hicieron diversas críticas al comportamiento de las instituciones encargadas de combatir el crimen, lo que por supuesto tocó a las corporaciones policiacas y a las fuerzas armadas.
En respuesta, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los críticos pretenden “desmoronar (sic), descalificar, especialmente a los miembros de las fuerzas armadas”, pues a juicio del mandatario se escuchan más las voces de la sociedad civil que condenan, critican y hacen bullying sobre el trabajo de las instituciones del Estado mexicano.
Bullying, para decirlo en el idioma grato a los oídos oficiales “is unwanted, aggressive behavior among school aged children that involves a real or perceived power imbalance”. Por extensión, el término ya no sólo se aplica a niños y jóvenes, sino a cualquier persona que sufre del comportamiento agresivo de su entorno.
De ahí lo desmesurado del dicho presidencial. Todas las instituciones, y por supuesto quienes las integran, especialmente aquellos que las encabezan, están y deben estar sometidas a la crítica ciudadana. Es un supuesto de cualquier democracia y resulta inaceptable tomar la crítica como pretexto para el desaliento o la inacción, de ahí que resulte fuera de lugar decir que “nadie sale a hablar por ellas –por las fuerzas armadas–, nadie sale a defenderlas ni respalda el trabajo de las policías”.
Lo cierto es que el Ejército y la Marina cuentan cada vez con mayor simpatía popular, y no es casual, pues en la guerra civil que irresponsablemente desató Felipe Calderón, han sido precisamente esas instituciones las que llevan la carga más pesada. Esa simpatía la puede confirmar cualquier persona que esté verdaderamente en contacto con los sectores populares.
Desde los nefastos días del panista Felipe Calderón, el gobierno federal puso al Ejército y a la Marina a realizar tareas que constitucionalmente les son ajenas. Las fuerzas armadas no están para hacerla de gendarmes, y a eso lamentablemente las han reducido. Pese a todo, nuestros soldados y marinos han respondido con disciplina, con patriotismo y con entrega, frecuentemente a costa de su vida.
Por supuesto, cuando corporaciones creadas con otro fin cumplen tareas que son ajenas a su función, ocurren excesos, errores y hasta delitos, pero no son la norma. Otra cosa es el trabajo de las corporaciones policiacas, pues ahí han fallado las autoridades, que hasta ahora han sido incapaces de constituir cuerpos disciplinados, capaces y honestos.
Aun así, cada vez que se presenta una actuación heroica de nuestros uniformados, cada vez que se cumple cabalmente con las responsabilidades que conlleva la placa respectiva, muchos ciudadanos nos sentimos orgullosos de ese comportamiento y quisiéramos ver premiado ese desempeño, porque más allá del mero deber cumplido está el alto ejemplo de valor y lealtad con la ciudadanía.
De modo que lejos estamos de condenar a nuestras fuerzas armadas, que a diferencia de las que padecen otros países de Latinoamérica, tienen un origen popular. El viejo ejército porfiriano, elitista y germanófilo fue derrotado cabalmente y desapareció para dejar su lugar al ejército popular formado y forjado en la lid revolucionaria.
Muchos mexicanos queremos, sí, que nuestros soldados y marinos vuelvan a sus cuarteles y que las corporaciones policiacas se hagan cargo de las tareas que les corresponden. Para eso se requiere contar con policías aptos, bien elegidos y mejor entrenados, valientes y con plena conciencia de sus deberes ante la sociedad.
Pero contar con policías eficientes requiere, además de una indispensable y buena preparación específica, unas condiciones de vida que ahora, en su inmensa mayoría no tienen nuestros uniformados. Si se han de mantener los niveles salariales de hoy, lo recomendable es crear para ellos centros habitacionales situados en sus áreas de trabajo, dotarlos de vivienda barata y hasta gratuita, centros deportivos y recreativos, así como lavanderías y comedores colectivos que impliquen una mejora sustancial para ellos y sus familias, que ante el riesgo de perderlo todo contribuirán a evitar los actos deshonestos. Cuesta dinero, sí, pero no mucho. Lo que se requiere es voluntad de los altos funcionarios, que, por desgracia, no suelen predicar con ejemplo.