EL-SUR

Lunes 27 de Junio de 2022

Guerrero, México

Opinión

No odiar a los partidos

Jorge Zepeda Patterson

Agosto 13, 2005

Este artículo no mitigará la pena de Jorge Castañeda o de Víctor González Torres, el Dr. Simi, luego de que la Suprema Corte decidió que no habrá candidaturas ciudadanas. El primero pierde una cruzada meritoria y esforzada de año y medio tratando de despertar conciencias; el segundo sólo pierde la fortuna que invirtió para convertir su rostro en parte de la geografía nacional (ningún candidato ha gastado más dinero hasta ahora que el Dr. Simi).

Más allá de que ambos carecían de posibilidades reales de ganar la elección en julio de 2006, la decisión de la Suprema Corte cierra el paso a los ciudadanos y convierte a los partidos en puentes imprescindibles para alcanzar el poder. No es una decisión muy popular, si consideramos que la reputación de los institutos políticos se encuentra en su punto más bajo quizá en la historia del país.

No parece haber muchas razones para amar a los partidos. Han ganado su mala fama a pulso. En los últimos años todos ellos han sido multados por el IFE por una variedad de razones que en última instancia remiten a la deshonestidad. Se caracterizan por estar manejados por grupos cerrados que se perpetúan y canibalizan continuamente. Su desempeño en tareas legislativas ha sido desastroso al grado de ser responsables en gran medida de la parálisis en materia de reformas y presupuestos.

En fin, han mostrado mucho más inclinación a buscar ganancias partisanas y mezquinas en cada coyuntura que en buscar el beneficio del país. Y ahora resulta que sólo a través de ellos los ciudadanos pueden aspirar a la Presidencia. No parece ser una buena resolución. Y sin embargo lo es, por varias razones.

Primera. Los partidos son tan malos como la quimioterapia, pero las opciones parecen peores. En la sociedad de masas es absurdo creer que eliminando a los partidos los mejores ciudadanos llegarán a los puestos de poder por simple virtud de sus méritos. En realidad, los que lleguen lo harán gracias a los poderes de facto (el poder del dinero), a los organismos corporativos, al mercado mediático o a los movimientos de masas coyunturales. Un proceso electoral basado en personas y su imagen mediática ofrece todos los riesgos para el encumbramiento del caudillismo, el triunfo de la frivolidad del carisma fabricado o simplemente la dictadura electoral de los grupos de poder.

Segundo. Esclarecer el financiamiento de las campañas y en general de los partidos se ha convertido en un dolor de cabeza. Y sin embargo cada vez se avanza más en materia de control o, por lo menos, de denuncia de irregularidades. En el caso de candidaturas ciudadanas el tema del financiamiento se convertiría en la peor de las pesadillas. ¿Cuánto ha gastado el Dr. Simi de su propio dinero? ¿Cómo diferenciar la campaña política, de la campaña de publicidad de Farmacias Similares deducible de impuestos? ¿Cómo evitar convertir el proceso electoral en una subasta prisionera del mejor postor, del candidato más rico?

Tercero. Por más desdibujadas que estén las banderas ideológicas y programáticas de los partidos políticos, éstos siguen constituyendo marcos de referencia para ubicar la adscripción de un candidato a una visión de mundo o a una concepción ideológica. Sé que este es un argumento endeble por las muchísimas excepciones, una cobija con tantos huecos que constituye un trapo deshilachado. Pero en una campaña centrada en ciudadanos ni siquiera trapos habría.

Grosso modo sabemos que el PAN es un partido que ostenta posiciones conservadoras; la mayor parte del gabinete procede de la iniciativa privada (y algunos de la derecha ideológica) y difícilmente podría decirse que el de Fox fue el gobierno de los pobres. Por su parte, el PRD es un partido de centro-izquierda y como tal sostiene posiciones asociadas a intereses populares y aspira a la preeminencia de un Estado con capacidad de regulación sobre el mercado. La definición del PRI sigue siendo un misterio. En resumen, no es mucho para tomar decisiones, pero es mejor que nada.

Cuarto. Si bien los candidatos ciudadanos a las cámaras de Senadores y Diputados han ofrecido un aporte fresco y en ocasiones lúcido a los debates, sería imposible llegar a acuerdos en un recinto parlamentario formado por ciudadanos individuales. Pronto estarían agrupados en torno de caudillos o de fracciones de interés (de hecho así nacieron los partidos políticos). Por más que los partidos hayan actuado con tanta irresponsabilidad en la actual Legislatura, siguen siendo la única manera práctica de alcanzar consensos políticos.

Quinto. Si bien nos hemos concentrado en las tareas relativas al proceso electoral, los partidos cumplen otras funciones. Siguen siendo el mejor mecanismo para articular la oposición y las demandas sociales de una manera institucional.

Así pues, estamos condenados a vivir con ellos. Si son imprescindibles tendríamos que hacer algo urgente para mejorarlos.

Así como fuimos capaces de construir un IFE, habría que encontrar la manera de hacer de los partidos verdaderos puentes entre la vida social y la vida política. Ello significaría mayor injerencia de la ciudadanía en la reglamentación, transparencia, organización, financiamiento y responsabilidades de los partidos para que verdaderamente sean instituciones públicas.

Es necesario que los partidos ostenten una definición clara de su carga programática y que reflejen mejor a cuál “sujeto social” intentan representar. No es posible pensar una sociedad democrática sin partidos fuertes, representativos y claramente discernibles uno del otro. Para ello es imprescindible establecer los controles públicos que aseguren la democracia interna y la capacidad técnica.

Por más que parezca atractiva la opción “ciudadana”, no es posible encontrar salida por vía del carisma, las encuestas de opinión, la fortuna personal o el caudillismo. Estamos atados al sistema de partidos. Si hay que vivir con ellos, sólo nos queda transformarlos.

Economista y sociólogo.

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