La soberanía popular reside en cada una y cada uno de sus representantes, como depositarios del mandato popular surgido del sufragio, para hacer mejores leyes, para hacer mejor a las leyes vigentes, vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y mantener la coordinación constitucional con los poderes Ejecutivo y Judicial y órdenes de gobierno, para el bien y la prosperidad del estado.
Para que nuestra entidad pueda lograr el desarrollo integral, inclusivo y sostenible, necesita mayor fortaleza institucional a fin de entregar mejores resultados a los guerrerenses.
Signo de la historia del Sur ha sido la inestabilidad política, de la cual la violencia es indeseable compañera.
Desde el gobierno de Francisco Figueroa Mata en 1918, hasta el del doctor Rogelio Ortega Martínez en 2015, hemos tenido 32 gobernadores en un lapso de 97 años, con periodo promedio de tres años con 11 días por cada uno. ¿Qué políticas de fondo, con visión de futuro, pudieron aplicarse con esa fragilidad institucional?
Pero la nuestra no es una sociedad ingobernable. Hemos sido los convidados de piedra del desarrollo, los olvidados históricos de la Federación.
Si clasificamos como el tercer estado de la República en condiciones de pobreza, no hay mucho que analizar para saber del abandono en que se ha tenido al Sur.
Somos consecuencia de una realidad en la que ha primado la pobreza, la desigualdad y la extracción de sus recursos sin aliviar las necesidades de los guerrerenses.
Se han tocado las puertas del Centro de muchas maneras con modestos resultados.
Somos un pueblo subsidiado a través de programas asistencialistas y por la obtención de recursos debido a la presión de particulares, gremios y organizaciones sociales.
La nuestra es una sociedad inconforme pero no uniforme. En su pluralidad se expresa el disenso, inherente al régimen democrático.
Incluso, la protesta social voluntarista, que atenta contra la paz pública, daña la economía y es onerosa para el gasto público, es objeto de atención y diálogo. Este es un gobierno de acuerdos, no de represión. No provocamos conflictos ni los deseamos. El conflicto marcha en sentido opuesto al interés del estado.
Es un fenómeno global el achicamiento del Estado, que sufre embestidas de los poderes fácticos. Vivimos “la sensación de que el mundo gira sin control”, afirma Pankaj Mishra.
La violencia y la globalización son nuestros mayores desafíos. Hoy, lo local es global y lo global es local, ya que igualmente al comercio son globales la tecnología de la información –que ha hecho un riesgo de los datos personales– y el crimen organizado.
Pertenecemos al mundo aunque el mundo no sea nuestro. Y en nuestra sociedad la igualdad será cada vez mas lejana sin la corresponsabilidad y el compromiso que nos ponga al día.
Que se reforme todo lo reformable en tanto se mantenga el objetivo central de fortalecer el Estado de derecho, que es el único garante de la justicia, la seguridad y, por lo tanto, de la protección de los bienes y la integridad de las personas.
No hagamos que la democracia se vuelva contra sí misma, porque de ser así le habremos arrebatado a la gente hasta la mínima esperanza, aquella que se cuela como una luz por la rendija del ánimo colectivo.
Corresponde a la mayoría parlamentaria la obtención de consensos y facilitar el debate con razón y verdad, para que los acuerdos atiendan el interés general.
La aplicación de la mayoría es el recurso que ha otorgado el sufragio, sin olvidar que el ciudadano también dispuso la representación de la minoría, cuya voz es legítima y otorga legitimidad.
No quememos pólvora en infiernitos. Evitemos la radicalización para no caer en la “política mínima” que destruye a la sociedad, como invita a reflexionar Juan Carlos Monedero.
Somos optimistas con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su mirada al Sur, al que tantas veces ha visitado, abre una esperanza con certidumbre.