La escalada del conflicto magisterial está llegando a un punto de quiebre con el desalojo violento  de los maestros y maestras de Oaxaca, quienes desde el 6 de junio tenían tomado el inmueble del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), para demandar la instalación de una mesa de diálogo. Las recientes detenciones de los profesores Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de organización de la sección 22  y Rubén Núñez Ginés, secretario general de la misma sección con sede en Oaxaca, son acciones claras del endurecimiento del gobierno federal y de su cerrazón para dialogar. Está privilegiando el uso de la fuerza para doblegar la resistencia del magisterio disidente. Esta etapa de confrontación está siendo combinada con el uso faccioso de la ley para criminalizar y encarcelar a  los líderes de la Coordinadora Nacio-nal  de Trabajadores de la Educa-ción (CNTE), con el fin de contener y diezmar su movimiento.
La embestida inició este sábado por la tarde, cuando fuerzas especiales de la Policía Federal detuvieron en Tehuantepec, Oaxaca al profesor Francisco Villalobos, acusado de robo de libros de textos gratuitos de la SEP, entre otros delitos. Como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad, esa misma noche fue trasladado al estado de Sonora, a un centro federal de readaptación social (Cefereso), para negarle el derecho a tener una defensa adecuada y a establecer contacto directo con sus familiares y personas de confianza. Mientras las autoridades penitenciarias operaban su traslado, más de mil policías se parapetaban alrededor del IEEPO para atacar en tres frentes y desalojar con gases lacrimógenos y pedradas a las y los maestros que dignamente protestaban por la detención de su compañero.
La madrugada del domingo el profesor Rubén Núñez dirigente de la CNTE fue interceptado por personas civiles que se trasladaban en tres camionetas, para obligarlo a descender del taxi en que viajaba con otro compañero. Sin decirle el motivo de su detención,  lo subieron a una de las tres camionetas para interrogarlo. Lo trasladaron junto con su compañero al aeropuerto internacional, sin que lo pusieran a disposición de las autoridades competentes. Por la noche la PGR informó que el profesor Rubén Núñez había sido detenido por el delito de lavado de dinero por más de 132 millones de pesos y trasladado a Hermosillo Sonora, donde se encuentra  su compañero Francisco. Mientras tanto, los líderes de la CNTE advirtieron que pese a la aprehensión del secretario general y del secretario de Organización de la sección 22 y a la amenaza de la PGR de que cumplimentará otras órdenes de aprehensión contra varios profesores de la CNTE, las movilizaciones continuarán en todo el país y intensificarán sus protestas.
Para Aurelio Nuño,  el Secretario de Educación Pública (SEP) la reforma educativa es irreversible, y por lo mismo, el diálogo no forma parte de negociación alguna mientras los maestros y maestras no regresen a sus estados a clases y se alineen a las directrices del nuevo marco constitucional. Esta postura hermética e intolerante ha llevado al terreno de  la confrontación, porque se ha demarcado un conflicto donde las autoridades educativas han echado mano de las fuerzas represivas del Estado para pelear contra los maestros y maestras disidentes. Estamos ante un campo de batalla donde el secretario de Educación se ha asumido como el samurai que defiende a capa y espada su reforma y  declara públicamente la guerra a los maestros y maestras que no han tenido otra alternativa que salir  a las calles para impedir que la reforma avance. No sólo empiezan a dictarse los ceses de maestros y maestras en varios estados de la república, sino que se empiezan a ejecutar órdenes de aprehensión que fueron previamente armadas, para que en el momento oportuno procedan penalmente contra los líderes más visibles de la CNTE y exhibirlos ante los medios como si fueran grandes delincuentes.
La decisión está tomada desde las altas esferas del poder. Se ha impuesto la línea dura que le apuesta a sofocar las protestas con el uso de la fuerza y con el encarcelamientos de los dirigentes para atemorizar a la base magisterial y dispersar su movimiento. El gran riesgo que corre la autoridad es no valorar en su justa dimensión el tamaño del problema; de no sopesar su fuerza y la capacidad de resistencia del magisterio. Creer sin un análisis más riguroso que el movimiento no representa una amenaza real para la gobernabilidad.
No es saludable descalificar sistemáticamente a la CNTE por su postura crítica y combativa e ignorar que es un movimiento legítimo, que tiene arraigo y que sus raíces nacieron de la lucha contra la corrupción de sus líderes ligados a un sistema político-clientelar. Desde hace 36 años se propusieron combatir  el charrismo sindical y el uso faccioso y partidario de la educación. No nacieron para proteger privilegios y mantener una estructura corporativa nutrida por la corrupción. Adquirieron fuerza en la medida que democratizaban la vida sindical y se abrían  a la sociedad para generar procesos de reflexión y enseñanza a partir de la realidad que enfrentan los padres y madres de familia.
No sólo  la lucha en la calle  es el sello de identidad de la CNTE. También hace uso de todos los recursos legales y de la interlocución política para garantizar a todos los mexicanos y mexicanas  una educación pública, laica y gratuita, y al mismo tiempo,  defender los derechos de las y los trabajadores de la educación. Estas demandas centrales forman parte del gran movimiento democratizador  que en nuestro país lucha contra el autoritarismo y las políticas que atentan contra los derechos fundamentales de la población pobre. A cambio, la CNTE ha reivindicado la participación de la sociedad y de los mismos trabajadores en la construcción del nuevo rumbo que requiere  nuestro país y del nuevo modelo educativo que demanda el pueblo de México. Cuestiona públicamente los lineamientos que ha impuesto la Organización para la Cooperación y el Desarro-llo Económico (OCDE) al gobierno de México, porque es la principal responsable  del conflicto que ahora ha colocado a las maestras y maestros que se oponen a la reforma educativa como potenciales candidatos a ser cesados de su trabajo y a correr el riesgo de ir a las cárceles por ejercer su derecho a la protesta y emplazar a las autoridades al diálogo.
Esta sorda confrontación ha obligado a los maestros y maestras a tender puentes, a buscar la interlocución con los diputados y senadores. Las mismas marchas y protestas están orientadas a abrir los canales de diálogo, porque lo que quiere el magisterio es ser escuchado. Necesita ser tomado en cuenta, atender y entender sus razones y argumentos. Saber que también tienen propuestas y que necesitan ser tomadas en cuenta. Se requiere disposición y voluntad política para colocar las razones de las y los maestros no fuera del margen de la interlocución legítima, sino dentro de los actores centrales de la reforma, porque sin ellos y ellas, sin su creatividad y sus propuestas, la reforma educativa quedará circunscrita al ámbito meramente punitivo.
La narrativa de las maestras y maestros en lucha es muy significativa, porque nos muestra su estado de ánimo y su postura firme y clara: “Actualmente los maestros y maestras que estamos en resistencia contra la evaluación, estamos hartas, cansadas, abrumadas del acoso laboral. En esta amenaza persistente, de que perderemos el empleo si no nos presentamos al examen, las autoridades perversamente utilizan nuestros correos electrónicos o usan el telegrama para notificarnos del examen. También llegan hasta nuestros domicilios para obligarnos a firmar la documentación que nos llevan. Lo peor fue en la segunda quincena de mayo cuando condicionaron el pago de nuestro cheque a cambio de que firmáramos la notificación y la recepción de la documentación. Hasta el salario nos lo quieren quitar con tal de someternos y amedrentarnos. Eso ya no es tolerable. Más bien indigna y nos obliga a pelear con más coraje contra la reforma que quiere desaparecernos como trabajadoras con plenos derechos.”
En esta lucha desigual el gobierno federal ha cerrado el puño para no sólo golpear a las y los maestros, sino a iniciar la persecución y el encarcelamiento. Parece no haber funcionarios  dentro del gabinete  que les hagan recordar a quienes toman las decisiones, que la CNTE no es la primera vez que enfrenta un conflicto de esta envergadura. Que más bien ha lidiado con varios presidentes de la República y se ha mantenido fuerte y firme en sus posturas. Que a pesar de la persecución no logran amedrentarlos mucho menos hacerlos  desistir de su lucha, por el contrario, adquieren mayor legitimidad y apoyo de la población. Su causa tiene arraigo y no es por objetivos mezquinos. Tiene que ver con el tipo de ciudadano y ciudadana que queremos formar para el futuro. Puede que sus luchas no convenzan a ciertos sectores de la población, pero las razones justas por las que pelean están demostradas a lo largo de su historia. Por eso existen y por eso siguen contando con el respaldo de la población.
Tenemos que plantear a las autoridades que ante la complejidad de los problemas que enfrentamos en el país, no pueden labrar un solo camino para impulsar las reformas que no surgieron con el respaldo popular. Tienen que abrirse a la sociedad y construir otras formas de interlocución para distender el ambiente que está sobrecalentándose. Hay la necesidad de cambiar la estrategia porque la que aplican nos está llevando al desfiladero de la confrontación. No se puede mantener una postura cerrada cuando amplios sectores de la sociedad demandan diálogo para poder avanzar en esta ruta de las reformas.  Es importan reiterar a las autoridades que no se empecinen en sus posiciones irreconciliables, porque corren el riesgo de repetir historias que lamentablemente han tenido costos políticos y sociales muy altos. ¡No se equivoquen! Urge abrir el diálogo con la CNTE.