La tarde del domingo 23 de enero fue hallado en su vehículo el cuerpo sin vida de la periodista Lourdes Maldonado; tenía heridas de arma de fuego. El asesinato ocurrió en el fraccionamiento Las Villas. Una vez más en Tijuana.
En menos de una semana la ciudad fronteriza ha sumado dos asesinatos de periodistas: apenas el lunes 17 de enero el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a tiros delante de su casa en la colonia Camino Verde. Pero en México son tres ya en los primeros días del 2022: José Luis Gamboa Arenas, director del portal Inforegio, fue asesinado el pasado 10 de enero en el puerto de Veracruz.
Tan sólo el viernes pasado Lourdes Maldonado había propuesto la creación de un concurso en conmemoración de su colega Margarito Martínez Esquivel. Eso ocurrió en la glorieta de Las Tijeras de Tijuana, durante la vigilia con compañeros periodistas y sociedad civil en demanda de justicia para Margarito.
Como documenta el Semanario Zeta de Baja California, hace apenas unos días la periodista dio a conocer que, tras nueve años, había ganado un laudo laboral por despido injustificado contra una empresa propiedad del morenista exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
No sería el primer caso en el presente sexenio en donde existe el antecedente de un comunicador o comunicadora asesinado tras haber confrontado o puesto en entredicho el poder de uno de los llamados súper delegados del presidente Andrés Manuel López Obrador (ideados por él y aprobados por el Congreso para ser sus gestores de programas sociales y, en los hechos, operadores electorales con cheques en blanco para ejercer el poder en las entidades federativas).
Jaime Bonilla ocupaba el cargo de súper delegado en 2019, cuando ya estaba interpuesto el laudo laboral en su contra por Lourdes Maldonado. Hace apenas cuatro días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó el embargo mercantil de la empresa Media Sport de México, SA de CV, propiedad de Bonilla, como resultado de la demanda.
El cargo de súper delegado sirvió a Bonilla de platarforma política para hacerse con la gubernatura (con duración de sólo dos años, aunque intentó sin éxito extender a seis).
El comunicador Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDT) y del Congreso Nacional Indígena, había denunciado el impacto ambiental que representaría construir una planta energética en Morelos como parte de un megaproyecto insignia de Felipe Calderón abrazado ahora por López Obrador: el Proyecto Integral Morelos. Samir fue asesinado el 20 de febrero del 2019 en su domicilio, tres días antes de la realización de la consulta impuesta por AMLO en Morelos y unos días antes de ser señalado en público por el presidente como parte de un grupo de “radicales” que se oponían a la construcción. Hugo Eric Flores, del partido cristiano ultra conservador Encuentro Social, fue el ungido en esa entidad como súper delegado. El pasado 5 de enero en Oaxtepec, Morelos, apareció una narcomanta dirigida al gobernador Cuauhtémoc Blanco en la que se insinúa el vínculo entre el entonces súper delegado de la 4T y el asesinato del comunicador y defensor del territorio Samir Flores.
Al momento de su asesinato, Lourdes Maldonado se encontraba bajo el protocolo de protección a periodistas del gobierno federal, como muchos de los 28 periodistas que han corrido la misma suerte que ella durante los tres años de la actual administración federal. Una vez más, el mecanismo demuestra ser no sólo inútil, sino que, más aún, pone en duda la connivencia de autoridades y crimen organizado.
Lourdes Maldonado es la doceava mujer periodista asesinada desde 2005. A ellas se suman tres mujeres periodistas más que están desaparecidas. Tan sólo en los primeros tres años de gobierno de AMLO han sido asesinadas tres mujeres periodistas. La primera de ellas fue Norma Sarabia, del semanario Chontalpa de Tabasco, el 11 de junio de 2019. Le siguió el asesinato de María Elena Ferral, de El Diario de Xalapa, el 30 de marzo de 2020 en Veracruz. Y hoy el terror, la injusticia y la desidia cómplice de los tres niveles de gobierno se repiten en el caso de Lourdes Maldonado.
“Vengo a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”, fue lo que le dijo Lourdes a López Obrador en una de las conferencias matutinas hace tres años en Palacio Nacional. Hoy, su llamado personal y extensivo al gremio de comunicadores de México –cuya labor es la más riesgosa en todo el mundo–, se convirtió en un llamado de desesperación más, una vida más, de los que el poder ha desoído.
Los portadores de la verdad están siendo asesinados sistemáticamente ante la mirada cómplice de los gobiernos que se asumen como adalides de una transformación moral de la vida pública. Porque es justamente la verdad lo último que a esos adalides, en su borrachera narcisista, les interesa escuchar.
¿Cuántas y cuántos más?