El tamaño de la herida es gigantesco, mayor de lo que se pueda pensar. A propósito del segundo aniversario de la tragedia de Iguala que dejó un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, alumnos de la Normal de Ayotzinapa, es necesario poner de relieve esa gran herida abierta y que está afectando directamente a más de 27 mil familias de desaparecidos a lo largo y ancho del país. Seguro que es esta una de las heridas más dolorosas que el país tiene que soportar. La lucha de los padres de los 43 normalistas que tiene, al menos, tres componentes: jurídico, político y social, ha sido la punta de lanza para la exigencia de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y ha contribuido a la visibilización nacional e internacional de este flagelo tan doloroso para el país.
Este hecho no disminuye la lucha de más de dos centenares de colectivos de familiares de desaparecidos que, desde hace varios años han desarrollado esfuerzos decisivos para que el Estado se haga responsable de la suerte de los desaparecidos en México. Servicios para la Paz (Serapaz) ha jugado un papel muy importante para la construcción de una red nacional de organizaciones de familiares de desaparecidos, las que han empujado las reformas a la Ley General de Víctimas y la creación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, que tiene que responder específicamente a la problemática que sufren los familiares de desaparecidos cuando emprenden su búsqueda.
Hay que reconocer, por otra parte, que hay una multitud de familiares de desaparecidos en el país que aún no se han organizado para buscarlos por diversas razones, entre ellas, por miedo, por desconfianza, por dispersión o por condiciones económicas de supervivencia.
Esta significativa movilización social protagonizada por las familias de los desaparecidos en todo el país es altamente esperanzadora y, a mi juicio, es lo mejor del movimiento social que se está desarrollando en México porque su causa no sólo son sus desaparecidos sino todos los desaparecidos del país. Además, no se conforman con que aparezcan sino que plantean una transformación profunda del país en el sentido de que haya condiciones para que ya no haya más desaparecidos.
En efecto, las desapariciones, las aproximadamente 27 mil, tienen causas estructurales. El tamaño de esta herida solamente puede explicarse a partir de la disfunción de las instituciones públicas, muchas de ellas, podridas en la corrupción y en la indiferencia ante el dolor que corre a lo largo y ancho del país. La larga historia de complicidades de instituciones del poder público, que se manifestó en Iguala hace dos años, ha alimentado el desarrollo de las desapariciones de personas y debe ser intervenida. Y por si esto fuera poco, hay en la sociedad una generalizada actitud de apatía y, aún, de criminalización que las familias de los desaparecidos tienen que soportar.
Hoy que conmemoramos a los 43 normalistas desaparecidos y por quienes hay que alzar la voz, es oportuno gritar también por todos los demás, por cada uno de ellos, por la historia de cada familia que sobrevive con un lugar vacío en su hogar. Además de estar ante un asunto político que reprocha al Estado su responsabilidad, estamos ante un asunto humanitario que requiere de compasión y de solidaridad.