El último mes del 2020 trajo noticias buenas, regulares y malas para los trabajadores. Empecemos por la buena: la legislación del teletrabajo. Lo más importante fue la adición del capítulo XII bis que define a este tipo de labores como un trabajo subordinado, con obligaciones para el patrón que antes no se habían reconocido, siempre y cuando se lleve a cabo por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en un lugar distinto al establecimiento del patrón y ocupe más del 40% de la jornada regular. Establece, mediante un contrato por escrito, la obligación del empleador para la entrega, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios; el pago de los costos de los servicios de telecomunicación; la parte proporcional de electricidad que ésta consuma; y que se respetará el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Aunque el problema va a residir en su cumplimiento, es un marco legal que ayudará a evitar abusos como el alargamiento de las jornadas de trabajo y que los costos del uso de las tecnologías recaigan solamente en los empleados.
Regular, en cambio puede calificarse el aumento al salario mínimo propuesto por el presidente, un 15%, cuando en realidad debió haber sido de al menos 20% según diversos estudios. Si consideramos los tres incrementos conseguidos bajo la administración actual, da un total agregado de 60.3% nominal (sin considerar la inflación) de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Una cifra alentadora. Todavía no se llega a recuperar todo lo perdido desde 1977-78 pero se sigue en el camino ascendente, lo cual es muy positivo. Argumentando las dificultades económicas de este año, la Coparmex propuso apenas un 10%. Esperemos, que, al menos, el monto sugerido por el presidente sea finalmente aceptado.
También hubo malas noticias. Las reformas al sistema de pensiones son un error y tendrán que ser revisadas muy pronto. Mantienen un sistema de administración privada con cuentas individuales que depende de los rendimientos y comisiones de las Afores. Tal sistema ha demostrado ser insuficiente y costoso para los trabajadores y el gobierno y, en cambio, muy rentable para los grandes consorcios financieros. Los cambios positivos, la reducción de las semanas de cotización, se otorgaron gracias a aumentos considerables de las aportaciones patronales y del costo fiscal (entre 2023 y 2030). Ambos incrementos serán insostenibles en el mediano y largo plazo. Los empresarios muy probablemente pedirán una revisión más tarde o más temprano; y el gobierno no podrá sostener las erogaciones presupuestales. Esto último se confirmó en una nota elaborada por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) que, aunque sin muchas precisiones, da entender que el costo fiscal podría multiplicarse hasta 15 veces en el largo plazo.
Se trata de una reforma que busca solucionar un problema mayúsculo. La transición de diez años y la aplicación de las nuevas tasas hasta 2023 puede dar la idea de que las reformas serán sustentables en ese futuro no muy lejano. Sin embargo, todos los estudios conocidos han planteado que la recuperación económica no va a llegar para entonces y que resarcir lo perdido ocupará un plazo mayor. Si, además, se sigue manteniendo la línea de cero endeudamiento y cero impuestos, la presión a las finanzas públicas no será soportable.
Las reformas carecieron de un estudio serio (al menos público) de los impactos que tendrán sobre los salarios, el empleo, el crecimiento y los presupuestos del gobierno. Este silencio puede deberse a que se trató de una reforma apoyada en una negociación política sin proyecciones confiables basadas en datos duros. Los administradores de las Afores aseguraron el manejo de un negocio de miles de millones de pesos y ofrecieron, a cambio, obligaciones muy difíciles de cumplir. El gobierno dejó que éstos elaboraran las reformas para deshacerse del problema y dejarlo a la próxima administración. Ninguna de las dos partes actuó responsablemente. Ya lo veremos.
La otra mala noticia, aunque ésta podría tener solución, fue el anuncio de que se postergará la aprobación de las reformas a la subcontratación. La presión patronal tuvo éxito y con la promesa de portarse bien en los próximos meses sus representantes no sólo lograron evitar la votación del proyecto sino también meter en la agenda otro tema, completamente distinto, el reparto de utilidades. Fue una negociación favorable para los magnates. En cambio, para el gobierno, el aplazamiento puede ser el preludio de una derrota.
Aun así, hubo organizaciones empresariales que se opusieron al acuerdo, sabiendo que no las compromete en realidad a nada y, más bien, con la intención de aumentar la presión para que definitivamente se olvide completamente el asunto. Es difícil que se llegue a este extremo, pero lo será más que los términos originales de la iniciativa presidencial se mantengan.
Los empresarios insistieron en que los tiempos actuales no permiten “acabar con la subcontratación”; ello es falso porque la iniciativa del gobierno no propone semejante cosa. Tampoco es la verdadera razón. El fondo del problema es mantener un sistema que les permite eludir la formación de sindicatos, la contratación colectiva (con las prestaciones que pudieran pactarse) y lo que ellos llaman la flexibilidad laboral que en realidad se traduce en la posibilidad de contratar trabajadores por tiempo limitado y en jornadas discontinuas, ahorrándose costos como indemnizaciones, aguinaldos, vacaciones y otros beneficios.
Todas las estadísticas conocidas o estudios avalados por una institución académica como el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana o la UNAM coinciden en que el personal subcontratado forma parte del segmento más desprotegido de los asalariados. Son los que reciben los peores ingresos y prácticamente ninguno tiene un sindicato o un contrato colectivo. Son los trabajadores más excluidos de un mercado de trabajo altamente excluyente.
Por ello, cuando hablan con la verdad, los empresarios nacionales y extranjeros defensores de la subcontratación, se refieren a ella como una “ventaja comparativa”, es decir, mano de obra muy barata para atraer capitales y empresas extranjeras. Así lo dijo, con esa franqueza, el Sr. Larry Rubin, desconociendo que el T-MEC contiene un marco regulatorio del trabajo en México que no se ajusta a esas condiciones y que fue uno de los motivos para que el Sr. Trump propusiera la revisión del viejo TLCAN.
Quizás no debería sorprendernos la incongruencia, falta de responsabilidad y la ausencia de solidaridad de los empresarios principalmente de aquellos de mayor tamaño, que son los que hablan en las conferencias y boletines de prensa, con los trabajadores. Olvidan que éstos se llevan menos de un 30% del ingreso nacional mientras que las ganancias se quedan con el resto.
Lo que puede llamar más la atención es la conducta del gobierno. Más allá de los méritos que pueden adjudicarse como el aumento sostenido de los salarios mínimos: ¿para qué elaborar una propuesta para regular la subcontratación, argumentarla contundentemente y después dejarla en el congelador navideño? ¿Por qué regalar a los grandes capitales financieros una reforma al sistema de pensiones cuando había otros caminos más responsables y menos costosos para las finanzas públicas? Si, efectivamente el plan consiste en otorgar toda la confianza en los mercados para salir de la crisis y lograr la recuperación económica; seguir achicando al gobierno federal; y reducir casi al mínimo la rectoría económica del Estado, quizás las cosas adquieran sentido. Pero no se ajustan a un discurso, a un compromiso y un origen que todavía se defiende. La distancia entre los hechos y una retórica que va por otro lado no podrá extenderse por mucho tiempo. Mientras tanto, dejamos a los lectores de El Sur nuestros mejores deseos para estas celebraciones navideñas y el próximo 2021, suplicando se respeten todas las medidas para evitar más contagios y enfermos por coronavirus.

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