Tras los actos que se han generado en los últimos días en Guerrero —homicidios, actos violentos, la renuncia del subprocurador de Procedimientos Penales y la comparecencia de los secretarios general de Gobierno, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del procurador general de Justicia frente a los diputados— cabe preguntarnos cuál es el rumbo que la procuración de justicia, seguridad pública y protección a los derechos humanos están tomando en nuestro estado.

Sin duda, se debe empezar por reconocer que existe un problema serio en la materia para atacarlo. Las declaraciones del secretario de Gobierno, frente a la Comisión Permanente del Congreso del Estado y de las comisiones conjuntas de Gobierno, Seguridad y Justicia, asegurando que “no estamos en una situación extrema como en algunos estados del norte del país, como Tamaulipas y Monterrey”, no sólo se contradice con lo que reconoce el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana: “no cuentan con un sistema de información delincuencial, porque no existe desde la administración anterior”, sino que además resulta inexacto según algunas cifras proporcionadas por organizaciones como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, quien ubica a Guerrero en tercer lugar en materia de secuestro a nivel nacional, después del Distrito Federal, el Estado de México, y por encima de Chihuahua.

Pero el lugar que ocupa Guerrero a nivel nacional e incluso internacional es un referente que nos da una idea de una situación más general, pero no debe ser el único indicador a tomar en cuenta para medir la gravedad del asunto. Los actos delincuenciales, muchas veces cometidos por los propios funcionarios públicos, la impunidad en la que se mantienen la mayor parte de ellos y el clima de inseguridad creciente que percibe la ciudadanía son datos que hablan por sí mismos y hacen evidente la urgencia e inmediatez con la que debe ser atacada esta problemática.

La respuesta no necesariamente implica un mayor número de policías, armas y vehículos, menos aún la participación de los cuerpos militares en tareas de seguridad pública, ya que esto muchas veces, lejos de combatir el problema, contribuye a la profesionalización de la propia delincuencia y produce violaciones a los derechos fundamentales. Desde la óptica de los derechos humanos, la seguridad debe ser vista de una manera integral, entendiendo las causas multifactoriales que originan la inseguridad de la ciudadanía, tales como la pobreza y carencia de oportunidades laborales. Por ello existe la urgencia de que los derechos humanos sean plenamente reconocidos y respetados en un estado tan polarizado y empobrecido como Guerrero.

Preocupa cuando el responsable de la seguridad pública en Guerrero, el general retirado Salinas Altés, establece que “han platicado mucho entre militares y concluyen que su formación ha sido de adiestramiento en materia de seguridad pública, y no en lo militar porque el Ejército no participa en guerra”. En este rubro baste recordar la recomendación de la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias que solicita al estado mexicano que “logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o lucha contra el delito.”

No perdemos de vista que la presencia de grupos de delincuencia organizada responde no únicamente a las causas mencionadas con anterioridad, su existencia tiene que ver con la persistencia de la impunidad, derivada en muchas ocasiones de la corrupción de las autoridades. Por ello, resulta fundamental hacer una revisión a fondo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, para investigar y sancionar adecuadamente a los funcionarios responsables de cometer ilícitos. Es claro que la impunidad es lo que permite que dichos funcionarios continúen en posibilidades de delinquir, y que además exista una creciente desconfianza por parte de la ciudadanía en las instituciones.

Un claro ejemplo de lo anterior es el caso del subsecretario de Procedimientos Penales, quien renunció debido a las presiones de organizaciones y partidos políticos quienes fundadamente lo señalaron como responsable de cometer violaciones a los derechos humanos. Para que gradualmente se pueda recuperar una credibilidad en las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, Nogueda debería ser investigado, así como otros funcionarios.

Sirve para ejemplificar el tema de la desaparición forzada en donde por lo menos nueve casos han demostrado que es un método de persecución e investigación de los delitos que ha utilizado la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. Simplemente la recomendación 7/2005 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codheum) referente a la desaparición de Santana Poblete Nieves señala al anterior director de la Policía Ministerial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, como responsable, por cierto general brigadier retirado del Ejército, que aún permanece en la impunidad.

Es inolvidable la recomendación 19/2002 de la Codheum en la que se documentaron ocho casos de desaparición forzada y se establece la responsabilidad de 20 policías de la Procuraduría, entre ellos comandantes regionales y jefes de grupo de la policía ministerial, los cuáles en su mayoría permanecen en la impunidad y algunos incluso en funciones.

Estos y otros casos dan muestra del involucramiento de funcionarios en violaciones a los derechos humanos y establecen la imperante necesidad de hacer una revisión a fondo de las instituciones que no se limiten al reacomodo de funcionarios como hasta ahora se ha hecho al cambiar de plaza de adscripción a ministerios públicos y fiscales regionales.

Sin un sistema de justicia transparente y al servicio de la sociedad, difícilmente se podrá construir un Guerrero seguro, por ello resulta indispensable la creación de mecanismos de ascenso, promociones y sanciones claras al interior de la institución.