El proceso electoral de 2005 fue una experiencia inédita por la copiosa votación que obtuvo el actual gobernador emergido de un
partido de oposición que se identifica con las clases populares. Ciudadanos sin partido se sumaron a este movimiento con el
único fin de recuperar el poder enquistado en un partido de Estado que desmanteló y corrompió a nuestras instituciones,
dejando en el total abandono a los indígenas y campesinos. En este proceso democrático la gente de a pie le apostó con todo al
cambio, su generosidad no tuvo límites porque el horizonte de una verdadera democracia es más alto que cualquier bien
tangible.
Sin dimensionar las altas expectativas de la ciudadanía sobre el triunfo alcanzado por un partido de izquierda, el gobernador
optó por desmarcarse del PRD para conformar un equipo que le permitiera tener el control político sobre las decisiones
estratégicas que marcarían el rumbo del nuevo gobierno.
Entre los ciudadanos hubo desconcierto por el estilo que fue imprimiendo el nuevo gobernador a su relación con la sociedad civil
organizada. Mas allá de los nombramientos de algunos funcionarios cuestionados por su trayectoria, los ciudadanos esperaban
resultados, porque confiaba en la posibilidad de una transformación de las instituciones y en el modo de ejercer el poder público.
Fue un buen síntoma que al inicio del nuevo gobierno las organizaciones sociales abrieran un compás de espera para poder
establecer una interlocución con el Ejecutivo que abriera la puerta de la democracia participativa y se brindaran las facilidades
para poder abonar en una nueva relación de respeto, tolerancia y pluralidad que facilitara la resolución de conflictos sociales
añejos. Por desgracia las señales que llegaron a los ciudadanos que han forjado el nuevo escenario político en nuestro estado
fueron funestas porque desde la primera movilización que se dio en Coyuca de Benítez, a finales del 2005, se constató el sello
del Ejecutivo ante las movilizaciones y demandas sociales.
En el fondo de estas actuaciones existe una concepción reducida y prejuiciada sobre los movimientos sociales de las clases
explotadas. No se analizan las causas estructurales que dan origen a este tipo de acciones directas, que de realizan los diferentes
sectores de la sociedad como uno de los recursos legítimos para hacer visible sus demandas utilizando la presión social como
una medida emergente y legítima que haga posible y justiciable sus derechos básicos. La autoridad no parte de esta premisa de
la desigualdad social y de la injusticia ancestral de los que siempre han sido pobres, por el contrario fija su mirada en sus líderes
y revisa sus expedientes para poder extraer fichas de su vida personal, que pongan en entredicho la calidad moral de estos
luchadores y de este modo desviar la atención en cuestiones de intereses personales o de grupo. Con esta visión acotada,
simplista y hasta conspirativa, las autoridades actúan como jueces para desvirtuar y descalificar a los luchadores sociales
catalogándolos como lucradores.
Con la supuesta consolidación del nuevo grupo político que gobierna el estado, que tiene los hilos del poder en sus manos, ha
emprendido una ofensiva contra los adversarios políticos y los actores sociales y civiles incómodos. Se trata de imponer una
hegemonía política que allane el camino arisco para poder imponer un modo de gobierno a la usanza empresarial. Esta
percepción que tiene la nueva clase política sobre la solidez de su proyecto económico, al contar con el apoyo de las élites
económicas del país, del extranjero y del gobierno federal ha causado una crispación política entre la clase trabajadora. Con las
decisiones que ha tomado el gobierno de no escuchar ni atender las demandas de las organizaciones sociales es una muestra
palpable que se ha desmarcado del movimiento social que fue un factor determinante para lograr el lugar privilegiado que ahora
ocupa.
Queda claro que el poder omnímodo del Ejecutivo que ha podido domesticar a los demás poderes y al propio partido que lo llevó
al triunfo, es el principal capital político, que le da la seguridad para poder actuar de manera vertical contra las fuerzas sociales
que impugnan sus actuaciones. El uso de la fuerza y de la ley se ajustan a estos intereses, cargando sus baterías contra los que
se atreven a resquebrajar la nueva hegemonía política.
Poco importa a las autoridades el crecimiento de la protesta social, la multiplicación de manifestaciones públicas, en nada les
afecta el número de los que se movilizan, hay poco aprecio y respeto por lo que plantean, no se fijan en la prioridad y legitimidad
de sus demandas, sino que de forma policiaca se concentran en ubicar a los autores intelectuales de la protesta para integrarles
averiguaciones previas e imputarles delitos de índole político que no es otra cosa más que criminalizar el ejercicio legítimo de las
libertades fundamentales.
Con el nuevo gobierno se esperaba que las libertades de manifestación, organización y expresión serían la piedra angular con la
que se construirían las bases de una democracia participativa, teniendo como eje fundamental la cultura de los derechos
humanos. Por desgracia esto no es así, la nueva reingeniería institucional sigue cimentada en estructuras obsoletas propias de un
autoritarismo craso aderezado ahora con una visión empresarial. Se gobierna con el mismo timón de la antidemocracia y se
navega en dirección contraria a los intereses de las mayorías empobrecidas.
Las recientes órdenes de aprehensión contra los nuevos liderazgos que han emergido en esta coyuntura política en las diferentes
regiones del estado, como ha sucedido con Cándido Félix en La Montaña, David Valtierra en la Costa Chica, Nicolás Chávez y
Pedro Nava de la región Centro, los miembros del Cecop, los egresados de la Normal de Ayotzinapa, que pertenecen a varios
municipios de las costas y La Montaña, así como la reciente orden de aprehensión contra Cirino Plácido Valerio un líder
prominente de la Policía Comunitaria y del movimiento indígena nacional, aunado a las agresiones sistemáticas contra el
periódico El Sur, forman parte un escenario político donde el uso de la fuerza y la acción persecutoria son los sellos
sobresalientes que le dan identidad a un gobierno que ha declinado de asumir la responsabilidad de atender y resolver las
demandas de justicia, seguridad, desarrollo, equidad, democracia y solidaridad.
El periódico El Sur forma parte del capital social que los ciudadanos y ciudadanas hemos conquistado a pulso a través de la lucha
independiente y de la creación de espacios civiles orientados a fortalecer los procesos de democratización surgidos desde de las
voces silenciadas, discriminadas y ahora criminalizadas por el actual gobierno.
El Sur desde el prisma del derecho internacional y desde la visión de la ciudadanía ha sido un instrumento eficiente y confiable
para brindar una información veraz objetiva y profesional, sin ataduras con el poder político ni turbiedades con las élites
económicas. Un periodismo responsable y comprometido con las causas más nobles del pueblo de Guerrero. Hemos constatado
que no hay sesgo ni líneas partidistas, mucho menos concesiones o complacencias, con los gobiernos pasajeros.
Cultivar la libertad de expresión y ejercer la libre manifestación en Guerrero, en estos tiempos de un frívolo cambio de gobierno
lo estamos pagando a un costo muy alto para los hombres y mujeres que hemos hecho realidad el espíritu y la letra de los
derechos humanos universalmente reconocidos. La libertad de expresión jamás debe supeditarse o inclinar la cabeza a los
intereses de la clase política gobernante.
El Sur ya forma parte de la memoria intangible de la gesta heroica de los guerrerenses.