México vive momentos terribles de violencia contra las mujeres y niñas. El mandato constitucional de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia lo han incumplido los gobiernos. En nuestro estado la situación se ha agravado porque la violencia feminicida sigue cobrando muchas víctimas y lo más aborrecible son las acciones violentas que se han focalizado contra las niñas. Crece el ambiente de deshumanización y normalización de la violencia, que va aparejada con la inoperancia del sistema de justicia, que mantiene en la impunidad estos crímenes execrables. En las regiones indígenas como la Montaña, la vulnerabilidad de las mujeres se acrecienta ante la ausencia de las instituciones y el dominio que persiste sobre las mujeres ejerciendo de manera bárbara la violencia, como parte de las relaciones desiguales que se reproducen en nuestra sociedad. La crueldad con la que han truncado la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes funestos al interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es subordinarse. Cualquier osadía se paga con la vida.
El difícil camino de las mujeres violentadas para acceder a la justicia, a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que padecen; retardan las investigaciones, las maltratan, las discriminan y no les creen. Su palabra y testimonio no cuentan. La primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. No importa si el funcionario es mujer u hombre. La actitud es la misma. Se creía que, con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, porque se trata de falencias estructurales que no tienen que ver con el modelo procesal penal. Se requiere un servicio profesional de carrera con un perfil cimentado en los derechos humanos, con una perspectiva de género y una visión intercultural.
A nivel internacional existen varios instrumentos legales que obligan al Estado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Desde la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención de Belem Do Pará, pasando por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hasta las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVGM) son avances importantes que contribuyen a eliminar las relaciones desiguales y asimétricas entre el hombre y la mujer, y todas las formas de violencia contra ellas. Sin embargo, la implementación de estos instrumentos ha sido prácticamente nula. En primer lugar, porque los gobiernos reproducen una visión patriarcal en el ejercicio del poder, en la implementación de sus políticas y en la aplicación de la justica. La cultura machista se ha arraigado en todos los espacios públicos y los mismos funcionarios son parte de los actores que cosifican y mercantilizan a las mujeres.
En la Montaña existe una visión racista contra las mujeres indígenas, ocupan la escala social más baja dentro de las comunidades indígenas y sobre todo en las cabeceras municipales. Su situación de pobreza, su monolingüismo, su porte sencillo dan pie a tratos discriminatorios y abusos sistemáticos a nivel doméstico y en la sociedad más amplia. Su fragilidad es aprovechada por quienes se sienten con más poder y fuerza para someterlas. Algunas costumbres se han ido desvirtuando al limitar la libertad de las mujeres para decidir su estado civil, su deseo de estudiar, de ser partícipe en las decisiones de la comunidad, de ejercer la titularidad de las tierras y ser autoridad comunitaria o municipal.
Este contexto adverso contra las mujeres se torna más agresivo dentro de las instituciones gubernamentales. Cuando las mujeres logran liberarse de las ataduras del poder patriarcal y se deciden a interponer alguna denuncia ante la agencia del Ministerio Público, se topan con los mismos obstáculos machistas, porque no les creen y no les dan el respeto que merecen. La agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, que se ubica en la ciudad de Tlapa, no tiene la cercanía ni goza de la confianza de las mujeres. Persiste más bien esa experiencia traumática que existe en la ciudadana o ciudadano, cuando acuden a las agencias del Ministerio Público. De antemano saben que no les harán caso y en la atención habrá un trato despótico y hasta intimidatorio. Las mujeres para ser atendidas tienen que ir acompañada de algún abogado o abogada, de lo contrario tiene que “dar la mochada”, para que funcione el sistema.
Por otra parte, la falta de recursos humanos, materiales y financieros es recurrente. Son instituciones muy precarias, al grado que las ha vuelto permeables para vender al mejor postor la justicia. No cuenta con personal especializado para la atención exclusiva de las mujeres víctimas de violencia, y tampoco cuentan con peritos intérpretes en las lenguas indígenas. Estas limitaciones repercuten en la dilación para integrar las investigaciones. Para iniciar la carpeta de investigación, las agraviadas tienen que regresar en otra fecha, de lo contrario queda inconclusa su denuncia. La Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone que en los casos de violencia sexual el personal médico y psicológico que valore a la víctima debe ser mujer, sin embargo, esto no sucede ya que el personal que examina a las mujeres es del sexo masculino. Esto tiene como consecuencia que las mujeres ya no le den continuidad a la investigación, porque son exhibidas en los medios periodísticos locales, transcribiendo los hechos que han denunciado. Es casi como una sentencia de muerte, que en varias ocasiones el mismo agresor la consuma.
Los gobiernos municipales en la región de la Montaña, lejos de ser los garantes en la prevención de la violencia, protegen a los perpetradores. A menudo denigran a las mujeres y niñas, las discriminan y fomentan el odio hacia ellas, hacen escarnio de su situación de pobreza, marginación y el abandono en que se encuentran.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar los ataques que sufren las mujeres en todo el mundo y para exigir a los diferentes gobiernos medidas para combatirlos. Es importante recordar que, en esa fecha, pero en el año de 1960 las hermanas Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como Las Mariposas, fueron asesinadas por su actividad en la lucha a favor de la democracia y contra Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana.
Las tres hermanas y sus maridos fueron juzgados “por atentar contra la seguridad del Estado dominicano”. Ellos entraron a prisión y ellas quedaron libres. Sin embargo, un Escuadrón de la Muerte del Servicio de Inteligencia Militar, las secuestró y las trasladó a una casa de seguridad. Las tres mujeres murieron tras las brutales palizas de los sicarios del dictador, quienes intentaron disfrazar el terrible asesinato, fingiendo un accidente de tráfico. Dos décadas después el movimiento feminista en América Latina asumió esta fecha como emblemática para denunciar la violencia contra las mujeres en el mundo.
En México, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su informe sobre violencia contra las mujeres, de enero a agosto de 2020 se registraron 626 feminicidios, de los cuales 10 feminicidios ocurrieron en el estado de Guerrero. Por otra parte, se registraron mil 906 homicidios dolosos de mujeres en el país y 91 en nuestra entidad. Respecto a los casos de violencia familiar a nivel nacional se registraron 143 mil 784, de los cuales mil 925 ocurrieron en Guerrero. También se registraron 10 mil 702 casos de presuntos delitos de violación, de los cuales 214 se reportaron en el estado. Respecto a llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer a nivel nacional se registraron 178 mil 031, siendo 4 mil 272 de Guerrero.
Como Tlachinollan en lo que va de este 2020 hemos documentado 19 casos de muertes violentas de mujeres, y acompañamos siete casos de feminicidios. Contamos con un registro de 14 casos de agresiones sexuales y tres casos desaparición de mujeres en los municipios de Cochoapa El Grande y Zapotitlán Tablas.
Queremos resaltar que se han incrementado los casos de violencia contra niñas indígenas, sobre todo de 9 a 16 años, en varios casos los agresores son los propios padres o familiares cercanos. Las consecuencias son graves porque la víctima tiene que enfrentar a la misma familia, porque no cree en su palabra, máxime si se trata de una violación. En buena medida estos casos no han prosperado en el Ministerio Público porque las niñas difícilmente pueden llegar a Tlapa a interponer las denuncias.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia que las autoridades ni la misma sociedad se preocupan para erradicarla.
Contrario a lo que sucede con los fallecimientos que diariamente se registran a causa del Covid–19, que además es una cifra escandalosa porque hemos rebasado los 100 mil casos, no existen conferencias diarias que informen sobre los feminicidios que se cometen en nuestro país. No sólo no se contabiliza como parte de una tragedia nacional, sino que el aparato de justicia protege a los perpetradores, siguen libres cometiendo atrocidades. Es decir, que aquí no se necesitan vacunas, lo que se requiere es que funcione el sistema de justicia, que se proteja los derechos de las mujeres, que se castigue ejemplarmente a los feminicidas y también se finque responsabilidades a las autoridades que se prestan para encubrir estos delitos graves y se hacen cómplices al no tipificar adecuadamente los feminicidios.
Ante esta realidad que asfixia a las mujeres que están cercadas por los hombres violentos, este miércoles 25 de noviembre a las 11:00 horas se ha organizado un foro virtual denominado Nuestros cuerpos son sagrados. ¡Alto a la violencia feminicida!, para hacer público un problema que nos afecta como país y que interpela a las autoridades que no han hecho lo necesario para revertir la escalada feminicida.