Andrés Manuel López Obrador anunció que desaparecerán las direcciones de comunicación social y que su función se concentrará en una sola entidad. Sin llegar a tal extremo, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal prácticamente suprimió el presupuesto que manejaba la oficina de prensa y casi suplió sus funciones con la cotidiana conferencia mañanera.
Históricamente, la difusión del quehacer gubernamental ha tenido altas y bajas, abundantes páginas negras y algunos episodios luminosos. Durante la Colonia la prensa estuvo sometida a una severísima censura y ya en el México independiente, a partir del golpe de Estado de Anastasio Bustamante (1830-33), el gobierno, además de cerrar órganos opositores y apalear periodistas incómodos (Manuel Crescencio Rejón recibió una paliza), decidió otorgar subvenciones a los papeles públicos que le eran adeptos.
En 1833, durante el interinato de Valentín Gómez Farías, el Ejecutivo fue autorizado por la Legislatura federal para destinar hasta 30 mil pesos anuales a subsidiar periódicos “que rectifiquen los extravíos de la opinión pública”. Obsérvese que se asignaba a los órganos de prensa la triste función de “rectificar los extravíos de la opinión pública”, no los del gobierno.
A partir de entonces, las partidas de prensa se alternaban con las medidas represivas contra el periodismo. En el imperio de Maximiliano, un tal Domingo Ibarrondo echó a andar toda una política de medios e instauró lo que actualmente llamamos embute o chayote, pues se portaba generoso con los periodistas sobre todo extranjeros, a los que pagaba viajes y otras canonjías e incluso financió la apertura en Nueva York de una oficina destinada a proyectar una buena imagen del Habsburgo.
En el porfiriato, el dictador suspendió temporalmente las subvenciones que otorgaba a una treintena de impresos para concentrar esos recursos en El Imparcial, de Rafael Reyes Spíndola. El Partido Liberal, uno de los damnificados, en el editorial de despedida incluyó una penosa explicación no pedida, pues se dijo “periódico ministerial (que) pertenecía en todo y por todo al gobierno… destinado a defender la política del señor general Díaz de una manera incondicional y absoluta”.
Venustiano Carranza hizo fundar El Demócrata y El Universal, además de apoyar decididamente a Rafael Alducin para que apareciera Excélsior. El general Álvaro Obregón, siempre práctico, disparó sus famosos cañonazos de cincuenta mil pesos para amansar generales levantiscos y también para ganarse la simpatía de periódicos y periodistas.
Es durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho cuando su secretario de Gobernación, Miguel Alemán, convierte las oscuras e intrascendentes oficinas de prensa en lo que serían en lo sucesivo: verdaderas máquinas informativas y normativas, pues a partir de entonces se empezaron a emitir boletines de manera frecuente y hasta cotidiana, se pasó de las dádivas ocasionales a los reporteros a la apertura de las nóminas de chayotes y se hizo regular la inserción de anuncios institucionales con comisión para el reportero de la fuente. A lo anterior debe agregarse que PIPSA, monopolio del papel periódico creado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, decidía sobre la dotación de papel para cada diario y además existía la Unión de Voceadores, con poder para desaparecer un diario simplemente con no venderlo.
En ese marco transcurrió la relación entre el poder y los medios informativos hasta que en el último cuarto del siglo XX se fue desmoronando ese nexo del periodismo con el poder, empezaron a surgir diarios independientes y los tradicionales desaparecieron o se adaptaron a las nuevas condiciones.
La centralización que anunció López Obrador ocasionará una sensible baja en la información que interesa difundir a las instituciones y se verá severamente limitada la publicidad gubernamental que reciben los medios, lo que ocasionará quebrantos a las empresas y seguramente despidos, además de que se mandará al desempleo a miles de trabajadores de las oficinas de prensa, la mayoría de ellos sin base, por honorarios.
Por supuesto, no debe omitirse que se pretende acabar con las prácticas corruptas que propicia el agónico modelo de comunicación, pero un gobierno democrático requiere de un buen aparato de comunicación social. Quizá convenga abrir la discusión sobre un sistema nuevo que transparente el empleo de los recursos en materia de comunicación. ¿Será posible?