El tema de una nueva reforma electoral en México no aparece por el momento como una prioridad en la agenda legislativa nacional ni en las entidades federativas, pero ello no implica que sea un asunto de menor importancia en un cambio de régimen político y que desde el ámbito académico, desde las iniciativas ciudadanas, las organizaciones de profesionistas, los partidos políticos, las instituciones electorales y de gobierno se abra el debate sobre cuestiones relevantes de la conformación, organización y funcionamiento del poder político en nuestro país.
1.- La configuración de nuestras instituciones políticas y del sistema electoral mexicano se ha ido construyendo con parches legislativos coyunturales producto de la presión popular tomando en cuenta propuestas del sector académico, pero no hemos realizado una revisión y reforma integral.
La integración actual del Congreso de la Unión –Cámara Federal de Diputados y de Senadores– así como el sistema de elección ¿es lo más avanzado hasta donde podemos llegar? Como sabemos, en el caso de la Cámara Federal de Diputados, en 1963 se hizo una reforma para incorporar los diputados de partido para que la oposición tuviera legisladores con el 2.5 por ciento de la votación, luego en 1972 se disminuyó el porcentaje a 1.5 por ciento. Ante el ocaso del pluralismo político en 1976 en donde sólo hubo un candidato a la presidencia de la República se hizo la reforma política en 1977 para abrir el registro a otros partidos políticos e incorporar la representación proporcional (RP) en la Cámara Federal de Diputados, pero la inclusión de los legisladores de RP no se hizo dentro de las 300 curules existentes sino que se engrosó la Cámara pasando de 300 a 400 miembros, luego en 1986 se realizó otra reforma para aumentar cien diputados más de RP pero no dentro de los 400 que existían por lo que se volvió a engrosar la Cámara llegando a los 500 legisladores que actualmente existen.
2.- En el caso de la Cámara de Senadores, su esencia es ser una representación del federalismo, un órgano representativo de las entidades federadas, con un número igual independientemente del número de habitantes. Ante el sistema político autoritario antidemocrático y cerrado bajo el modo de elección de mayoría, relativa (MR), se abrió el Senado a lo que tenemos ahora: a dos senadores de MR y uno que se asigna al partido que obtiene el segundo lugar más una lista de RP de 28 senadores, por lo que pasamos de 64 a 128 senadores, electos bajo un sistema electoral hibrido, puesto que es una mezcla de modos de elección con tal de ir favoreciendo a las nomenclaturas partidistas pero desfigurando la naturaleza del Senado de la República como institución federal.
3.- Respecto a las instituciones electorales también se han realizado reformas coyunturales. En cuanto a la organización de elecciones tenemos a un Instituto Nacional Electoral con facultades para intervenir en elecciones locales y para designar a los Consejeros de institutos electorales de las entidades federativas lo cual contraviene el federalismo. Por otra parte, en elecciones concurrentes, el órgano nacional y los locales realizan actividades semejantes lo cual conlleva a una duplicidad de funciones. Es muy importante revisar si este modelo es el que más conviene en México. Respecto de la justicia electoral, es necesario analizar lo que subsiste hasta ahora en cuanto a los procedimientos jurisdiccionales en donde a veces se emiten resoluciones horas antes de la entrada en funciones de representantes populares y homogeneizar los criterios jurisprudenciales que sustentan los tribunales electorales que a veces se orientan más por decisiones políticas que por jurídicas, lo cual contraviene los principios constitucionales rectores de certeza, objetividad y legalidad.
4.- Todo cambio de régimen político –como el que esta ocurriendo ahora en México– conlleva necesariamente a una revisión profunda de las instituciones políticas en su conjunto. Bajo esta tesis es necesaria una reforma político-electoral integral que abarque a todos los poderes e instituciones del Estado. En el caso del Congreso de la Unión y Congresos de las entidades federativas se debe disminuir el número de integrantes para no tener una burocracia excesiva e improductiva; revisar el sistema electoral con dominante de mayoría relativa respecto del de representación proporcional y plantear uno mixto que refleje lo más aproximado de votos que se emiten en las urnas en curules; volver al sistema de senado con representación paritaria de los Estados; fortalecer al Poder Legislativo en sus funciones de control y explorar la posibilidad de dar paso a un régimen semi-parlamentario; afinar los procedimientos administrativos electorales de emisión del sufragio, la custodia de paquetes electorales, la introducción progresiva de voto y urnas electrónicas. En esencia una nueva reforma político-electoral debe conducirnos a un mejor funcionamiento de nuestra instituciones políticas y electorales que favorezcan la instauración y el arraigo de una cultura y un sistema democrático.

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