Si algo caracteriza a la actual administración es la proclividad a fabricar conflictos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aparece en las encuestas con índices altísimos de popularidad, esa materia volátil y peligrosa. El superlativo se explica porque resulta extraño que su aceptación ronde el 70 por ciento cuando la economía no crece, la delincuencia está apoderada del territorio nacional, la corrupción de algunos morenistas brota por todos lados y abundan los problemas sin solución a la vista.
Cuando perfectamente pudo procesarse una reforma por etapas y en momentos más oportunos, se optó por destruir sin miramientos el Poder Judicial e imponer una fraudulenta elección de jueces, magistrados y ministros, en la cual hubo una ínfima votación y ningún recato al ejecutar un concierto de acordeones al gusto de los sectores oficiales y de la delincuencia organizada, que ahora contará con tribunales a su servicio.
El afán de destruir instituciones reformables tiene en la lista al sistema electoral en su conjunto. No se conforma el morenismo con contar ya con mayoría en el INE y el Tribunal Electoral. No, ahora se trata de aplicar la barredora a esos órganos dizque para ahorrarse unos centavos, sino que se abre la puerta para proceder como en la elección judicial e imponer ya no a la mayoría, sino a la totalidad de los consejeros y magistrados.
Tan no existe la intención de ahorrar, que se ignoran los buenos servicios que ha proporcionado el Registro Federal de Electores, mismo que expide la credencial de elector, un documento confiable que tiene una variedad de usos que facilitan los trámites que debe realizar cualquier ciudadano. Pero hay que gastar, y ahora se anuncia oootro documento de identidad.
Anunciar una reforma electoral que desecha las mejores experiencias, que simplemente desprecia los logros de la lucha democrática de varias décadas y que, por añadidura, pretende suprimir los plurinominales, es, a todas luces, un atraco a la ciudadanía.
Para preparar esa reforma se formó ya un comité integrado únicamente por funcionarios de abierta filiación morenista. Dejaron fuera a consejeros y magistrados de los órganos electorales, los de ahora y sobre todo los de antes. Para colmo, ni siquiera invitaron a senadores y diputados para elegir representantes ante el citado comité. En esa tesitura, es explicable que en ese comité no figuren reresentantes de la oposición, ni siquiera de paleros como el PT o la Verdulería, aunque Ricardo Monreal ya advirtió que contar con los opositores era “lo más correcto y conveniente” para que la reforma sea consensuada.
Algo que anunció Claudia Sheinbaum y que resultaría plausible es reducir el número de legisladores. Es absurdo tener a 500 diputados, cuando diversos cálculos señalan que sólo 20 por ciento hace algún aporte. Los demás son levantadedos, nada más. En el Senado la cosa está peor, pues como parte de los enjuagues entre políticos se acordó crear los senadores de segunda mayoría, que son la cuarta parte, y en el colmo la otra cuarta parte es de plurinominales, cuando se supone que los senadores representan a las entidades federativas, no a los partidos.
En la feria de dislates hay otro que, de concretarse, lo pagaremos a un altísimo costo. Como se sabe, los diputados plurinominales representan partidos identificados por la ciudadanía, lo que no ocurre con los uninominales, quienes generalmente son desconocidos para los electores. Si quieren ahorrar, eliminen a los uninominales y dejen a los electores que escojan a los representantes de corrientes que más o menos les dicen algo.
Quizá los organismos electorales tengan que apretarse el cinturón, porque ciertamente su burocracia resulta muy costosa. Igualmente, no hay razón para subsidiar la vida cotidiana de los partidos, lo que sugiere darles recursos públicos sólo en época electoral y, de paso, suprimir otros tipos de financiamiento (gubernamental, de los narcos o de particulares), pues un partido debe sostenerse con las cuotas de sus integrantes. Y nada más.
Confiemos en que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y Pablo Gómez, veteranos probados y aprobados en las luchas democráticas, lleven por buen camino la reforma en cuestión.